Un grupo de economistas de primera fila acaba de publicar un trabajo que debería leerse en todos los ministerios de Europa, pero muy especialmente en las altas esferas del poder en España. El paper, firmado por Nicholas Bloom (Universidad de Stanford), Erica Groshen (Universidad de Cornell), y Duncan Hobbs y Michael Strain (American Enterprise Institute), lleva por título The Value of Reliable Statistics y acaba de circular como documento de trabajo del National Bureau of Economic Research (NBER). Su argumento central es simple: la confianza en las estadísticas y datos oficiales tiene un valor enorme en clave económica – y ese valor es perfectamente medible cuando alguien se encarga de destruirlo.
Los autores no hablan de juegos florales, sino que se centran en un caso real. El 1 de agosto de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió a la comisionada de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), la doctora en Economía, Erika McEntarfer, acusándola de haber "falseado las cifras de empleo" para favorecer a Kamala Harris en las elecciones de 2024. En sus redes sociales, Trump escribió: "en mi opinión, las cifras de hoy han sido Amañadas para hacer quedar mal a los republicanos, y a mí". No se presentó ninguna prueba de manipulación, pero el daño ya estaba hecho.
Los autores aprovechan este episodio como un experimento natural para medir algo que en condiciones normales es imposible cuantificar: el valor económico de tener estadísticas en las que la gente confía. La metodología es rigurosa, puesto que utilizan el Índice de Incertidumbre de Política Económica (EPU, por sus siglas en inglés), elaborado con frecuencia diaria a partir del escrutinio sistemático de grandes cabeceras de prensa estadounidense.
El trabajo aplica compara la semana anterior y posterior al despido… y el resultado es nítido. El índice EPU aumentó 126,8 puntos tras el despido, más de un 50% respecto a la semana anterior. De hecho, fue el quinto mayor aumento de los 482 registrados en torno a publicaciones de datos de empleo desde 1985, situándose en el percentil 99 de la distribución.
Los autores son cuidadosos y ajustan su estimación para aislar el efecto del despido de McEntarfer de otros dos factores que también movieron la incertidumbre ese mismo día: la publicación de una gran revisión a la baja del empleo (258.000 puestos menos en mayo y junio) y la dimisión ese mismo día de una alta cargo de la Reserva Federal, Adriana Kugler. Tras hacer estos ajustes, atribuyen a la politización del BLS en torno a 22 puntos de incremento.
Para traducir ese shock de incertidumbre en una evaluación de impacto económico, los autores utilizan estimaciones que ya habían realizado anteriormente, en este caso sobre los efectos macroeconómicos de los aumentos del EPU, según los cuales un descenso de más de 90 puntos traía consigo una caída del 6% en la inversión bruta, del 1,1% en la producción industrial o del 0,35% en el empleo.
Escalando esos efectos al aumento semanal estimado para el caso del despido de McEntarfer, y aplicándolos sobre el PIB nominal de Estados Unidos para el tercer trimestre de 2025 (31,1 billones de dólares), los autores obtienen una reducción de la actividad de aproximadamente 20.000 millones de dólares.
Frente a eso, el presupuesto anual del BLS en el ejercicio 2025 era de 704 millones de dólares. La ratio resultante es llamativa: cada dólar gastado en el BLS genera aproximadamente 25 dólares de beneficio económico, medido únicamente a través del canal de la confianza inversora. De hecho, los propios autores subrayan que esta estimación es conservadora, porque la pérdida de confianza fue solo marginal (los mercados siguieron operando con datos del BLS) y los beneficios totales del organismo van mucho más allá de reducir la incertidumbre, pues orientan decisiones de inversión empresarial, calibran las prestaciones de la Seguridad Social, informan las decisiones de la Reserva Federal. Así, un error de tan solo 0,1 puntos porcentuales en el IPC puede costar alrededor de 1.000 millones de dólares a los beneficiarios de la Seguridad Social o al Tesoro.
España: un problema aún peor
El caso estadounidense fue agudo, concentrado y medible. El español es más difuso, más prolongado en el tiempo y, precisamente por eso, más difícil de cuantificar, pero potencialmente más dañino. Repasemos algunos de los episodios más graves de los últimos años con el INE, el Banco de España o la AIReF.
- El INE y las presiones de Calviño. En junio de 2022, Juan Manuel Rodríguez Poo dimitió como presidente del INE alegando "motivos personales". Lo que trascendió fue diferente: según diversas fuentes, la entonces vicepresidenta económica Nadia Calviño mantuvo encuentros con él en un tono calificado como "impropio entre una vicepresidenta y un alto cargo público", cuestionando que los datos del PIB reflejaran con lentitud la recuperación económica. Los técnicos del INE se negaron a alterar sus cálculos y Rodríguez Poo, que se terminó plegando ante la insistencia de Calviño, habría perdido el respaldo de su propio equipo, de modo que dimitió.
No fue este el único movimiento problemático en el INE. La directora de Cuentas Nacionales, María Antonia Martínez Luengo, responsable directa de elaborar las cifras del PIB, acabó marchándose en 2024 justo antes de que el INE publicara una revisión al alza del PIB que redujo la ratio deuda/PIB en casi 3 puntos.
La propia Calviño reconoció en sus memorias haber considerado que el INE tenía "un problema con la metodología de estimación del PIB" y que mantenía "una fórmula de cálculo de la actividad muy inferior a la real". Que una ministra de Economía explique públicamente que llevaba años haciendo "verdaderos malabarismos" para no cuestionar en público al INE mientras lo presionaba en privado no es exactamente un argumento a favor de la independencia estadística.
La Asociación de Estadísticos Superiores del Estado (AESE) advirtió en su momento del peligro de poner en riesgo "el elevado crédito del que goza en estos momentos la estadística oficial de España, tanto ante nuestros socios de la Unión Europea como ante los propios usuarios".
- El Banco de España y el caso Gavilán. En mayo de 2025, Ángel Gavilán, director general de Economía del Banco de España y jefe de su prestigioso Servicio de Estudios, dimitió pocas horas después de presentar el Informe Anual 2024 de la institución, el primero firmado bajo el mandato del gobernador José Luis Escrivá, exministro del gobierno de Pedro Sánchez.
El informe tenía llamativas ausencias. Por primera vez en años, no contenía un estudio sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, que había sido una constante histórica en las publicaciones del Servicio de Estudios. José Luis Escrivá, antes de ser gobernador, había sido el ministro que diseñó la reforma de pensiones del Gobierno de Sánchez. Según fuentes cercanas al proceso, Escrivá habría rechazado el borrador original de Gavilán y encargó una versión modificada del mismo a dos altos cargos próximos a su gabinete, que habrían procedido a suprimir los apartados incómodos. El resultado fue un informe sensiblemente más breve que el de años anteriores, cuya publicación se retrasó casi un mes, y en el que se omitieron las evidentes críticas que debía recibir una reforma que ha agravado la insostenibilidad financiera de la Seguridad Social.
El propio Consejo de Gobierno del Banco de España reconoció, en un comunicado, que habían existido "sensibilidades diversas" respecto al enfoque del informe. Fue sin duda una formulación elegante para describir que el máximo órgano de la institución financiera más importante del país no fue capaz de publicar con normalidad su análisis anual de la economía española.
Gavilán se sumó así a una lista de dimisiones bajo el mandato de Escrivá que ya había alcanzado a otros altos cargos desde su llegada al Banco de España. El gobernador, recuérdese, llegó al cargo directamente desde el Consejo de Ministros, sin el periodo de carencia que sería deseable para garantizar su independencia respecto al Ejecutivo que lo nombró, de modo que la politización está en la misma raíz de su mandato.
- La AIReF, ¿siguiente asalto? La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha mantenido una mayor independencia que el INE o el Banco de España. Ha publicado previsiones que contradicen abiertamente las del gobierno y sus advertencias sobre la sostenibilidad del gasto en pensiones han resultado incómodas para Moncloa. Es sabido que la propia Comisión Europea ha solicitado un protocolo de colaboración para que la institución trabaje con mayor independencia, lo que sugiere que incluso desde Bruselas se observa con miedo la merma de la autonomía real del ente.
¿Cuánto le cuesta todo esto a España? Aplicar mecánicamente la metodología del paper de Bloom y sus coautores al caso español tiene limitaciones evidentes, que conviene explicitar antes que los datos. En EEUU hubo un evento discreto, bien datado, con un índice de incertidumbre que reaccionó de forma nítida y medible en cuestión de horas. En España los episodios son múltiples, graduales y se extienden a lo largo de años, lo que hace imposible aislar el efecto sobre el EPU con la misma precisión. Dicho esto, el ejercicio de orden de magnitud no carece de interés.
El PIB nominal de España en 2024 rondó los 1,5 billones de euros. El presupuesto combinado del INE, el Banco de España en su función estadística y la AIReF está en el entorno de los 400-500 millones de euros anuales. Si la ratio beneficio/coste de estas instituciones fuera incluso la mitad de la estimada por Bloom y sus colegas para el BLS —es decir, 12,5 euros de beneficio por cada euro de presupuesto, en lugar de 25—, el valor económico anual de mantener su credibilidad intacta se situaría en el entorno de los 5.000-6.000 millones de euros.
Naturalmente, no todo ese valor se destruye, puesto que incluso bajo presiones políticas, los organismos siguen funcionando, los mercados siguen operando con sus datos, las empresas siguen tomando decisiones con sus estimaciones. La erosión marginal es la clave del estudio publicado en Estados Unidos, que explica que, incluso si se da una pérdida parcial de confianza, ya se pueden perder miles de millones de dólares en términos de producción evaporada.
Así, si los episodios españoles han erosionado la credibilidad de nuestras instituciones estadísticas, el coste acumulado en términos de mayor incertidumbre para inversores, menor precisión en las decisiones de política económica y deterioro de la imagen internacional de la economía española podría ser perfectamente del orden de miles de millones de euros anuales, cifra que, como es lógico, supera con creces el coste de garantizar la independencia real de estos organismos.
Es importante no forzar el argumento más allá de lo que la evidencia permite. El documento en cuestión se centra en recalcar que la mera acusación lanzada por Trump, aunque sea infundada, tiene un coste económico real y cuantificable. El golpe a la confianza es, en sí, el daño.
Para el caso de España, conviene recalcar que la confianza no es binaria: se erosiona en gradientes, y cada episodio de presión política, cada dimisión inexplicada, cada informe que llega recortado deja una cicatriz. Habida cuenta de la parcialidad manifiesta que se observa en la información periodística de RTVE o los trabajos demoscópicos del CIS, lo ocurrido con el INE, el Banco de España o la AIReF no es cuestión menor.
La lección del estudio realizado en Estados Unidos es que esas cicatrices tienen precio. Y que ese precio lo pagan, en última instancia, los agentes productivos, en forma de mayor incertidumbre para las empresas, una mayor prima de riesgo para los ahorradores que compran deuda pública, y una menor calidad en las decisiones de política económica que se toman a partir de datos en cuya elaboración se ha introducido ruido político.
La independencia estadística no es un lujo tecnocrático. Es infraestructura básica para una economía sana y, como todo edificio, sus pilares deben ser sólidos para mantenerse en pie.