El encarecimiento de la vivienda continúa ocupando un lugar central en el debate político y social. Desde Libre Mercado hemos detallado que la causa principal de la actual crisis inmobiliaria es la intervención estatal. En este sentido, conviene destacar el fuerte control que el Estado ejerce sobre el suelo, al que se añaden las políticas impulsadas por el actual Gobierno, que implican una mayor desprotección para el propietario y un claro desincentivo para la construcción.
En este escenario, la izquierda insiste en que la respuesta pasa por reforzar aún más la intervención pública. Frente a ello, el Partido Popular ha planteado la puesta en marcha de un plan ambicioso en materia de vivienda, orientado a fomentar la construcción de un millón de nuevas viviendas, lo que podría suponer un alivio significativo para el mercado.
Así las cosas, el vicesecretario de economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha explicado en Con Ánimo de Lucro los detalles del plan de vivienda propuesto por su formación. Concretamente, este plan está centrado en incrementar la oferta de suelo y facilitar la promoción privada para intentar corregir el desequilibrio entre oferta y demanda en España. De hecho, Bravo ha explicado que el problema de acceso a la vivienda se debe a un déficit estructural de producción, que el Banco de España sitúa en 700.000 viviendas, con una necesidad anual de unas 250.000 nuevas construcciones frente a unas 100.000 efectivamente iniciadas.
Un millón de viviendas
Con todo, Bravo ha detallado que el objetivo del Partido Popular consiste en impulsar la construcción de un millón de viviendas en una legislatura, principalmente a través del sector privado. Así, ha subrayado que la colaboración público-privada resulta esencial, pero ha insistido en que la construcción corresponde principalmente a promotores y empresas.
Por otra parte, en el segundo bloque del plan, Bravo ha situado la seguridad jurídica como elemento clave. Así, ha explicado que el PP ha impulsado una ley del suelo orientada a agilizar trámites urbanísticos, mientras ha criticado la falta de avances legislativos del Gobierno en esta materia. También ha defendido una ley frente a la ocupación, recordando que el programa electoral del PSOE en 2023 contemplaba desalojos en 48 horas, según ha indicado.
Asimismo, Bravo ha señalado que aproximadamente el 30% del precio de la vivienda corresponde a impuestos, por lo que ha planteado reducciones fiscales temporales, incluyendo actuaciones sobre el IVA y sobre tributos autonómicos como transmisiones patrimoniales. Además, ha situado otro 30% del coste vinculado al suelo, por lo que ha defendido medidas de agilización urbanística y puesta a disposición de terrenos públicos.