Los acreedores internacionales del Reino de España han intensificado en 2026 su ofensiva judicial en Estados Unidos y, según ha podido saber LD, han activado nuevas órdenes de descubrimiento de activos (discovery orders) dirigidas a rastrear transacciones financieras del Gobierno español a través de organismos como la Reserva Federal norteamericana (Fed) o la principal cámara de compensación bancaria del mundo, conocida como The Clearing House Payments Company.
Según la documentación judicial consultada por Libertad Digital, los equipos legales de los inversores afectados por los impagos de las renovables han remitido requerimientos formales tanto a la Fed como a la entidad que opera el sistema CHIPS, que constituye una de las infraestructuras más importantes del mundo para pagos interbancarios en dólares.
Estas actuaciones se producen después de que los tribunales estadounidenses hayan reconocido siete condenas contra España por un valor conjunto cercano a los 688 millones de euros, abriendo la puerta a procedimientos de localización de activos y rastreo de movimientos financieros vinculados al Estado español.
Los acreedores buscan identificar cuentas, activos, transferencias y flujos de pagos relacionados con organismos del Reino de España, incluyendo ministerios, empresas públicas, entidades estatales, firmas privadas participadas por el Estado, etc. Los requerimientos judiciales reclaman información sobre operaciones procesadas en dólares mediante sistemas de pagos como Fedwire, SWIFT o CHIPS, incluyendo derechos de cobro, transferencias electrónicas, transacciones ordinarias, redireccionamiento de pagos hacia terceros países o todo tipo de documentación bancaria y financiera.
Una deuda millonaria
En el requerimiento judicial remitido a la Reserva Federal, los acreedores exigen información sobre "todos los activos y cuentas del Reino de España o de entidades vinculadas al Estado español que hayan pasado por dicha institución desde noviembre de 2021", fecha en que los tribunales del país norteamericano empezaron a reconocer las obligaciones de pago del Gobierno español con sus acreedores. También solicitan registros de transferencias, pagos, depósitos y movimientos asociados a operaciones superiores a 500 dólares, lo que supondría el acceso casi total a las actuaciones económicas del Estado no solamente en Estados Unidos, sino en buena parte del mundo.
De forma paralela, el requerimiento enviado a The Clearing House busca acceder a los registros de pagos procesados a través de CHIPS, el sistema privado de compensación interbancaria utilizado para canalizar enormes volúmenes de transferencias internacionales en dólares entre grandes entidades financieras. La documentación judicial define además de forma extraordinariamente amplia el concepto de "España", incluyendo no solo a la Administración General del Estado, sino también al Banco de España, la Sepi, entes como el Instituto Cervantes, Renfe y una larga lista de organismos públicos, empresas dependientes de la Administración o firmas privadas que cuentan con el Estado como accionista.
Los acreedores pretenden utilizar esta información para avanzar en futuros procedimientos de embargo y ejecución internacional, dentro de una estrategia que ya ha dado lugar a medidas contra activos españoles en distintas jurisdicciones. En los últimos meses, los fondos afectados por el recorte retroactivo de las primas renovables han intensificado sus acciones tras años de impagos por parte del Estado español, cuya deuda total supera ya los 2.300 millones de euros entre principal, intereses y costas.
Las actuaciones abiertas en EEUU se apoyan en las reglas federales de discovery, que permiten a los acreedores reclamar información financiera a terceros para localizar activos embargables o reconstruir circuitos de pagos vinculados al deudor condenado. En este caso, la ofensiva alcanza infraestructuras centrales del sistema financiero norteamericano, incluyendo mecanismos utilizados para compensar y liquidar pagos internacionales en dólares.
Conviene recordar que, ante el impago de los 688 millones de deuda que ya han reconocido los tribunales competentes, los acreedores también han empezado a mover ficha contra otro tipo de activos u operaciones, caso de los pagos ligados a la participación de España en el Mundial de Fútbol de 2026. La Roja se está viendo afectada por los requerimientos judiciales que pueden bloquear su capacidad de operar con proveedores o socios comerciales como la FIFA, Adidas, Hilton o el centro de entrenamiento de Baylor donde se celebrará la concentración durante la fase de grupos.