El contrato de defensa firmado por España con la estadounidense Raytheon para la compra de cuatro sistemas Patriot por valor de 1.700 millones de dólares (más de 1.400 millones de euros) ha entrado en el radar de los acreedores internacionales que persiguen al Reino de España por los impagos derivados del recorte retroactivo a las primas de las energías renovables.
Según ha podido saber Libertad Digital, los equipos jurídicos que representan al grueso de las empresas afectadas estudian fórmulas para intentar bloquear esta operación, a base de intervenir pagos adelantados o dificultar la ejecución del acuerdo militar mediante transacciones subsiguientes.
La ofensiva está siendo coordinada por el abogado Matthew McGill, socio de King & Spalding y principal estratega de las acciones judiciales emprendidas contra España en Estados Unidos. McGill representa a buena parte de los inversores internacionales que han derrotado al Estado español en arbitrajes internacionales y que posteriormente han obtenido siete resoluciones favorables en tribunales federales norteamericanos, que han impuesto la obligación a España de abonar créditos cercanos a 688 millones de euros.
Fuentes conocedoras del proceso explican a LD que la intención de los acreedores pasa por explorar si parte de los pagos, depósitos, transferencias bancarias o garantías vinculadas al contrato de defensa pueden quedar sujetos a procedimientos de discovery, es decir, si los tribunales norteamericanos pueden avanzar hacia el embargo o intervención de estas operaciones desarrolladas por España en suelo estadounidense.
La operación, anunciada por Reuters el pasado diciembre, contempla la adquisición de cuatro baterías Patriot fabricadas por Raytheon, filial de RTX, dentro de un contrato valorado en 1.700 millones de dólares. El sistema Patriot es uno de los principales escudos antimisiles del arsenal estadounidense y está diseñado para detectar, rastrear e interceptar aeronaves, misiles balísticos y otras amenazas aéreas.
Cada batería incluye radares avanzados, sistemas de mando y control, lanzaderas móviles y misiles interceptores GEM-T, capaces de operar en escenarios de defensa aérea de alta intensidad. Según lo publicado, el acuerdo prevé la participación de empresas españolas de defensa, como Sener, integrada en la cadena internacional de suministro del programa Patriot mediante la fabricación de componentes electromecánicos para los misiles. No obstante, toda esta operativa queda ahora en entredicho, ante la escalada de medidas que buscan evitar la prolongación de 27 impagos cuyo coste para las empresas afectadas asciende a más de 2.310 millones de euros.
Otras acciones
En el mismo contexto, distintas empresas y organismos que mantienen relaciones comerciales con España han recibido requerimientos judiciales para aportar documentación financiera. Entre los destinatarios de dichas órdenes figuran Adidas, Hilton, Vision Hospitality, Baylor University o la filial estadounidense creada por FIFA para organizar el Mundial de 2026, FWCUS26. El objetivo de estas actuaciones consiste en identificar posibles activos embargables o pagos susceptibles de intervención, todo ello en relación con la participación de la Selección Española en dicha competición.
Fuentes próximas al proceso señalan que el contrato con Raytheon podría convertirse en un nuevo frente de presión, especialmente si existen pagos cursados a través del sistema financiero estadounidense o si parte de las garantías contractuales pasan por entidades sometidas a jurisdicción federal. Los acreedores consideran que España mantiene una estrategia sistemática de resistencia al pago pese a las sucesivas derrotas judiciales acumuladas en distintos países.
Otras derrotas judiciales
Además de las siete sentencias reconocidas en EEUU, España ha sufrido importantes reveses en otras jurisdicciones clave. El Tribunal Supremo del Reino Unido falló definitivamente contra el Estado español en marzo de 2026, mientras que las Altas Cortes de Australia y Singapur también han dictado resoluciones adversas para los intereses de la Abogacía del Estado. En paralelo, los acreedores han impulsado embargos sobre activos españoles en el extranjero, incluyendo la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, que ha sido ya transferida a los acreedores por parte de la justicia neerlandesa, o los pagos de Eurocontrol a Enaire, intervenidos por valor de más de 840 millones de euros con el aval de un juzgado belga.
Las cantidades reclamadas continúan creciendo debido a los intereses y costas acumuladas. Distintas estimaciones sitúan ya la deuda total derivada de los impagos renovables por encima de los 2.310 millones de euros, cifra que se corresponde en casi 550 millones con la acumulación de intereses de demora, condenas en costas y otros sobrecostes.