Asociación muyeres Pachamama, Asociación Amigos de Marruecos, Asociación Huelva para Todos y Todas, Unión de Pequeños Agricultores de Jaén, Comité de apoyo a las trabajadoras del sexo... y así hasta 422 organismos.
Esta es la lista actualizada de "entidades colaboradoras acreditadas del Registro Electrónico de Extranjería" que el Gobierno ha incluido en el proceso de regularización masiva de inmigrantes que comenzó el pasado 16 de abril. En ese momento, el Gobierno contaba con unas 150, casi tres veces menos.
Según el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, estos organismos formados por "entidades sociales y sindicatos ofrecerán asesoramiento gratuito y pueden actuar en calidad de representantes" de los inmigrantes que aspiran a la regularización. En la web del departamento que dirige Elma Saiz también informan de su ubicación alrededor de todo el territorio nacional.
Además, junto con las "entidades competentes en materia de asistencia social y los servicios sociales públicos", estos organismos también se encargan de expedir los polémicos certificados de vulnerabilidad.
Los polémicos "certificados de vulnerabilidad"
Estos certificados son un requisito indispensable para optar a la regularización del Gobierno además de haber residido en España al menos 5 meses (con documentos públicos y privados), no tener antecedentes penales (que no policiales) y si no se cumplen otros dos requisitos: haber trabajado con contrato o tener menores de edad o mayores dependientes a cargo. Si se cumple alguno de estos dos últimos supuestos, ya no haría falta obtener la "vulnerabilidad".
Para obtener el certificado de "vulnerabilidad", el inmigrante sólo tiene que marcar las casillas que considere oportunas dentro de una lista de circunstancias (víctima de discriminación, aislamiento social...) poco precisas y subjetivas. Así, se deja todo el proceso a la interpretación de "las entidades colaboradoras" que se encargarán de sellarlo sin exigir, necesariamente, pruebas.
En los últimos días, hemos presenciado el colapso, e incluso, la violencia a las puertas de algunas de estas entidades por parte de algunos de los aspirantes a la regularización, como es el caso de lo ocurrido en la Asociación Rumiñahui, que forma parte de la extensa lista.
Cientos de personas se agolpan en la puerta de la Asociación Rumiñahui para conseguir su certificado de vulnerabilidad pic.twitter.com/9aZV0hBBen
— Popular TV Murcia (@PopularTvMurcia) April 29, 2026
¿Qué contraprestación se llevarán?
Ante estos episodios de tensión, surge una pregunta a la que todavía el Gobierno no ha dado respuesta: ¿qué contraprestación se llevarán estas asociaciones por participar en un proceso que les está disparando su carga de trabajo si no pueden cobrar a los inmigrantes por servicios como la emisión del certificado de vulnerabilidad o la obtención de la cita previa?
Desde Libre Mercado hemos preguntado al Ministerio de Seguridad Social sobre si "estos organismos cobrarán por trámite o por certificado de vulnerabilidad que emitan" y/o "cuál será su contraprestación por participar en el proceso" de cara al futuro, por ejemplo, con mayores subvenciones, pero no han respondido.
En este sentido, el presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero, ya denunció el pasado mes de febrero que "si los trámites deben hacerse gratis, ¿de qué van a vivir las asociaciones o sindicatos que los realicen? ¿Estamos hablando de subvenciones públicas, convenios futuros o financiación estructural? Porque nada de eso se explica". En el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos también están habilitados para acompañar a los inmigrantes en el proceso.
Entonces, los gestores administrativos alertaron del "riesgo de duplicar costes públicos. "¿Vamos hacia un modelo en el que el Estado paga a los funcionarios que resuelven los expedientes y, al mismo tiempo, a asociaciones o sindicatos que tramitan gratuitamente en nombre de los ciudadanos?", se preguntó el presidente. "¿Vamos a financiar dos veces el mismo procedimiento? Esa es una cuestión legítima que merece una respuesta" añadió. Y la respuesta sigue sin resolverse.