Los impagos de las renovables suman ya cerca de 550 millones de sobrecostes judiciales y financieros, lo que en la práctica significa que, de los 2.312 millones que debe el Reino de España a sus acreedores, casi una cuarta parte se explica ya por la suma de condenas en costas, la acumulación de intereses de demora o los honorarios dedicados a contratar consultores y abogados.
Hace escasos días, Libertad Digital asistió al Open de Arbitraje de Madrid, un evento que acogió un panel centrado en esta controversia, que más allá de ser un asunto relevante en nuestro país también resulta un asunto de máxima actualidad en otras latitudes, en la medida en que España ha superado a Venezuela y Rusia y se ha convertido en el país con mayor número de laudos pendientes de pago.
Ganar ya no es cobrar
"Ante este tipo de comportamientos, la verdadera batalla empieza después del laudo, porque ganar un arbitraje ya no es sinónimo de cobrar y, ante estos comportamientos, los acreedores entran en la fase de ejecución, que básicamente les obliga a localizar y rastrear activos, superar alegaciones de inmunidad soberana y convertir su victoria jurídica en un pago efectivo del dinero adeudado", explicaron los expertos reunidos en el cónclave.
La cita contó con la presencia de bufetes como A&O Sherman y King & Spalding, así como de entidades especializadas en financiación de litigios, como Burford. Los diversos participantes señalaron que la estrategia jurídica que sigue España "se topa con el hecho de que, en virtud del Convenio del Ciadi, los laudos finales dictados en el tribunal de arbitraje del Banco Mundial deben ser asumidos por todos los países firmantes de dicho acuerdo como sentencias judiciales de sus propios tribunales".
Activos bloqueados
Partiendo de esa base, juristas como Matthew McGill o directivos como Teresa Gutiérrez coincidieron en recalcar los desafíos que se derivan de los impagos de laudos y la obligación de seguir procedimientos de embargo como los que afectan a España, que a fecha de hoy tiene bloqueados 250 millones de euros en una cuenta bancaria belga y también viene de sufrir la incautación de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, Países Bajos.
Como se apuntó anteriormente, la demora en lograr el cobro ha hecho que se activen estos procedimientos y, al mismo tiempo, ha propiciado una escalada en el coste total de esta controversia, que ya se sitúa por encima de los 2.312 millones a raíz de los casi 550 millones que ha tenido que desembolsar el Estado al incurrir en intereses de demora o verse obligado a reclutar abogados y consultores para seguir esquivando el cumplimiento de las sentencias.