La justicia estadounidense ha dejado una de las resoluciones más duras hasta la fecha contra el Reino de España en la crisis internacional de los arbitrajes renovables. En el denominado caso InfraRed, el juez federal John D. Bates no solamente autoriza nuevas actuaciones de ejecución contra activos españoles, sino que además dedica buena parte de su fallo a desmontar la estrategia jurídica seguida por el Gobierno para intentar bloquear el cobro del laudo.
La resolución, dictada por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, supone un nuevo golpe para España en un procedimiento cuya factura ha pasado ya de los 28,2 millones de euros reconocidos inicialmente por el tribunal arbitral hasta cerca de 41 millones de euros tras años de litigios, intereses y costas judiciales.
Uno de los elementos más llamativos del fallo es el tono empleado por el magistrado al describir el comportamiento del Estado español. El juez afirma expresamente que España "ha determinado claramente su estrategia posterior a la sentencia", consistente en "oponerse ampliamente" a los intentos de ejecución del laudo mientras sostiene que el derecho comunitario le impide pagar.
Sin pruebas de querer pagar
Pero inmediatamente después llega uno de los reproches más demoledores de toda la resolución. El tribunal afirma que España "no ha aportado ninguna prueba" de haber dado pasos reales para resolver el conflicto o satisfacer la deuda reconocida judicialmente.
El juez recuerda además que el Gobierno sí dispone de mecanismos para intentar desbloquear la situación, como solicitar autorización a la Comisión Europea o defender ante Bruselas la compatibilidad del pago con el derecho comunitario. Sin embargo, según recalca el fallo, no consta que España haya hecho "ni una cosa ni la otra".
La resolución también es especialmente severa cuando analiza la petición española de paralizar las medidas de ejecución. Bates advierte de que seguir retrasando los procedimientos "pondría en peligro" las posibilidades reales de recuperación de los acreedores, recordando además que España acumula numerosos laudos pendientes y que existe un número limitado de activos potencialmente embargables en Estados Unidos.
Una resistencia sistemática al pago
En otro pasaje especialmente duro, el juez deja claro que empieza a percibir la estrategia española como una política sistemática de resistencia al pago más que como una defensa jurídica ordinaria. El fallo subraya que España "no ha tomado medidas que evidencien intención de pagar" y destaca que el Estado lleva años litigando de manera prácticamente idéntica en múltiples procedimientos arbitrales.
El magistrado también rechaza de forma contundente el intento de España de utilizar los recursos pendientes ante tribunales superiores estadounidenses como argumento para congelar las ejecuciones. Según escribe Bates, aceptar esa tesis "haría desaparecer el requisito de prestar garantías", vaciando de contenido el sistema procesal estadounidense.
Especialmente incómodo resulta además el momento en que el tribunal recuerda que los acreedores de Estados soberanos ya afrontan enormes obstáculos para cobrar debido a las protecciones legales existentes sobre muchos activos públicos. Precisamente por eso, el juez considera injustificable seguir retrasando la ejecución mientras España continúa sin ofrecer alternativas reales de pago.
Más de 2.300 millones en deuda acumulada
La resolución vuelve asimismo sobre una de las frases más simbólicas pronunciadas anteriormente por el propio Bates, cuando describió a España como un país atrapado "entre la proverbial roca de una sentencia estadounidense y el duro lugar del derecho de la Unión Europea". Pero lejos de mostrar simpatía hacia la posición del Gobierno, el nuevo fallo insiste en que ese conflicto regulatorio no puede servir para bloquear indefinidamente el cumplimiento de resoluciones arbitrales firmes.
El correctivo judicial llega en un contexto de creciente presión internacional. La deuda total acumulada por los arbitrajes renovables supera ya los 2.310 millones de euros y más de 547 millones corresponden únicamente a intereses de demora, costes judiciales y otros sobrecostes derivados precisamente de los impagos.
Mientras tanto, los acreedores continúan intensificando el rastreo internacional de activos españoles, incluyendo actuaciones dirigidas a bancos, despachos de abogados y empresas relacionadas con la participación de España en el Mundial de Fútbol de 2026.