España afronta ya una estrategia de presión internacional que va mucho más allá del embargo de activos públicos. Los acreedores de los laudos arbitrales por el recorte retroactivo a las renovables han comenzado a desplegar mecanismos orientados a bloquear la capacidad operativa y financiera del Estado español fuera de nuestras fronteras, especialmente en Estados Unidos, aprovechando el reconocimiento judicial de las condenas dictadas contra el Reino de España.
Hasta la fecha, se han producido al menos 27 incumplimientos de laudos vinculantes de arbitraje internacional que obligan a España a indemnizar a las empresas que invirtieron en energías limpias durante la década de los 2000 y vieron después cómo se retiraban de manera retroactiva las primas e incentivos inicialmente ofrecidos. Primero bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, posteriormente, durante el mandato de Mariano Rajoy, se aprobaron sucesivos cambios regulatorios que desembocaron en una oleada de arbitrajes internacionales.
La consecuencia directa de aquellas decisiones políticas fue la apertura de procedimientos ante tribunales arbitrales internacionales al amparo del Tratado de la Carta de la Energía y del Convenio del CIADI, ambos firmados y ratificados por España. Precisamente por ello, los laudos resultantes son de obligado cumplimiento para el Reino de España y deben ser reconocidos por los países adheridos a esta arquitectura jurídica internacional como si se tratase de sentencias dictadas por sus propios tribunales.
La Abogacía del Estado ha tratado de sostener durante años una estrategia basada en cuestionar la competencia de estos tribunales arbitrales, alegando que las disputas intraeuropeas deberían resolverse exclusivamente dentro del marco jurisdiccional comunitario. Sin embargo, esa tesis ha chocado reiteradamente con la realidad jurídica internacional: fuera de la Unión Europea, los tribunales de terceros países están reconociendo los laudos y autorizando su ejecución contra el Reino de España.
Esto es lo que ha abierto la puerta a sentencias condenatorias en países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia o Singapur, así como a embargos y medidas cautelares sobre bienes y activos vinculados al Estado español. Pero ahora los acreedores están dando un paso más. Y es que, además de intentar localizar y embargar activos públicos, las empresas que han litigado contra España están comenzando a desplegar una estrategia orientada a limitar el margen de maniobra financiera del Gobierno en el exterior.
El ejemplo más evidente lo encontramos en los requerimientos judiciales enviados en Estados Unidos a distintos proveedores de servicios vinculados a la organización logística de la selección española durante el próximo Mundial de fútbol de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.
Entre las entidades afectadas figuran cadenas hoteleras como Hilton o campus deportivos como el centro Baylor School, entidades que no pagarán dinero (embargable) a España, sino que de hecho esperan recibir desembolsos procedentes del Estado español, o de organismos asociados a la selección, pero quizá podrían ver cómo estos pagos son bloqueados.
La clave de esta nueva ofensiva radica en que España ya ha sido condenada en siete ocasiones por tribunales estadounidenses que han reconocido como plenamente válidos y ejecutables los laudos arbitrales dictados contra el Reino. Esta misma semana, LD publicó la última decisión del juez John Bates sobre el caso Infrared, que añade 41 millones de euros a los posibles embargos.
Esta circunstancia permite a los acreedores solicitar medidas de descubrimiento de activos (discovery order) y requerimientos judiciales (subpoenas) orientados a rastrear operaciones financieras, contratos, pagos previstos o flujos económicos vinculados al Estado español.
En la práctica, este tipo de actuaciones puede dificultar o condicionar operaciones ordinarias de pago y contratación en el exterior. Fuentes jurídicas de las empresas afectadas por los impagos renovables comparan este mecanismo con "bloquear una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria", puesto que el objetivo "ya no es únicamente embargar activos concretos", sino también "frenar la actividad económica del deudor, hasta que salde sus obligaciones y cumpla con la justicia".
Evidentemente, esto puede contribuir a erosionar la capacidad financiera y la credibilidad internacional del Reino de España mientras persista el impago de los laudos. En este sentido, la presión internacional sobre España sigue aumentando en paralelo al crecimiento de la factura pendiente. Diversas estimaciones sitúan la deuda total derivada de estos arbitrajes en más de 2.310 millones de euros, incluyendo el principal (cerca de 1.800 millones) y la suma de sobrecostes financieros y judiciales, epígrafe que seguirá incrementándose mientras el gobierno mantenga su estrategia de resistencia al pago de los arbitrajes internacionales, todos ellos vinculantes.