Con inteligencia artificial o sin ella. Con robots o haciendo las tareas al modo clásico. Con innovación o al estilo tradicional. No sabemos cómo será el futuro del empleo, el tema de moda. Pero de lo que sí podemos estar bastante seguros es de que, en las próximas décadas, habrá pocos puestos de trabajo más complejos que el de ministro de Hacienda del Reino de España. Arcadi España (o quien sea el que le sustituya en los próximos meses) tiene un cargo llamativo y prestigioso, pero no especialmente envidiable.
Este viernes, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicaba su Estudio de evaluación de la regla de gasto en pensiones. La conclusión principal: sí, es cierto que técnicamente esa "regla de gasto" se cumple, pero eso es algo que en la práctica apenas tendrá importancia. Ni la sostenibilidad fiscal-presupuestaria está garantizada (al contrario, la AIReF dice expresamente que no lo está) ni esta fórmula de cálculo encaja con las reglas que nos llegan de Bruselas.
De hecho, parece evidente que a los responsables del organismo fiscalizador este indicador no les convence especialmente: es una cifra técnica, que el Gobierno ha metido con calzador para justificarse ante la Comisión Europea y los socios. Pero su validez para anticipar posibles problemas fiscales es más que discutible. Y esto no lo decimos nosotros. La AIReF denuncia que la regla ofrece "una visión parcial de la sostenibilidad", es una "referencia desfasada para valorar una realidad cambiante" y tiene un "mal encaje con el nuevo marco fiscal europeo". En resumen, poco más que una excusa para que el Gobierno pueda decir que la AIReF valida la situación de las pensiones, pero nada que sirva para calibrar si las cuentas realmente cuadran.
Por eso mismo, lo importante no es tanto si cumplimos o no la famosa regla, sino las previsiones que hace la AIReF sobre las tendencias de gastos e ingresos para el conjunto de las administraciones públicas. Al final, como indica el propio documento, lo relevante no es lo que gastamos en pensiones. Tampoco lo es (menos aún) qué organismo en concreto lo hace: de nuevo, qué más da si es gasto del Gobierno central o de la Seguridad Social, si las cuentas de este organismo se nutren con un préstamo o con transferencias directas, si decidimos sacar tal o cual partida de un presupuesto público para llevarla a otro organismo… Lo que debería atrapar nuestra atención es qué compromisos de gasto han adquirido las administraciones públicas españolas y cuál es su capacidad en el lado de los ingresos.
Y ahí la AIReF es muy clara: las cuentas no salen. ¿Eso quiere decir que no se podrán pagar las pensiones? No, ni mucho menos. Lo que quiere decir es que pagar las pensiones en los términos prometidos a los jubilados españoles (los actuales y los del futuro) generará una enorme tensión presupuestaria, que solo se podrá resolver subiendo impuestos (incluyendo en esta categoría las cotizaciones sociales) o recortando el gasto en otras partidas relevantes del presupuesto o recurriendo al déficit y la deuda… o una combinación de todas las anteriores.
Las cifras
- Deuda pública del 123% del PIB en 2050. Como con el resto de los indicadores sobre el futuro, hay que cogerlo con las precauciones habituales. ¿Puede que la AIReF se equivoque? Sí, pero recordemos también que puede hacerlo para bien (menos deuda) y para mal, un escenario que el Gobierno nunca contempla. Con las cifras actuales y con unas proyecciones razonables de crecimiento de la población, de crecimiento económico y de envejecimiento (no especialmente pesimistas, si acaso lo contrario), la AIReF nos dice que la deuda pública se disparará en los próximos 25 años.
- ¿Determinantes de este incremento? Pues en realidad es solo uno: el envejecimiento de la población, que tiene tres derivadas: pensiones, sanidad, dependencia.
- Gasto en pensiones. Pasaría del 13% actual (sumando contributivas, no contributivas y clases pasivas) a estar por encima del 16,4% en 2050. Es verdad que el Gobierno aprobó una reforma en 2023 que centraba todos sus esfuerzos en el lado de los ingresos. La AIReF calcula que esas medidas aportarán 1,6 puntos del PIB, lo que hace que el gasto bruto en pensiones promedio para el periodo 2022-2050 (del 14,6%) se quede en un neto (que es el que se tiene en cuenta para la regla de gasto) del 13% del PIB, por debajo del umbral que obligaría a aplicar la cláusula de ajuste de la reforma de 2023, que implicaría una subida extra de las cotizaciones.
- Incremento del gasto en pensiones superior al 4% anual hasta 2045. Una de las previsiones en las que más podemos confiar. Porque esto no depende del crecimiento económico, la productividad o decisiones políticas. Salvo que cambiemos la normativa (algo que se antoja complicado, porque ningún partido lo propone) el gasto total en pensiones evolucionará según lo hagan el número de beneficiarios y las pensiones a las que tengan derecho. Pues bien, la AIReF calcula que esto nos lleva a incrementos anuales de entre el 5,5% (en el próximo lustro) a subidas del 4% a partir de 2040. Subidas acumulativas, por supuesto: ese 4-5% de cada año se suma a lo que subió el año anterior.
- Déficit superior al 6% del PIB a mitad de siglo. Si no hay novedades legislativas o ajustes presupuestarios (y debería haberlas, porque será complicado encontrar a alguien que nos financie estos niveles de déficit de forma continuada), la AIReF pronostica que los ingresos públicos subirán al 45% del PIB en 2050 (dos puntos más que en la actualidad, que vendrán de subidas de impuestos). Pero si esto ya es llamativo, todavía lo es más por la previsión de la AIReF por el lado de los gastos: ¡el 51,6% en ese año 2050! Por supuesto, esto no es una condena ni una regla de la naturaleza: gastar eso dependerá de las decisiones que tomen los diferentes Gobiernos españoles en los próximos años. Pero sí es una cifra que nos sirve para que asumamos cuál es el camino que hemos tomado.
Y ese camino es muy claro. Lo vemos en algunas de las conclusiones de la AIReF. La primera, la inevitable: "La evolución demográfica intensificará de forma significativa las presiones sobre el gasto y la deuda pública a partir de mediados de la próxima década". Y esto provoca que las cuentas públicas sigan siendo "vulnerables al envejecimiento". Consecuencia: "El crecimiento del gasto en pensiones reduce el margen para el resto de políticas y subsectores". Lo dicho: o más impuestos o más recortes o un poco de todo. Tampoco hay mucho más que se pueda hacer. Es lo que tenemos (y lo que hemos decidido).