El Gobierno está desesperado por que los jubilados sigan trabajando en España. El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto para facilitar todavía más la jubilación flexible, que es la que permite volver a trabajar a los que ya son pensionistas.
Lo llaman "envejecimiento activo", y aunque la idea puede resultar beneficiosa para la delicada salud de la Seguridad Social, no deja de suponer una contradicción frente a los discursos del propio Gobierno, que aseguran que el sistema de pensiones público es completely sostenible.
Así, el plan del Ejecutivo consiste en facilitar todavía más este tipo de jubilación a los pensionistas que consigan un contrato, y como novedad, que estos mismos pensionistas se hagan autónomos.
Esta decisión se produce a pesar del récord de cotizaciones sociales que registra el Gobierno. Según los últimos datos acumulados hasta marzo de este año, la Seguridad Social ingresó 46.715 millones de euros (3.396 millones más que el año anterior y 16.149 millones más que lo ingresado en marzo de 2019, con Sánchez ya en el Gobierno).
Pero esas cifras insólitas no son suficientes para sufragar también el gasto récord en pensiones. Cada vez hay más jubilados en España, los que entran en el sistema cada vez cobran más, las tasas de natalidad están hundidas y el Gobierno se ha empeñado en actualizar las pensiones al IPC y, todavía más que la inflación, las nóminas más bajas, como las no contributivas. Estamos ante un cóctel perfecto para que las cuentas no cuadren.
De hecho, en el caso de los autónomos, los ingresos por cotizaciones sociales están estancados con Sánchez. Mientras los ingresos por todas las cotizaciones sociales se han disparado un 55% de marzo de 2019 a marzo de 2026, los de los autónomos apenas han subido de los 3.096 millones a los 3.212 millones, solo un 3,5% más.
Y todo ello, a pesar de que el Gobierno ha modificado el sistema de ingresos reales de los autónomos, con el objetivo de recaudar más, y de que también están obligados a pagar más cotizaciones todos los años a través del MEI. Por esto, no es de extrañar que el número de autónomos también esté estancado en España y que en el primer trimestre, incluso, haya caído.
Así, con esta idea de que los jubilados se hagan autónomos, a la Seguridad Social se le abriría otra vía de ingresos. Sin embargo, lo recaudado no será suficiente para solucionar las cuentas del sistema. En el año 2025, la Seguridad Social tuvo que recibir 61.342 millones de euros en transferencias del Estado por el descuadre entre pensiones e ingresos, que, además, generó déficit, por lo que el agujero real fue de 69.783 millones de euros, acompañado de 136.179 millones de deuda. Para costear esta situación, tendrían que ser miles e incluso millones de jubilados los que quisieran hacerse autónomos en España. Un escenario de auténtica ciencia ficción.