El Partido Popular ha presentado una proposición no de ley (PNL) a la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados con el objetivo de paralizar el proceso de regularización masiva de inmigrantes e implantar sistemas de tecnología antifraude para evitar que se siga produciendo el fenómeno de la venta de empadronamientos ilegales a personas en situación irregular por cifras que alcanzan hasta los 800 euros, como hemos contado en este medio.
En esta PNL (que se puede leer aquí), el PP dice lo siguiente:
"El Gobierno ha impulsado un proceso de regularización masiva de inmigrantes que afecta a centenares de miles de personas sin haber previsto, con el mínimo rigor exigible, los medios administrativos necesarios para su correcta gestión. En lugar de implementar una política ordenada, garantista y eficaz, esta actuación ha evidenciado, una vez más, una grave improvisación que está generando consecuencias directas sobre las administraciones públicas y, concretamente, sobre la confianza en las instituciones públicas. La realidad es incontestable: el sistema de acceso a los procedimientos administrativos vinculados a dicha regularización, en particular, el empadronamiento y la obtención de cita previa para la presentación de documentación, se encuentra saturado, desbordado e incapaz de absorber la demanda generada por el propio Gobierno."
Más adelante, el Partido Popular menciona los problemas que hay en torno a redes criminales que hacen negocio con los empadronamientos.
"Existen redes organizadas que venden empadronamientos por 350 euros"
"Diversas informaciones han puesto de manifiesto la existencia de redes informales, y, en muchos casos, organizadas, que venden empadronamientos por importes que alcanzan los 350 euros, así como citas previas en oficinas de Correos por hasta 600 euros, pese a tratarse de trámites gratuitos. Este fenómeno se ve agravado por el uso de herramientas automatizadas para la solicitud masiva de citas, que posteriormente son revendidas, generando un mercado paralelo que excluye a quienes no pueden asumir dichos costes. Nos encontramos, por tanto, ante una situación de extrema gravedad institucional: el Estado no solo no garantiza el acceso igualitario a sus propios procedimientos, sino que permite, por inacción, que estos sean capturados por redes que operan al margen de la legalidad."
En vista de este problema, el PP presenta esta PNL con estas cuatro medidas:
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Proceder a la paralización inmediata del proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno, ante la manifiesta incapacidad de la Administración General del Estado para gestionarlo con garantías de legalidad, eficacia e igualdad, evitando así que continúe alimentando redes de fraude, explotación y mercantilización de derechos básicos.
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Implantar de forma inmediata sistemas tecnológicos antifraude en la gestión de la cita previa, que impidan el acaparamiento masivo de citas mediante bots o intermediarios, incluyendo mecanismos de verificación de identidad, limitación de reservas y trazabilidad de accesos.
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Auditar de manera urgente el sistema de gestión de citas administrativas, identificando disfunciones, puntos de captura por redes informales y responsabilidades en su diseño y ejecución.
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Poner fin al actual modelo de cita previa obligatoria como único mecanismo de acceso a la Administración, que ha demostrado ser ineficaz, excluyente y fácilmente accesible para redes fraudulentas, restableciendo un sistema de atención accesible, directo y sin intermediación para los ciudadanos.
Así pues, lo que el PP propone para acabar con este "mercado negro de citas y empadronamientos" (como lo han denominado desde el grupo Popular) es suspender la regularización extraordinaria de inmigrantes, implantar tecnología antifraude para impedir el acaparamiento de citas mediante bots, realizar una auditoría del proceso de citas para detectar irregularidades y, por último, suprimir la obligatoriedad de la cita previa y sustituirla por atención directa al ciudadano. Esta propuesta aún se encuentra en fase de tramitación, por lo que aún no ha sido votada.