La AIReF también tumba la tesis del Gobierno de que la inmigración será uno de los principales garantes del sistema de pensiones en España. La semana pasada, el organismo presidido por Inés Olóndriz publicó un estudio sobre la "regla de gasto de pensiones" en el que evaluaba la sostenibilidad del sistema en los próximos años teniendo en cuenta los ingresos públicos, el gasto en prestaciones de la Seguridad Social o el papel de la inmigración y la regularización masiva del Ejecutivo de Pedro Sánchez en esta materia.
La principal conclusión a la que llegó la AIReF es que el Estado cada vez tendrá más dificultades para pagar las pensiones en los próximos años. Por ello, el futuro Gobierno tendrá que tomar alguna de las siguientes decisiones (o más de una de ellas): subir impuestos (incluyendo cotizaciones sociales), recortar gasto en otras partidas o recurrir a más déficit y la deuda, tal y como publicamos en Libre Mercado.
En materia demográfica, la AIReF estima que la población residente de España aumentará desde los 49,1 millones a 1 de enero de 2025 hasta 52,7 millones en 2050, "debido, fundamentalmente, a la evolución del saldo migratorio neto".
En este sentido, el informe dedica un apartado a los efectos sobre las cotizaciones sociales de la regularización masiva de inmigrantes del Gobierno, que comenzó el pasado mes de abril y termina a finales de este mes. La conclusión: impacto mínimo en recaudación de los impuestos al trabajo.
"En el contexto de la valoración de la regla de gasto en pensiones, esta medida podría tener un impacto potencial sobre los ingresos por cotizaciones sociales. En concreto, según las estimaciones de la AIReF, el impacto de esta regularización extraordinaria sobre las cotizaciones sociales podría situarse en torno a 0,031 puntos porcentuales de PIB en promedio durante el periodo 2022-2050. No obstante, este cálculo está sujeto a un rango muy amplio de incertidumbre" cuyos principales determinantes se detallan a continuación.
¿En qué trabajarán?
"La imposibilidad de determinar la situación laboral actual del colectivo regularizable introduce mucha incertidumbre a la hora de calcular su impacto en el mercado laboral" reza el documento. "Para calcular el impacto en las cotizaciones sociales no basta con estimar el número potencial de personas regularizables, sino que es necesario asignarles un perfil laboral y una base de cotización esperada. Para ello, el ejercicio requiere asignar un perfil por sexo, edad y nacionalidad a los colectivos potencialmente afectados" añaden.
Según la AIReF, por grandes áreas de origen y para 2025, la mayor parte de la población irregular estimada se concentra en América Central y del Sur, con 595.035 personas —alrededor del 77% del total—, de las que 443.357 proceden de Sudamérica y 151.678 de Centroamérica y Caribe. A continuación, se sitúan África, con 133.367 personas; Asia, con 34.329; y los países europeos no pertenecientes a la UE-27 —excluidos AELC, Reino Unido y Ucrania—, con 10.400 personas.
Sobre el perfil de los trabajadores extranjeros, "destaca la elevada incidencia de la parcialidad entre los trabajadores de procedencia extranjera, así como su mayor exposición al desempleo y su concentración en sectores como la construcción, la hostelería o los servicios domésticos" recuerdan.
Así, se estima que un 17% de los regularizables de entre 18 y 64 años no participaría en el mercado laboral; sería población inactiva. Un 70% de los regularizables podría pasar a la ocupación potencial bruta y el 11% restante podría pasar a la búsqueda de empleo.
¿Cuánto cobrarán?
En sus cálculos, la AIReF considera que todos los individuos que deciden trabajar y encuentran trabajo lo harán en la economía formal, lo que sesga al alza el resultado.
Como ya publicamos en Libre Mercado, la AIReF también destaca que los inmigrantes irregulares tendrán unas bases de cotización bajas. Según se ve en el cuadro, está entre 8.600 y 13.900 euros durante los tres primeros años cotizados.
Otro aspecto a tener en cuenta sobre la influencia de los inmigrantes regularizados en las cotizaciones que pagan las pensiones es que la mitad acabará marchándose. "También que algunos de los extranjeros regularizados decidirán irse" destacan aludiendo a un estudio de Funcas que señala que, desde 2021, "España solo retiene aproximadamente a uno de cada dos inmigrantes que llegan, con una tasa de retención del 51 %, una de las más bajas de Europa. Según este estudio, España presenta una elevada capacidad de atracción migratoria, pero una limitada capacidad de retención".
Por todo ello, el texto estima que la regularización tendrá "un impacto muy moderado en los ingresos por cotizaciones sobre el PIB, de 0,03 puntos porcentuales del PIB en el promedio de 2022-2050", que con poco más de 500 millones de euros al año.
Hay que tener en cuenta, además, que el ejercicio realizado no incluye "el cálculo de los derechos de jubilación generados por estos inmigrantes, ni de las prestaciones sociales a las que podrían tener acceso. Por el lado de los ingresos, tampoco se consideran posibles efectos adicionales sobre la recaudación por IRPF".
Y es que, cada vez son más los inmigrantes en España que están devengando un derecho a una pensión futura. Lo mismo ocurriría con los nuevos inmigrantes regularizados, que reclamarán sus pensiones cuando llegue el momento o las ayudas correspondientes.