El Gobierno de Pedro Sánchez ha solicitado al Tribunal Supremo de Estados Unidos que suspenda temporalmente la ejecución de las sentencias dictadas contra España por los impagos derivados de los recortes retroactivos a las energías renovables. La petición llega en un momento especialmente delicado para el Reino de España, después de que los acreedores hayan ampliado su estrategia de cobro mediante el registro de condenas en múltiples jurisdicciones federales norteamericanas donde podría disputar sus encuentros la Selección Española de Fútbol.
La iniciativa del Ejecutivo se produce apenas unos días después de que los inversores perjudicados por los cambios regulatorios registrasen una de las sentencias obtenidas contra España en numerosos distritos judiciales de Estados Unidos, incluyendo territorios como Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Pensilvania, Georgia, Florida, Illinois, Tennessee, Texas o California. Dichos registros permiten a los acreedores desplegar actuaciones de ejecución y localización de activos en esas jurisdicciones, que están llamadas a coger partidos del combinado nacional que dirige Luis de la Fuente, en caso de que supere la fase de grupos.
La batalla judicial se desarrolla además sobre una base especialmente adversa para los intereses españoles. En la actualidad existen siete sentencias firmes de tribunales federales estadounidenses que reconocen y hacen ejecutables en Estados Unidos distintos laudos arbitrales obtenidos por los inversores internacionales frente al Reino de España. El importe conjunto de dichas resoluciones ronda los 700 millones de euros, una cifra que continúa creciendo por la acumulación de intereses.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital interpretan la solicitud presentada por España ante el Supremo estadounidense como un intento de ganar tiempo y evitar que los acreedores aceleren las actuaciones de cobro en los distintos estados donde ya han registrado judicialmente las condenas. La ofensiva de los inversores se ha intensificado durante los últimos meses, coincidiendo con diversos embargos y procedimientos de ejecución impulsados en distintas jurisdicciones internacionales.
La posición del Gobierno español resulta especialmente complicada porque la Administración estadounidense se ha alineado ya con los acreedores. No en vano, en un escrito remitido al Tribunal Supremo, el Solicitor General de Estados Unidos recomendó rechazar la petición de amparo presentada hace meses por España y abogó por dejar intactas las resoluciones favorables a los acreedores. De esta forma, el máximo representante jurídico del Ejecutivo norteamericano concluyó que los argumentos españoles no justificaban la intervención del Supremo y respaldó el criterio mantenido por las instancias inferiores, todos ellos tribunales federales que han condenado de forma unánime a nuestro país.
La controversia tiene su origen en los recortes retroactivos aplicados por España al régimen de apoyo a las energías renovables. Dichas modificaciones provocaron decenas de arbitrajes internacionales al amparo del Tratado de la Carta de la Energía y han desembocado en numerosas condenas contra el Estado español. Durante años, el gobierno ha tratado de bloquear o retrasar el reconocimiento y ejecución de esos laudos en distintos países, una estrategia que hasta ahora ha obtenido resultados limitados, puesto qué ha contribuido a dilatar los plazos, pero no ha disipado la cascada de condenas que no solamente siguen acumulándose en Estados Unidos, sino que también abarcan las más altas instancias judiciales de países, Australia, Reino Unido o Singapur. Asimismo, en suelo europeo, tanto Holanda como Bélgica, han autorizado embargos de diversos activos.
La nueva petición ante el Supremo norteamericano constituye uno de los últimos intentos procesales de España para frenar la ejecución de unas condenas que los acreedores consideran plenamente exigibles. Mientras tanto, los inversores continúan ampliando el alcance territorial de sus actuaciones judiciales con el objetivo de maximizar las posibilidades de cobro de unas indemnizaciones que acumulan más de una década de litigios.