Christopher Wales es una de las voces más respetadas de la política tributaria británica. Durante años fue asesor fiscal de los gobiernos de Tony Blair y Gordon Brown, participando en el diseño de reformas tributarias y en la definición de la estrategia fiscal del Reino Unido. Posteriormente desarrolló una destacada trayectoria en el ámbito académico y empresarial, convirtiéndose en una referencia internacional en materia de política fiscal, competitividad y administración tributaria.
Ahora, Wales visita Madrid para denunciar lo que considera graves abusos por parte de la Agencia Tributaria española. Como coautor del informe Hacienda contra el Pueblo y colaborador de la campaña impulsada por Amsterdam & Partners, sostiene que el sistema fiscal español ha desarrollado incentivos perversos que fomentan actuaciones agresivas contra los contribuyentes, especialmente en el ámbito de la Ley Beckham. Sus críticas apuntan a la falta de garantías, la opacidad administrativa y el uso de mecanismos coercitivos que, a su juicio, deterioran la seguridad jurídica y dañan la imagen internacional de España como destino para la inversión y el talento.
Pregunta: ¿Qué es lo que más le ha sorprendido del funcionamiento de la Agencia Tributaria española en comparación con otros países?
Respuesta: En la mayoría de países, las reglas fiscales son razonablemente claras. En España, no obstante, lo que vemos es un lenguaje jurídico mucho menos concreto y un armazón regulatorio que hace muy difícil que el contribuyente tome decisiones con claridad y certidumbre. Esto hace que, si Hacienda inicia un procedimiento, el contribuyente lo tenga muy difícil para hacer valer sus derechos. Bajo un paradigma así, el Estado empuja, empuja, empuja… hasta que el contribuyente se queda sin opciones, sin margen de maniobra, sujeto a un castigo que invalida su defensa legal. Filosóficamente, en España hay un sistema de derecho que resulta esencialmente dual: a un lado está el paradigma normativo, donde las leyes se aplican con un arreglo más o menos coherente a los principios de la seguridad jurídica y el Estado de Derecho; a otro lado está el marco prerrogativo, donde el poder político se mueve con discrecionalidad.
P: ¿Cree que Hacienda puede ser utilizada con fines políticos?
R: Conocemos muchos casos de gente que ocupa determinadas posiciones en la esfera pública, que tienen, digamos, un perfil de ciudadano expuesto, y sinceramente, no creo que podamos ser tan ingenuos como para pensar que estamos ante una mera curiosidad… En España hay procedimientos tributarios que tienen un claro origen político. Tomemos el caso de la magistrada que investiga al hermano del presidente del Gobierno, que al parecer ha recibido al menos siete requerimientos de información de la Agencia Tributaria. ¿Creemos en las casualidades? Solamente hasta cierto punto…
P: ¿Cómo influyen los incentivos internos de la Agencia Tributaria en este tipo de actuaciones?
R: A todo esto hay que sumarle el sistema retributivo en vigor, que retribuye a los inspectores por iniciar cuantos más procesos mejor, por exprimir a los contribuyentes. Esto hace que se haya instalado una cultura de "pagar a Hacienda para evitar problemas". Los procedimientos son largos, complejos, exhaustivos… y la Agencia Tributaria a cambio te ofrece la oportunidad de pagar una sanción y olvidarte del tema, pero claro, por el camino se ha pisoteado la presunción de inocencia y la capacidad de defensa del contribuyente.
P: ¿Qué diferencias aprecia entre el trato que recibe el contribuyente en España y el que existe en otros sistemas tributarios?
R: El inspector parte de que el contribuyente ha cometido fraude, hay una presunción de culpabilidad, no hay apenas zonas grises en el trato con Hacienda, todo es abrumador, abusivo… En otros países, los pedidos de información son mucho más concretos, el trato con los inspectores es mucho más constructivo y la cultura está claramente alineada con la resolución de posibles problemas desde una posición de confianza mutua. En cambio, en España, ocurre todo lo contrario.
P: Usted ha trabajado en países con instituciones que supuestamente son mucho más débiles que las europeas. ¿Cómo queda España en esa comparación?
R: He trabajado en Tanzania, Ruanda, Uganda… y la verdad es que allí hay muchas más salvaguardias, hay pesos y contrapesos. Aquí, en España, la verdad es que las cartas están siempre marcadas contra el contribuyente, por eso la mayoría de los contribuyentes no se defiende, sino que simplemente claudica, acepta el pago que le exige Hacienda y evita el calvario burocrático y judicial que puede llegar después. Y el caso de Shakira es muy interesante, porque acaba de conseguir una victoria muy importante, pero igualmente se ha anunciado un recurso que llevará el asunto al Tribunal Supremo. ¿Por qué? Porque seguir generando miedo es fundamental.
P: La mitad de los casos que acaban en un juzgado resultan en un fallo a favor del contribuyente, pero claro, llegar a ese punto es muy caro, muy lento, muy costoso… ¿Es así en otros países?
R: Las estadísticas apuntan precisamente en la dirección contraria. En España, cerca de la mitad de los recursos que llegan a los tribunales terminan con resoluciones favorables a los contribuyentes y contrarias al criterio de la Agencia Tributaria. Estamos hablando de porcentajes próximos al 50%, frente a tasas que suelen situarse entre el 5% y el 10% en la mayoría de las economías desarrolladas. En Reino Unido, por ejemplo, el porcentaje de decisiones contrarias a la administración tributaria se mueve en el entorno de un solo dígito. Dicho de otro modo: en España los tribunales corrigen a Hacienda varias veces más que en países comparables.
Conviene también observar la evolución de las cifras de recaudación. El crecimiento de los ingresos fiscales en España ha triplicado la media registrada por la OCDE en los últimos años y ha llevado la recaudación a máximos históricos. Cuando se combinan estos datos con el elevado número de resoluciones judiciales favorables a los contribuyentes, resulta legítimo preguntarse si el sistema está encontrando el equilibrio adecuado entre la lucha contra el fraude y el respeto a los derechos de los ciudadanos.
P: Si pudiera impulsar una única reforma para proteger mejor a los contribuyentes, ¿cuál sería?
R: En la mayoría de los países, una reclamación de Hacienda no exige ningún tipo de pago por adelantado hasta que el asunto no se ha resuelto en los tribunales. En España sí se produce tal escenario, a pesar de que más o menos la mitad de los casos que llegan a los jueces se resuelven en contra del fisco y a favor de los contribuyentes. En términos legislativos, sería muy sencillo introducir esa reforma e indicar que, si acaso hay que pagar a Hacienda, será solamente con una sentencia firme encima de la mesa.
P: Se acercan las elecciones generales, previstas para 2027. ¿Está la opinión pública a su lado?
R: Creemos que el sufrimiento que están soportando miles de contribuyentes españoles justifica el cambio de actitud que estamos empezando a percibir en la opinión pública, cada vez más consciente y solidaria con quienes se ven sometidos a este tipo de actuaciones. Entre este año y el próximo recorreré España junto a Bob Amsterdam para seguir escuchando y documentando los testimonios de personas afectadas por esta situación. Es fundamental que, de cara a las próximas elecciones, esta cuestión se convierta en una prioridad para los votantes y en una exigencia ineludible para los responsables políticos, que no pueden seguir mirando hacia otro lado.