La vivienda es ya una de las grandes preocupaciones de la sociedad española, puesto que en los últimos años el precio de los inmuebles ha registrado una tendencia alcista que ha alcanzado niveles récord. El problema es que desde el Gobierno se insiste en aplicar las políticas que, precisamente, han provocado esta situación.
Así las cosas, en Con Ánimo de Lucro contamos con Diego Sánchez de la Cruz y Juan Navarrete, del Instituto Juan de Mariana, que presentan un libro editado recientemente por el organismo sobre esta cuestión: Un país sin casas. Cómo la política rompió el mercado de la vivienda, que cuenta además con la participación de destacados analistas como Santiago Calvo y Fernando Pinto, además de prólogo de Juan Ramón Rallo.
Necesario cambio de paradigma
Concretamente, Sánchez de la Cruz y Navarrete han profundizado en el efecto que han tenido las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez en el mercado de vivienda, lastrando la oferta de inmuebles y disparando sus precios. Precisamente, la Ley de Vivienda representa la principal norma del Ejecutivo en materia inmobiliaria y, allí donde se ha aplicado, ha generado los efectos contrarios a los que buscaba.
El colapso de la oferta es evidente en las cifras: de las más de 800.000 viviendas anuales construidas antes del estallido de la burbuja, se ha pasado a escasamente 80.000 en la actualidad. Sin embargo, desde la izquierda se insiste en aplicar los mantras de siempre: perseguir a los propietarios, incrementar la regulación y controlar los precios.
En este sentido, el libro desmonta estos mantras analizando además los fracasos internacionales de los topes al alquiler en ciudades como Estocolmo, París o Berlín. Concretamente, en la capital alemana, la congelación de precios se tradujo en una caída de la oferta del 60%. De hecho, en nuestro país, en Barcelona la regulación ha provocado que el alquiler residencial permanente sea sustituido por fórmulas temporales o turísticas, generando una inseguridad jurídica extrema para los pequeños propietarios.
Con todo, los expertos proponen un cambio de paradigma para solucionar de raíz este problema, que pasa por la derogación de la Ley de Vivienda y el fin de los controles de precios. Del mismo modo, defienden que se debe avanzar hacia una profunda liberalización del suelo, garantizando que cualquier terreno que no esté específicamente protegido por motivos medioambientales reales pueda ser urbanizado, devolviendo la confianza y la seguridad jurídica a la iniciativa privada.