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Enmendar faltas anteriores

Una cosa es que el delito, por prescripción no pueda perseguirse, y otra bien distinta es considerar que el delito no ha existido.

Una cosa es que el delito, por prescripción no pueda perseguirse, y otra bien distinta es considerar que el delito no ha existido.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abandona el Congreso tras su intervención en el pleno donde responde a preguntas del PP, PNV y Podemos. EFE/ Javier Lizon | EFE

Lo hemos oído más de una vez, y es propio del buenismo en el que se refugia la sociedad actual. No lo critico porque, además, si la enmienda es efectiva y no sólo un postureo, seguramente no volveremos a lamentarnos por las mismas faltas en el futuro.

Aunque conviene evitar confusiones. En estas fechas, ante descubrimientos delictivos que afectan a personas del máximo nivel político y social, la línea de defensa esgrime que, los delitos que se imputan han prescrito, así que dejemos de tratar el tema, como si nada hubiera ocurrido. Una cosa es que el delito, por prescripción no pueda perseguirse, y otra bien distinta es considerar que el delito no ha existido.

Si el hecho presuntamente delictivo existió, existió para siempre, con independencia de que el transcurso de tiempo haga que, aquel delito, que habría sido perseguible al momento de cometerse, no lo sea en la actualidad.

Algo semejante es la visión indulgente, que estima el anuncio del presidente Sánchez de presentar en 2026 los Presupuestos para 2027, como un cambio de actitud que sanea las faltas cometidas los años 2024, 2025 y 2026, sin presentación y sin aprobación por las Cámaras.

Otra cosa es, y no soy capaz de situarme en el fuero interno del presidente del Gobierno, si él, que estaba obligado constitucionalmente a su presentación, ha llegado a considerar, a posteriori, que es mejor gobernar sin presupuestos formales, en tiempo y forma, para poder hacer en cada momento lo que considere más conveniente.

Las primeras consecuencias, así parecen confirmarlo los datos de ejecución presupuestaria. Hasta abril de 2026, se habían producido un sesenta y cuatro por ciento de modificaciones presupuestarias más que en el mismo período de 2025, y por un importe superior a los treinta y dos mil millones de euros. Me parecen muchas modificaciones y mucha cuantía, para referirnos como "modificaciones".

Son alteraciones que el Gobierno instrumenta para dar cumplimiento a fines distintos a los considerados por el legislativo, en su aprobación – 2022 para 2023 –. O sea, lo que en el román paladino diríamos: optar por fines que le vengan en gana.

Y, el problema es aún mayor porque, cuando se altera una vez el deber ser, se acaba con frecuencia optando por ese comportamiento. De ahí, la preocupación y advertencias de la Unión Europea a España por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado con los fondos europeos Next Generation.

En 2025 y comienzos de 2026, España ocupaba un lugar prevalente en los compromisos para tales recursos, así como en la recepción de transferencias de la U.E. para cumplimiento de los planes. Sin embargo, no ha llegado a un tercio de los créditos recibidos, los que se han transformado en pagos efectivos al sector real de la economía.

Además, aquellas modificaciones del Gobierno, acumuladas desde 2023, elevan su cifra a 182.000 millones de euros de fondos europeos destinados a pagar pensiones –un fin prohibido en el Plan– por lo que sus efectos, para los objetivos del PRTR, han sido mínimos o nulos.

¡Quizá, algún día, llegue la deseada transformación!

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