En España llevamos años hablando de electrificación, reindustrialización y digitalización con mucha ambición, pero únicamente sobre el papel. Grandes planes e inversiones que encallan en la realidad de una burocracia tan ineficiente como absurda. Ningún tipo de prosperidad puede tener lugar sin una red eléctrica segura que sostenga el crecimiento industrial y la transformación tecnológica que necesitamos. Y aquí es donde nos topamos con la realidad, una empresa como Red Eléctrica que ostenta el monopolio de la gestión de la red en nuestro país, aunque su historial de ejecución sea francamente mejorable.
Aterricemos unos datos. El borrador de planificación eléctrica 2025-2030 prevé atender 27,7 GW de nueva demanda mediante 659 posiciones en 254 subestaciones. Suena impresionante. Hasta que uno mira debajo de la alfombra. De esas 659 posiciones, resulta que 402 proceden de planificaciones anteriores que nunca llegaron a ejecutarse. Es decir, una parte enorme de lo que se presenta como futuro no es futuro. Es pasado incumplido.
No estamos ante una red eléctrica que avanza con lentitud por la complejidad del sistema, sino ante un modus operandi donde los retrasos se han normalizado hasta el escándalo, precisamente porque el encargado de ejecutarlos detenta un monopolio protegido por el Estado. Según los datos analizados por la consultora PwC, más del 50 % de las actuaciones registran retrasos, con una media de siete años. ¡Siete años! Piensen ustedes que contratan la reforma de su casa y el retraso en la ejecución es de siete años. Pues eso es lo normal para Red Eléctrica. En un país que presume de transición energética, de industria verde y de revolución digital, la infraestructura básica avanza con ritmos propios de gestiones más… caribeñas.
Y todavía hay más. Algunas ejecuciones arrastran demoras desde la planificación de 2008. Estamos en 2026 y seguimos arrastrando inversiones que debían haberse hecho hace casi dos décadas. Luego nos cuentan que España tiene un problema de vivienda, de competitividad industrial o de atracción de inversión. No. España tiene un problema más básico, un Estado inoperante incapaz de desarrollar las infraestructuras necesarias para que el país crezca al ritmo que podría crecer.
Sufrimos la zozobra de los monopolios blindados, que tienen incentivos para todo menos para servir al ciudadano. Si al menos la cosa funcionara bien, tendría un pase. Pero sucede lo contrario. Hay retrasos y no pasa nada. Perdemos capacidad de crecimiento y de innovación, pero no pasa nada. Hay un apagón y no pasa nada, la culpa es de otros. No hay rendición de cuentas, los ciudadanos somos meros rehenes del pasteleo político, y de ese modo nos tratan. Cuando algo funciona manifiestamente mal y, aun así, conserva intactos sus privilegios, lo que falla no es solo una empresa. Falla el sistema que la protege.
Por eso la discusión ya no puede ser técnica. Esa página ya pasó. Es institucional. Si quien controla la red no ejecuta en plazo, debería perder el monopolio de esa ejecución. Si una infraestructura crítica se convierte en freno del país, hay que abrir la puerta a terceros. Si la red es demasiado importante para dejarla en manos de una mala gestión, lo sensato no es resignarse. Lo sensato es romper ese monopolio.
Porque de esto depende mucho más que un debate sectorial. Depende de que llegue industria o se vaya. Depende de que haya capacidad para nuevos desarrollos urbanos o no. Depende de que la digitalización tenga una base material real. Depende, en definitiva, de que España deje de hacer propaganda sobre el progreso y empiece a construirlo. Hay actores que entorpecen en lugar de ayudar. Y deberíamos hacer algo al respecto.