La inmigración es uno de los temas que, en los últimos tiempos, más importancia ha adquirido en el debate público. ¿Es positivo todo tipo de inmigración? ¿La inmigración conlleva, siempre y en todo lugar, un beneficio económico para los países receptores? Y, centrándonos en la regularización masiva puesta en marcha por el Gobierno, ¿está el Ejecutivo tratando de modificar el censo electoral?
Lo que está claro es que, si la izquierda insiste en defender la regularización masiva como la que ha llevado a cabo el Gobierno, además de lo establecido en la llamada Ley de Nietos —que permite a los hijos y nietos de españoles nacidos en el extranjero obtener la nacionalidad española de origen—, es porque existe algún interés. Puede ser un interés de tipo electoral: se está denunciando que el Gobierno puede alterar el censo, sobre todo colocando a estas personas en las circunscripciones en las que el voto individual tiene un peso mayor.
De hecho, como hemos informado en Libertad Digital, desde las últimas elecciones generales de julio de 2023, el número de inscritos en el CERA —es decir, el Censo Electoral de Españoles Residentes Ausentes— ha pasado de 2,33 millones de personas a 2,7 millones, lo que representa un incremento de más de 370.000 electores, equivalente al 16%. Así, si la tendencia actual se mantiene, el censo exterior podría acercarse a los tres millones de inscritos en 2027. Por tanto, la ley de nietos podría disparar el censo exterior con 600.000 nuevos votantes para 2027.
Del mismo modo, no podemos olvidar que la inmigración es uno de los principales motores que explican el impulso económico del que presume el Gobierno. Son distintos los estudios que apuntan a una gran dependencia de nuestra economía de la inmigración. Según un informe de Funcas, publicado el pasado mes de febrero, la incorporación de la fuerza laboral extranjera explica el 47% del crecimiento del PIB desde 2022 en España.
Otro estudio, más reciente, publicado por el Instituto de Estudios Económicos, señala que, entre 2018 y 2025, el aumento del factor demográfico total explica el 43% del crecimiento del PIB, mientras que la población con nacionalidad extranjera y doble nacionalidad eleva su peso económico del 11,6% al 18,5% y aporta el 73,9% del crecimiento total del PIB en ese periodo.
Pese a todo, podría ser también un interés de tipo ideológico: quizás el Gobierno estima que puede beneficiarse políticamente de recurrir al sentimentalismo, presentándose como un Ejecutivo con una gran preocupación humanitaria. Sea como sea, el objetivo último del Gobierno es, evidentemente, político: utilizar la inmigración para su propio beneficio político.
Sin embargo, la inmigración masiva no nos va a salir gratis, al menos en términos económicos. Aunque el Gobierno nos vende que los inmigrantes vienen a pagar las pensiones con más cotizaciones, la realidad es bastante distinta. Un reciente informe de la Airef estima que la población residente de España aumentará desde los 49,1 millones a 1 de enero de 2025 hasta 52,7 millones en 2050, "debido, fundamentalmente, a la evolución del saldo migratorio neto".
En este sentido, el informe dedica un apartado a los efectos sobre las cotizaciones sociales de la regularización masiva de inmigrantes del Gobierno, que comenzó el pasado mes de abril y termina a finales de este mes. La conclusión: impacto mínimo en la recaudación de los impuestos al trabajo. Según el organismo, "el impacto de esta regularización extraordinaria sobre las cotizaciones sociales podría situarse en torno a 0,031 puntos porcentuales de PIB en promedio durante el periodo 2022-2050".