La lacra de las bajas laborales en España continúa generando debate. La semana pasada, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reabrió la discusión sobre un problema que llevan años denunciando las empresas de nuestro país y que no deja de empeorar.
La situación es de tal gravedad que el equivalente de trabajadores que no acudieron ningún día a su puesto en el ejercicio 2025 ascendió a 1.789.369 personas, según los recientes datos de la patronal de mutuas Amat.
"Esto es un cáncer que no podemos pagar" señaló Feijóo, que también cuestionó que un trabajador cobre igual cuando va a trabajar que cuando está de baja, en relación a los complementos salariales que ofrecen las empresas y que aparecen en los convenios colectivos. "Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar… ¿qué quieren que les diga?" afirmó el popular.
Las palabras de Feijóo han indignado a la izquierda en general y al Gobierno en particular. Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, Mónica García… Desde el Ejecutivo se han lanzado contra el líder de la oposición por poner encima de la mesa la existencia de bajas fraudulentas. Que cada vez haya más empresas de detectives especializadas en destapar engaños relacionados con las ausencias al trabajo por enfermedad ya supone una prueba en sí misma de lo que la izquierda insiste en negar.
Los fenómenos extraños con las bajas
La incoherencia de que España sea de los países con mayor esperanza de vida de la OCDE, pero también sea de los que más bajas laborales registra; que los autónomos falten menos al trabajo que los asalariados, y estos, a su vez, falten menos que los funcionarios; que los jóvenes enfermen más que los mayores o que los lunes se enferme más que los viernes son datos que también vienen a demostrar que, además de enfermedades reales, detrás del absentismo laboral están los incentivos.
El 'milagro' de los funcionarios
Otro ejemplo de ello lo tenemos si nos remontamos al año 2012, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó el Real Decreto-ley 20/2012 en plena crisis de deuda para contener el gasto público.
Entre otras medidas, la norma eliminó el complemento salarial que permitía a muchos funcionarios mantener prácticamente el 100% de su sueldo durante una incapacidad temporal por contingencia común (la que se produce por enfermedades fuera del trabajo y las que son objeto de polémica ahora).
A partir de entonces, la remuneración durante los 3 primeros días de baja quedó limitada al 50% y en los días 4 al 20, al 75% (cabe recordar, por ejemplo, que el trabajador de la empresa privada no cobra nada durante los primeros tres días de baja a no ser que la empresa se lo complemente).
Tras esta medida, los datos que ha facilitado Amat a Libre Mercado reflejan un efecto inmediato: al cobrar menos estando de baja, la salud de los funcionarios mejoró milagrosamente.
Como se observa en el gráfico, entre 2012 y 2013, el índice de incidencia de las bajas en el sector público cayó un 25,08%, hasta situarse, incluso, por debajo de las del sector privado. Así, de los 26,31 procesos de baja por cada 1.000 empleados públicos de 2012 (en el sector privado eran 20,1 procesos) los procesos se redujeron a 19,71 en 2013, el primer año con los complementos reducidos.
La evolución posterior de las bajas de los empleados públicos también resulta llamativa. Entre 2013 y 2018, el índice de incidencia de las bajas de los funcionarios volvió a crecer de forma gradual, aunque permaneció por debajo del observado en el sector privado. Es decir, los funcionarios tenían menos bajas que los asalariados al tener limitados los complementos salariales.
Sin embargo, en el año 2018 llegó el punto de inflexión y las bajas de los funcionarios volvieron a superar a las de los trabajadores de la empresa privada. ¿Qué ocurrió entonces? Ese año, el Gobierno de Sánchez volvió a recuperar los complementos salariales del 100% en los casos de baja.
Por tanto, el índice de incidencia de las bajas en el sector público aumentó un 11,81% en 2018 y se disparó otro 26,56% en 2019, coincidiendo con el restablecimiento de los complementos salariales. En el año 2025, mientras los trabajadores asalariados cosecharon 38,16 procesos de baja por cada 1.000 empleados, los funcionarios superan ese número, con 43, más del doble que en 2013.