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El Gobierno gasta 4 millones en informar por carta de la subida de la pensión a los jubilados

Los gastos de fabricación incluyen 236.298,48 euros en bobinas de papel y 182.661,60 euros en sobres.

Los gastos de fabricación incluyen 236.298,48 euros en bobinas de papel y 182.661,60 euros en sobres.
Funcas

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha gastado este año 4.019.965,85 euros en enviar la carta que informa a los jubilados cuánto subió su pensión en 2026. Libre Mercado ha tenido acceso en exclusiva a dos documentos oficiales del organismo obtenidos gracias a una solicitud de información pública amparada en la Ley de Transparencia.

En ellos se detalla cómo ha aumentado esta partida en dos años, pasando de 3.171.683,52 euros en 2024 a poco más de 4 en 2026, lo que supone exactamente un incremento del 26,7455%.

Los documentos están firmados por Carmen Armesto González-Rosón, directora general del Instituto Nacional de la Seguridad Social, con un sueldo anual de 111.353,80 euros anuales en 2025.

La normativa del INSS establece que las cartas enviadas a los pensionistas sobre la revalorización de sus prestaciones deben incluir datos mínimos obligatorios. De acuerdo con la Resolución de 17 de enero de 1996, estas notificaciones individuales deben informar del importe íntegro de la pensión anterior, el porcentaje y cuantía del incremento, el nuevo importe revalorizado que se percibirá y las retenciones aplicables.

Campaña de pensiones 2026

Según sus datos, el organismo ha impreso, ensobrado y distribuido un total de 11.152.999 cartas sobre la actualización de las pensiones del sistema de Seguridad Social. El desembolso global de la operación, IVA incluido, alcanza los 4.019.965,85 euros. El importe más elevado corresponde al envío de las misivas, que sumó 3.512.696,13 euros con tarifas de 0,26 euros para cartas locales nacionales, 0,31 euros para las interurbanas, 1,35 euros hacia Europa y 1,39 euros al resto de países.

Los gastos de fabricación incluyen 236.298,48 euros en bobinas de papel, 182.661,60 euros en sobres, 27.252,23 euros en tintas y 59.243,62 euros en el propio servicio de impresión.

Se añadieron 1.813,79 euros por recogida y tratamiento de las correspondencias. El importe medio por unidad enviada se sitúa en 0,36 euros. El diseño de los contenidos se gestionó internamente con recursos propios del Instituto sin partida económica separada. El ciclo de producción y envío transcurrió entre el 14 de enero y el 2 de febrero de 2026, mientras la fase de recogida se prolongó hasta el 27 de febrero.

Campaña de pensiones 2024

Dos ejercicios antes, el mismo organismo remitió 10.679.086 notificaciones individuales sobre la revalorización de las prestaciones. El montante total entonces fue de 3.171.683,52 euros, repartidos en 428.230,28 euros para materiales e impresión y 2.743.453,24 euros para servicios postales. La diferencia entre ambos periodos evidencia un encarecimiento significativo de la operación informativa pese al moderado aumento en el volumen de beneficiarios.

Justificación del formato papel

El INSS fundamenta el uso del formato físico porque los perceptores de dichas prestaciones de la Seguridad Social no están habituados a interactuar electrónicamente con la administración. La normativa permite a las personas físicas elegir en cualquier momento el canal preferido para sus relaciones con el sector público, y los jubilados quedan excluidos de los colectivos en los que se impone la vía digital. Por tanto, la entidad se ve obligada a notificar la resolución de revalorización en papel, salvo que el interesado haya seleccionado expresamente la opción electrónica.

Efecto fiscal de las revalorizaciones

Las actualizaciones anuales de las pensiones aumentan la renta percibida por los jubilados, por lo que también influyen en las retenciones del IRPF. Estas prestaciones se clasifican como rendimientos del trabajo, por lo que están sujetas a los porcentajes de retención aplicables según la cuantía anual total y la situación personal del perceptor. Este mecanismo implica que parte del incremento mensual derivado de la revalorización se destina al pago de impuestos, por lo tanto, gran parte de este aumento va posteriormente de nuevo a las arcas públicas.

Gasto en pensiones

En paralelo al aumento de la recaudación vía salarios y pensiones, la Seguridad Social afronta una factura difícil de sostener por el aluvión de nuevos jubilados, las subidas y los complementos a las pensiones. El gasto en pensiones contributivas registra incrementos mensuales notables, con la mayor parte del desembolso concentrada en las prestaciones de jubilación. En junio de 2026, la nómina ordinaria mensual ya superó los 14.397 millones de euros, con las pensiones de jubilación concentrando 10.558 millones de euros de ese total. Esta evolución refleja la combinación de un colectivo más numeroso de perceptores y de cuantías más elevadas derivadas de las políticas de actualización anual.

Las proyecciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal estiman un crecimiento adicional del 5,9% en 2026, situando la partida en torno a la insostenible cifra de 193.300 millones de euros solo en el ámbito contributivo. Al incorporar las pensiones no contributivas, el importe consolidado superará por primera vez los 200.000 millones de euros.

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