La política comercial de Donald Trump está encontrando importantes obstáculos dentro de su país. Precisamente, el pasado mes de febrero la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que el presidente violó la ley federal al imponer de forma unilateral aranceles por todo el mundo bajo la invocación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), lo cual supuso un duro golpe para el líder republicano, al ser esta una parte fundamental de su política económica.
Ahora Trump se tendrá que enfrentar de nuevo a la decisión de los tribunales después de que numerosos estados norteamericanos hayan decidido denunciar la entrada en este mes de julio de unos nuevos aranceles que oscilan entre el 10% y el 12,5%. Estos nuevos aranceles afectan a más de sesenta economías mundiales, entre ellas a la Unión Europea, habiéndose impuesto sobre sobre más de ochenta países.
Concretamente, las nuevas tasas impuestas sobre las importaciones se remiten a la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que autoriza la puesta en marcha de estas medidas como respuesta a la supuesta realización de prácticas comerciales desleales por parte de otros países que se considere que restringen el comercio nacional de Estados Unidos.
En este contexto, la mitad de los estados de Estados Unidos han demandado este lunes al presidente por la imposición de estas tasas sobre las importaciones que proceden de gran parte de los socios comerciales del país norteamericano. De este modo, la demanda ha sido impulsada por los estados de Oregón, Arizona y California, siendo suscrita por otros 22 estados.
Al respecto, los estados denunciantes argumentan que los nuevos aranceles son "igual de ilegales" que los que el Tribunal Supremo declaró inconstitucionales. Además, la demanda interpuesta apunta que "los aranceles impuestos por el Representante Comercial de Estados Unidos son tan amplios que contradicen sus propios objetivos declarados y ridiculizan la ley utilizada para justificarlos".
Del mismo modo, la denuncia presentada señala que "los estados demandantes se oponen al trabajo forzoso en todas sus formas y apoyan la protección de los trabajadores en todo el mundo", incidiendo además en que, no obstante, "la Administración no puede usar el trabajo forzoso como pretexto para continuar con su plan arancelario ilegal". Asimismo apuntan que Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, no se ajusta a los procedimientos y requisitos legales existentes, motivo por el cual creen que los aranceles deben ser anulados, alegando además que se debe devolver el importe de los aranceles que ya se hayan abonado.
El Supremo tumbó otros aranceles
El pasado febrero el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que los aranceles puestos en marcha por Donald Trump violaban la ley federal, debido a que estos fueron impuestos de manera unilateral a diversos países. De modo que estos fueron declarados ilegales.
Desde entonces las autoridades aduaneras han hecho frente a solicitudes para la devolución de los pagos realizados por miles de empresas por un valor aproximado de 166.000 millones de dólares (lo que corresponde a 144.230 millones de euros), dado que entre el 20 de enero y el 15 de diciembre de 2025 Estados Unidos recaudó más de 200.000 millones de dólares por el cobro de dichas tasas.
Tras esta sentencia, la Administración de los Estados Unidos decretó la puesta en marcha de un arancel global del 10%, declarado de nuevo ilegal por un tribunal de comercio. Sin embargo, se permitía que estos últimos se mantuviesen en vigor durante el proceso de apelación, hasta que expiraron el pasado mes.
Por su parte, los últimos aranceles de la Administración Trump ya fueron previamente objeto de acciones legales por parte de dos empresas, cuyos abogados alegaron que estos no se ajustaban a la "investigación específica por país" que el Congreso presuponía cuando se aprobó la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Asimismo apuntaban que el representante comercial de Estados Unidos no había explicado "cómo las prácticas concretas de cada economía suponen una carga o restringen el comercio de Estados Unidos".