La pequeña empresa española dedica ya en torno a diez días al mes a tareas administrativas: de cada dos jornadas, una trabaja para sí y otra para la Administración
Hay algo profundamente reconfortante en el mes de agosto en España: las oficinas públicas aflojan el paso, las Cortes entran en letargo y la ciudadanía abriga la fugaz ilusión de que el Estado, por unas semanas, se ha olvidado de ella. Es un espejismo. Mientras el bañista medio averigua si su bañador cumple con lo que sea que haya que cumplir, la maquinaria del boletín oficial no descansa. Sigue tejiendo la telaraña.
Vayan al BOE del 30 de julio, ese día en que media España hacía la maleta. Allí aguardaba el Real Decreto 643/2026, que concede a todo empleador seis meses para revisar y comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social el dato de ocupación de cada trabajador. Una tarea más, tan menor en el papel como cara en la práctica, deslizada mientras el vecino está en la playa. Y no viajaba sola: Trabajo apuró julio para sacar adelante el nuevo registro horario y ultima la trasposición de la directiva de transparencia retributiva, que obligará a explicar por escrito con qué reglas suben los sueldos —dando por supuesto que los suben—. Todo en tres semanas. Todo con el país mirando al mar.
No es un accidente de calendario: es un método. No pasa una semana sin que un real decreto o una directiva traspuesta con entusiasmo mamporrero venga a explicarnos cómo producir, cómo contratar o cómo alquilar, todo envuelto en el celofán de la protección al débil. Y todo sobre una convicción que en el despacho del regulador jamás se discute: que el trámite se produce gratis. La CEPYME lo ha cuantificado: en España se aprueban 3,8 normas nuevas cada día. Y mientras el 25% de las empresas europeas considera la carga normativa un problema grave, aquí lo cree el 60%. De donde cabe concluir que el empresario español es un quejica, o que tiene más del doble de motivos.
El problema no es solo el tedio; es la asimetría. Para una compañía del IBEX 35, con un departamento de cumplimiento normativo del tamaño de un ministerio centroeuropeo, la nueva traba es una molestia administrativa, cuando no un excelente mecanismo de defensa corporativa: cada folio añadido eleva el listón que el competidor pequeño no puede saltar. Para una pyme de doce trabajadores es una sentencia de muerte por asfixia. La pequeña empresa española dedica ya en torno a diez días al mes a tareas administrativas: de cada dos jornadas, una trabaja para sí y otra para la Administración. Es el capitalismo de BOE en estado puro: ahogar la competencia mediante costes fijos que solo el gigante amortiza.
Tras el furor normativo late una desconfianza más antigua que cualquier gobierno: la convicción de que la sociedad civil es menor de edad y el mercado un ecosistema salvaje que requiere la tutela constante de un burócrata. Se ha sustituido la seguridad jurídica —normas pocas, claras y estables— por el intervencionismo de detalle. La facturación electrónica mide bien su coste: entre el Real Decreto 1007/2023, dos aplazamientos y un reglamento de 2026 cuyo calendario aún pende de una orden ministerial, cientos de miles de empresarios han pagado software, asesoría y horas de angustia para cumplir una obligación cuya fecha ha cambiado tres veces. Nadie ha respondido de ese coste, porque no consta en ningún sitio: las memorias de impacto miden lo que cuesta cumplir una norma, nunca lo que cuesta esperarla.
Crecemos al 2,7%, repiten desde la piscina gubernamental, como si el dato del segundo trimestre fuera una crema solar de factor 50. Conviene leer la composición: la demanda nacional aportó 3,3 puntos y la externa restó 0,6. Crecemos empujando el carro por dentro —gasto público, más horas y más gente trabajando—, no produciendo mejor.
Y eso es lo que importa, porque lo que no crece es justamente lo único que cuenta a la larga. La renta por habitante sigue anclada en el 92% de la media de la Unión en paridad de poder adquisitivo, y la productividad ha retrocedido desde el 95% de hace ocho años hasta cerca del 88%. Morir de compliance no figura en la contabilidad nacional, pero desincentiva la inversión con mucha más eficacia que cualquier subida de tipos. La propia Comisión Europea acaba de recomendar a España simplificar su regulación y mejorar la calidad del gasto.
Lo llamativo es que el antídoto ya se ensaya en casa, y no precisamente en el Congreso. La Rioja aprobó en abril su ley de simplificación administrativa, mercado abierto y calidad normativa; la Comunidad Valenciana promulgó en junio una ley de medidas urgentes frente a la hiperregulación. Hay algo espléndidamente español en necesitar una ley para reducir el número de leyes. Pero el gesto vale con independencia de su eficacia: son dos administraciones reconociendo por escrito que el problema de la economía española no es la norma que falta, sino la que sobra.
Quizá este agosto, entre chapuzón y granizado, debiéramos exigir un verano de verdadera vacación legislativa: una moratoria en regla, con la vieja receta anglosajona incorporada: por cada norma nueva, la derogación efectiva de dos. Es una regla tosca, incapaz de distinguir lo urgente de lo superfluo. Precisamente por eso funcionaría: es la única que no admite memoria justificativa.
Mientras tanto, disfruten de la playa. Eso sí, revisen la ordenanza municipal antes de poner la toalla. No vaya a ser que les pillen sin licencia de ocupación de arena y, con el bañador sin homologar, la multa venga por duplicado.