Si por algo se caracteriza el Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda, además de por haber dificultado su acceso a la mayor parte de la población, es por haber minado la seguridad jurídica de la propiedad privada y por haber favorecido al okupa en perjuicio del legítimo propietario.
No obstante, y como ya hemos contado en otras ocasiones en Libre Mercado, la propia Administración Pública gasta cada año miles de euros en protegerse contra los okupas, mientras desde el Gobierno se niega que haya un problema con la okupación. Si observamos los anuncios publicados por la Administración Pública para la contratación de servicios antiokupas (puertas blindadas, alarmas, etc.), veremos que, en lo que va de 2026, el coste supera los cientos de miles de euros.
A continuación, veremos una lista de las instituciones públicas que han anunciado distintas licitaciones para la contratación de servicios antiokupas:
- El Ayuntamiento de Barberá del Vallés publicó el 25 de febrero de 2026 una licitación por valor de 52.160 euros para la "contratación mixta del suministro, en régimen de arrendamiento, de puertas de seguridad, paneles antiocupación y de equipos de alarmas de intrusión".
- El Ayuntamiento de El Prat de Llobregat, por medio de la empresa municipal Prat Espais (encargada de gestionar vivienda pública), publicó el pasado 23 de enero de 2026 una licitación por valor de 52.944 euros para "el suministro e instalación de puertas y otros elementos de seguridad para la protección de los inmuebles gestionados por Prat Espais".
- La empresa municipal Emuvijesa, dependiente del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, publicó el 30 de abril de 2026 una licitación por valor de 136.950 euros para la "contratación del servicio integral de seguridad preventiva frente a la intrusión y ocupación ilegítima, mediante el suministro, instalación, mantenimiento, retirada, reposición, control y verificación de sistemas de protección física y electrónica en los inmuebles y demás instalaciones gestionadas por Emuvijesa".
- El Ayuntamiento de Mataró, por medio de su empresa municipal de Promociones Urbanísticas de Mataró, anunció una licitación el pasado 13 de mayo por valor de 660.000 euros para la "contratación del suministro, en régimen de alquiler, así como los servicios de instalación, mantenimiento y retirada de los elementos y sistemas de protección para evitar posibles ocupaciones ilegales y actos vandálicos de los inmuebles gestionados por Pumsa. También forman parte del objeto del contrato los servicios de vigilancia por alarma".
- La Empresa Municipal de la Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa) anunció una licitación el 22 de mayo de 2026 por valor de 1.189.000 euros para el "suministro, en régimen de alquiler, e instalación de protecciones antivandálicas y alarmas".
- Por último, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), dependiente de la Junta de Andalucía, publicó una licitación el pasado 29 de mayo por valor de 360.000 euros por la que buscaba el "suministro de puertas antiocupación y alarmas, además de vigilancia sin armas".
Más de 2,4 millones de euros de coste
Si sumamos todas las cantidades, veremos que el coste asciende hasta los 2.451.054 euros. Es decir, más de 2,4 millones de euros para combatir un problema "que no existe".
Así pues, mientras el Gobierno sigue negando que exista un problema con la okupación, la propia Administración Pública gasta el dinero de los contribuyentes en protegerse frente a la okupación que niega, mientras dichos contribuyentes siguen sufriendo este problema.