Con "agosticidad y alevosía", en los términos utilizados por un enfadado Juan López de Uralde, el Gobierno dio finalmente su brazo a torcer con la central nuclear de Almaraz, dando el sí a una prórroga de tres años. Nadie del Gobierno dio la cara y desde el Ministerio de Transición Ecológica, y en el propio texto de la orden ministerial, se enfatizó que la intención de cerrar todo el parque nuclear continúa intacta. La miniprórroga, justificaron, es "coyuntural" y se justifica por una "situación energética excepcional".
Lo cierto es que la fecha de 2030 solicitada por las empresas no era casual y, aunque el Gobierno diga que nada cambia, el panorama varía, y mucho. Desde las compañías se lanzó la fecha de 2030 como la más viable para obtener un tiempo extra para repensar el panorama energético español. El motivo, que para la obtención de la anterior prórroga en 2020 Almaraz presentó su Revisión Periódica de Seguridad para diez años aunque finalmente sólo se le concediera una extensión de siete. Eso hacía que una parte sustancial de la compleja documentación que hace falta presentar para obtener una autorización de operación estuviera en buena parte ya aprobada: el trámite sería mucho más sencillo solicitando sólo tres años en lugar de diez y también a la otra parte, el Gobierno, le sería más difícil de rechazar y podría venderlo ante los suyos como una extensión de trámite que apenas cambia nada.
Sin embargo, estos tres años cambian mucho más el panorama de lo que pudiera parecer y, aunque el Gobierno defienda que el calendario hasta 2035 sigue plenamente vigente, será difícil que se mantenga en pie tal y como está planteado. Estos son los motivos:
1. El factor catalán
Hasta ahora, el cierre o no de Almaraz podía reducirse a un problema estrictamente local; un terremoto económico circunscrito a Extremadura, que perdería 4.000 empleos y su principal industria. Pero todo cambia si el debate del cierre se lleva a 2030: en esa fecha está previsto el apagado de otros dos reactores: Cofrentes, en la Comunidad Valenciana, y Ascó I, en Tarragona, y quien ocupe entonces el Gobierno central tendrá enfrente no sólo a Extremadura sino a Valencia y sobre todo al separatismo catalán.
En estos meses de debate, tanto ERC como sobre todo Junts han expresado cada vez de forma más vehemente, con votaciones en el Congreso incluidas, su preocupación y malestar con los planes de apagado nuclear por lo que supondría para Cataluña, una región con un escaso desarrollo renovable y dos centrales nucleares en marcha que suponen el 60 por ciento de la electricidad consumida en la región. Aunque llegó a hablarse de que Sánchez habría intentado tranquilizar a sus socios con la posibilidad de una excepción catalana (cierre de Almaraz pero prórrogas para Ascó y Vandellós), el sector mantiene que en la práctica sería imposible: la clausura de Almaraz generaría un efecto dominó sobre el resto de centrales españolas y las empresas que trabajan para ellas y un cierre de la central extremeña desencadenaría de forma casi inevitable el cierre de las siguientes.
Cuando 2030 se acerque, el debate será pues mucho más complejo y sus futuros protagonistas ya están advirtiéndolo: nada más conocerse la prórroga para Almaraz, la patronal catalana, Foment del Treball, celebró la noticia reiterando al Gobierno su petición de que Ascó y Vandellós también deberían prorrogarse: "Es un paso en la buena dirección y confirma lo que Foment defiende desde hace tiempo: la política energética se ha de basar en criterios técnicos, económicos y de seguridad de suministro, no en planteamientos ideológicos", enfatizó, "Cataluña no se puede permitir prescindir de una energía estable, no emisiva y esencial para la competitividad de nuestra industria".
2. Un golpe al sistema eléctrico
Cerrar Almaraz hubiera supuesto la renuncia de España a una central que proporciona el 7 por ciento de la electricidad al sistema. Cerrar en 2030 de golpe los dos reactores de Almaraz, el de Cofrentes y el reactor 1 de Ascó, significaría dejar a la red sin casi un 12 por ciento de su generación eléctrica. Supondría, según el catedrático de Ingeniería Nuclear Eduardo Gallego, "una tremenda perturbación en el conjunto de producción eléctrica de España" al introducir "un desequilibrio en el sistema eléctrico muy difícil de asumir". La consecuencia, como se viene avisando desde hace años, sería incrementar la producción con gas natural con el correspondiente efecto en la factura y en las emisiones si, como hasta ahora, el desarrollo del almacenamiento energético sigue en pañales.
"Sustituir 4,2 GW nucleares no es baladí", señala al respecto Luis Enrique Herranz Puebla, profesor de Investigación en Seguridad Nuclear y responsable de la Unidad de Investigación en Seguridad Nuclear del Ciemat. Un porcentaje que representó en 2025 casi el 12% de la demanda eléctrica, "sustancial pero no determinante" y que podría ser sustituible en el futuro por renovables pero que generaría una electricidad sin "las características de la electricidad nuclear: generación fiable, generación predecible", capaz de aportar "estabilidad a la red" y "con capacidad de respaldo a otras energías". "El punto crítico sería la capacidad de almacenamiento firme disponible, junto con la hidráulica disponible", recuerda.
3. El desmantelamiento
Que tres reactores tengan que desmantelarse a la vez supondrá que los procesos tengan que ser planificados "con exquisitez para garantizar la capacidad, la logística y el espacio de almacenamiento suficiente", destaca Herranz, que cree que Enresa podría planificarlo adecuadamente. Señala al respecto que "gestionar simultáneamente el combustible no será una tarea menor". Gallego apunta que "se pondrían al límite las capacidades del organismo regulador (el Consejo de Seguridad Nuclear) para analizar los procesos de cierre de forma casi simultánea, dado que su plantilla es limitada, y cada cierre implica un extenso y detallado estudio e inspección de los distintos pasos que garanticen las condiciones de seguridad nuclear y protección radiológica". "También a Enresa se le amontonaría el trabajo, y sin duda los desmantelamientos de cada reactor tendrían que esperar su turno durante varios años", destaca.
4. ¿Cambio de Gobierno?
El factor político decisivo, además de los técnicos, en torno a la nueva fecha límite es el de la posibilidad de que la Moncloa esté ocupada por un Ejecutivo que sí apueste por esta tecnología y, de hecho, el líder del PP se ha apresurado a prometer que él hará lo posible para que Almaraz opere más allá de 2030. Fuentes del sector apuntan que la cita electoral de 2027 ha sido uno de los factores determinantes para tratar de dar esta patada hacia delante: una prórroga pequeña, pero suficiente para que haya margen para "renegociar" el calendario al completo sin la losa casi inamovible del cierre efectivo de Almaraz; un plazo de tres años para que exista la posibilidad de que se plantee la posibilidad de que continúe el parque al completo.
Desde el sector apuntan no obstante que volvería a ponerse sobre la mesa el asunto de los impuestos, dejados esta vez al margen para ganar esta "primera batalla" con Almaraz como punta de lanza. Desde hace unos meses, el sector daba por hecho que al Gobierno no le quedaba otra salida que la prórroga y que el contexto energético le daba la excusa perfecta. La lucha ahora continúa.