La política exterior también tiene un precio. Y cuando ese precio sale del bolsillo del contribuyente, conviene preguntarse qué recibe España a cambio. La pregunta resulta especialmente pertinente cuando hablamos de Marruecos, un país vecino con el que España necesita mantener una relación de cooperación, sí, pero también una relación basada en la reciprocidad, el respeto mutuo y la defensa inequívoca de nuestros intereses.
La serie de Ayuda Oficial al Desarrollo española a Marruecos que se recoge en el gráfico muestra desembolsos netos por un total de 86,4 millones de dólares entre 2015 y 2022.
La cifra no representa todo el dinero público español relacionado con Marruecos, pero sí permite formular una pregunta elemental: ¿qué sentido tiene mantener una política de ayuda exterior cuando la cooperación no va acompañada de una garantía efectiva de los intereses españoles más básicos?
La cuestión ha dejado de ser teórica tras la crisis de Ceuta del 30 y 31 de julio de 2026, que se mantiene sin resolver hoy en día, con los ceutíes asustados y con la playa de Ceuta tomada por los inmigrantes que todavía quedan allí, con problemas claros de seguridad y de salubridad. El Gobierno llegó a hablar de unas 80.000 personas que habían accedido a la ciudad desde Marruecos, aunque posteriormente fuentes oficiales precisaron que la cifra de referencia se mantenía en 72.000. En cualquier caso, estamos ante un episodio de una magnitud extraordinaria, que puso a prueba la capacidad de España para proteger una de sus fronteras y obligó a movilizar recursos públicos extraordinarios.
No hace falta atribuir automáticamente al Gobierno marroquí la responsabilidad por cada persona que cruza una frontera para extraer una conclusión política: un Estado que considera estratégica su relación con España debe contribuir de forma fiable a impedir que una frontera internacional se convierta en un punto de presión sobre el otro país. De hecho, Marruecos reforzó posteriormente de manera muy visible el control de su lado de la frontera, demostrando que dispone de capacidad para actuar cuando considera que sus intereses están en juego. Por tanto, si antes no lo hizo fue o porque no quiso evitarlo o porque no fue más que un test para poner a prueba hasta dónde está dispuesta España a llegar para defender su integridad territorial.
Y aquí aparece una segunda cuestión: la soberanía. Las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla no son nuevas, pero la crisis de este verano ha vuelto a situarlas en el centro del debate. La prensa marroquí volvió a presentar Ceuta como una cuestión de soberanía, mientras desde el Gobierno español se restó importancia a las reclamaciones marroquíes y se alabó, de manera bochornosa, la colaboración del Gobierno marroquí, cuando todo hace pensar que el movimiento de invasión fue alentado por Marruecos.
Ante este escenario, la primera obligación de cualquier Gobierno español debería ser distinguir entre cooperación y dependencia. Cooperar con Marruecos es necesario. Financiar proyectos de desarrollo puede ser razonable. Colaborar en materia policial y migratoria puede resultar útil. Ahora bien, convertir esas políticas en una especie de seguro contra una presión migratoria futura, sin exigir resultados y sin establecer claramente las líneas rojas de nuestra soberanía, es otra cosa.
El problema no es sólo gastar dinero público fuera de España. El problema es gastarlo sin medir su rentabilidad política, económica y estratégica. Cada euro de ayuda exterior compite, en última instancia, con otros usos posibles nacionales de los recursos públicos. Y cuando España afronta una deuda elevada, unas necesidades crecientes de seguridad y una presión extraordinaria sobre sus fronteras, la pregunta por la prioridad del gasto deja de ser una cuestión secundaria.
Por eso habría que revisar la política de ayuda a Marruecos con un principio sencillo: reciprocidad. La cooperación debería estar vinculada a objetivos verificables en control fronterizo, lucha contra las mafias, cumplimiento de acuerdos de readmisión, protección de los intereses españoles y respeto a la integridad territorial de España. No se trata de romper relaciones con Marruecos; se trata de hacer que sean relaciones entre Estados soberanos, no relaciones en las que España pague por aquello que debería formar parte de la responsabilidad compartida, y, mientras tanto, no estaría de más suspender toda transferencia voluntaria a Marruecos, hasta que demuestren que, realmente, respetan la soberanía de Ceuta y Melilla e impiden la inmigración masiva. Marruecos lleva años jugando con España y nuestro país debe mostrar firmeza y hacer ver que el límite de la paciencia y la buena voluntad ya se ha sobrepasado.
Ceuta necesita seguridad, una frontera eficaz y un Estado que tenga claro que la soberanía no se subcontrata. Y España tampoco necesita una política exterior basada en pagar para que los problemas desaparezcan temporalmente. Necesita una política exterior que sepa cuánto cuesta cada decisión, qué resultado produce y qué intereses nacionales protege, no una política exterior sometida a Marruecos no se sabe muy bien por qué motivo, pero la rueda de prensa que el presidente del Gobierno dio en Ceuta fue vergonzosa, porque mostraba una sumisión incomprensible hacia quien se había comportado de manera hostil.
La conclusión, por tanto, no es que toda ayuda a Marruecos deba desaparecer de un día para otro. La conclusión es mucho más incómoda: después de una crisis como la de Ceuta, mantener cualquier ayuda sin revisar sus condiciones, sus objetivos y su reciprocidad exige una explicación mucho más exigente que la mera invocación de que Marruecos es un socio estratégico, porque se demuestra, día sí y día también, que no lo es, sino que sólo busca generarle problemas a España con el objetivo último de arrebatarle las plazas de soberanía española, tan españolas como cualquier municipio de la península o las islas. La economía en estas relaciones también importa y España debería empezar por ahí y hacerle ver a la UE que no se puede tener un trato comercial preferencial con un país que desestabiliza a la UE, pues Ceuta y Melilla son la frontera sur de la UE, que no se olviden de ello nuestros socios europeos, por lo que habría que revisar todos los acuerdos de la UE con Marruecos hasta que este país no dé muestras de que realmente coopera de manera clara, sincera y efectiva, sin dobleces ni traiciones.