La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (Sumar), ha anunciado su intención de que en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) se incluya una Prestación Universal por Crianza de 200 euros al mes por hijo a cargo, tal y como ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press.
En palabras de Rego "tenemos muy buenos datos macroeconómicos, pero quizá nos hace falta un impulso mayor para poner en marcha políticas públicas que resuelvan la brecha de desigualdad de las familias y sobre todo de las cifras más dolorosas, sobre todo las que tienen que ver con pobreza infantil en nuestro país".
"No es un subsidio pensado desde este lugar, no. Es una renta de ciudadanía, de reconocimiento de que los niños y niñas de este país son ciudadanos de primera y, por tanto, el Estado les cuida. Es insoportable que la cuarta economía de la Unión Europea, que uno de los países que tiene más crecimiento económico a nivel mundial tenga las cifras de pobreza infantil que tiene", ha remarcado Sira Rego.
Su coste sería similar a cuatro veces el gasto del IMV
Para Rego, la prestación ha de ser universal, es decir, "que todas las familias por tener hijos menores de 18 años automáticamente la perciban" (pudiendo así percibirla tanto el hijo del más rico como el hijo del más pobre).
Aunque la ministra de Juventud e Infancia no ha precisado cuál sería el coste de esa política, conviene recordar que a principios de 2025 Sumar ya quería incluir la misma medida en los PGE de 2025 (presupuestos que no llegaron a presentarse) y que en este medio explicamos tendría un coste anual de 19.276 millones de euros, o un coste mensual de 1.606 millones de euros.
Para que nos hagamos una idea de lo que supone este coste, sería el equivalente a más de cuatro veces el coste del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que en el año 2025 tuvo un coste total de 4.538 millones de euros. También ese gasto de 19.276 millones de euros equivaldría a ocho veces el gasto anual en Justicia (2.291 millones de euros en 2023).
¿De dónde saldría el dinero?
Para sufragar el coste de implantar esta medida habría que subir los impuestos, ya que resulta improbable que este Gobierno acometa recortes para financiar dicha política. Pues bien, para conseguir esos 19.276 millones de euros adicionales habría que, por ejemplo, incrementar en un 13,5% la recaudación por IRPF de 2025, que fue de 142.466 millones de euros.
Otra opción sería aumentar en un 45,61% la recaudación por el Impuesto sobre Sociedades, que en 2025 ascendió a 42.266 millones de euros. Por último, y a modo de un ejemplo más, habría que incrementar en un 19,4% la recaudación por IVA, que en 2025 fue de 99.532 millones de euros.
En cualquier caso, vemos que el incremento recaudatorio debería ser sustancial para poder sufragar una política de casi 20.000 millones de euros de forma anual, un coste que supondría una carga aún mayor para los ciudadanos españoles que ya han sufrido más de 100 subidas de impuestos desde el año 2018.