Mari Carmen se le ha aparecido a este Gobierno, al más puro estilo de Lourdes o Fátima, para que luego digan que no existen los milagros. No me negarán que la ocasión no ha sido perfecta para borrar del mapa político la ignominia que este Gobierno está cometiendo en Ceuta. El caso de Mari Carmen es la excusa perfecta para señalar culpables ajenos. Lo mismo les vale esto que el abyecto ósculo de Rubiales para llenar diarios y tertulias durante meses.
La sociedad, por su parte, tan propensa a lo iracundo de carácter interino, actúa como si le fuera la vida en ello. En el último año se han ejecutado más de 25.000 desahucios en España, ¿por qué ahora y por qué Mari Carmen? Todos tenemos muy clara la respuesta, pero la maniobra de la izquierda esconde algo de más calado. Su perenne ofensiva contra la propiedad privada. La impostada tragedia de una anciana proporciona la coartada emocional, en el momento justo, para continuar interviniendo el mercado como si eso fuera a solucionar algo.
En la Inglaterra del siglo XVII, proteger la propiedad privada significaba poner límites al rey. La Revolución Gloriosa de 1688 y la Declaración de Derechos de 1689 reforzaron el control parlamentario sobre la Corona, incluida su capacidad de recaudar impuestos. Aquella transformación ayudó a dar credibilidad a una promesa decisiva para el progreso económico. El poder también debía cumplir sus compromisos.
Sobre esa confianza se podían financiar proyectos cuyos frutos tardarían años en llegar. Un taller, una explotación agrícola, después una fábrica. La industrialización necesitó inventos, energía y capital. La seguridad de la propiedad privada favorecía que alguien arriesgara sus ahorros para esos cometidos. Sin embargo, cuando el gobernante puede disponer arbitrariamente de lo ajeno, la incertidumbre nos empobrece a todos por las consecuencias sobre el resto de la economía. Donde no se respeta la propiedad privada, no hay sociedad. Únicamente hay barbarie.
El mecanismo inmobiliario tampoco encierra ningún misterio. Si recuperar un piso resulta más costoso e incierto, habrá propietarios que vendan y otros que exijan mayores garantías. El aspirante con nómina modesta tendrá menos oportunidades. La falaz compasión de los políticos de turno acaba convertida en un filtro que perjudica a los más vulnerables.
No estamos descubriendo nada nuevo, tenemos muchas experiencias previas. En San Francisco, los propietarios afectados por el control de rentas redujeron un 15% su oferta de alquiler. La protección benefició a inquilinos que ya tenían vivienda, pero dejó menos viviendas disponibles para los que no tenían. En Berlín se documentó una caída de los anuncios del segmento regulado tras el tope de alquileres. Ejemplos similares tenemos en Londres y muchos otros lugares. Incluso el Banco de España se ha pronunciado al respecto. Intervenir el mercado no va a hacer que aparezcan más pisos. De hecho, ocurrirá lo contrario. La escasez aumentará y la situación únicamente empeorará.
Hagan memoria. En el 15-M original, la gente protestaba contra los desahucios de las ejecuciones hipotecarias. Simbolizaban el drama de quienes perdían la casa que habían comprado. Es decir, la gente protestaba porque no podía comprar una casa. En este nuevo 15-M, la gente protesta porque no puede pagar el alquiler. La naturaleza de la protesta es muy distinta y muestra la degradación de la calidad de vida como sociedad. Vamos bajando peldaños mientras los que protestan siguen creyendo que están luchando contra la injusticia cuando son, en realidad, la causa de la misma.
Si la legislación que están perpetrando en el Consejo de Ministros ve la luz, dentro de unos años tendremos otro 15-M donde ya no protestarán por los alquileres, sino por la escasez de sitio debajo de los puentes de las autopistas, que será el único sitio donde se puedan permitir vivir. Pero al menos no gobernará la derecha. De victoria en victoria hasta la derrota final.