El copropietario del inmueble en la calle de Sáinz de Baranda donde residió Maricarmen durante 70 años, Ignacio Lázaro, ha señalado la difícil convivencia que caracterizó a la inquilina a lo largo de los años en el edificio.
Lázaro ha recordado episodios cotidianos vividos cuando residía en la misma planta junto a sus tres hijos pequeños. Según ha explicado, cualquier demora comprensible al subir al montacargas con los niños y sus pertenencias provocaba la cólera de la vecina, quien reaccionaba golpeando la puerta del ascensor y dando voces por las escaleras. Asimismo, ha señalado que solía increparlo de manera insistente en las zonas comunes por asuntos ajenos a su gestión, como la temperatura de la calefacción central comunitaria, convenientemente regulada mediante sondas térmicas por una empresa externa.
El copropietario ha remarcado que el trato entre el resto del vecindario siempre fue muy saludable y cercano, fruto de haber crecido juntos en el barrio, por lo que la conducta de Maricarmen resultaba una excepción ligada a su incapacidad para transigir. En la conversación se ha abordado el perjuicio que ocasionan las distorsiones del modelo de renta antigua, un esquema heredado del franquismo y ajeno a las reglas del mercado que obliga a los legítimos dueños a costear las reformas y la conservación de inmuebles antiguos a cambio de ingresos ínfimos.
En el ámbito jurídico, Lázaro ha precisado que el derecho de subrogación de la inquilina tras el fallecimiento de su madre en 2005 concluyó definitivamente en 2007. La subida permitida por ley representaba apenas un incremento insignificante de 30 euros sobre una mensualidad de 150 euros. Pese a encontrarse legitimadas para solicitar judicialmente el desalojo por expiración del plazo legal, las copropietarias optaron de forma benévola por mantener el arrendamiento durante años para no dejarla sin vivienda.
A pesar de esta concesión que postergó la recuperación del inmueble, Lázaro ha censurado la constante falta de gratitud y la hostilidad persistente de la arrendataria hacia los propietarios, una actitud que desembocó en el procedimiento judicial que finalmente ha ratificado los derechos de la propiedad frente a las pretensiones de la inquilina.