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"Propietarios atrapados" y "parálisis sin igual": Sánchez desata el caos con los decretos de vivienda

La inseguridad jurídica y la indignación con Sánchez entre los implicados en el sector del alquiler es total.

La inseguridad jurídica y la indignación con Sánchez entre los implicados en el sector del alquiler es total.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, asiste al segundo acto de precampaña, celebrado en Ponferrada (León), este domingo. EFE/Ana F. Barredo | EFE

Prórrogas obligatorias, indemnizaciones, límites en el alquiler, nuevas obligaciones para los caseros, impuestos… El mercado del alquiler en España está sumido en el caos tras la nueva aprobación de los dos decretos de vivienda de Pedro Sánchez.

Hace justo una semana, el presidente del Gobierno volvió a dar luz verde a sus textos con el objetivo de intervenir todavía más el mercado de la vivienda a espaldas del Congreso. Como novedad, Sánchez también introdujo una lluvia de 10.000 millones de euros en créditos para que los ciudadanos compren casas. Es decir, los socialistas optan por políticas de estímulo de demanda en un mercado que sufre falta de oferta. Otro error.

A esto se le suma la aprobación de numerosas trabas a los caseros por la vía de los dos reales decretos que tumbó el Congreso de los Diputados una semana antes, y que Sánchez se ha empeñado en aprobar. La inseguridad jurídica y la indignación entre los implicados en el sector del alquiler es total.

Cambio en las reglas de juego en mitad del partido

El caos comenzó desde el primer intento de aprobación de los decretos debido a que generó un vacío legal durante unas horas en las que sí estuvo en vigor el primer texto. Así lo advirtió entonces el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Alicante. "De cara a los consumidores y usuarios afectados" por "los efectos del convulso escenario normativo (…), desde la entidad colegial se remarca tanto a profesionales como a arrendadores y arrendatarios que sólo el RDL 26/2026 estuvo plenamente vigente durante un único día: el 1 de octubre de 2026. Dado que la derogación parlamentaria del 2 de octubre no tiene carácter retroactivo, los actos adoptados y los contratos suscritos durante esa jornada son válidos de pleno derecho bajo la protección del principio de seguridad jurídica, al haberse consumado mientras la norma surtía efectos", avisaban.

"No obstante, dada la extensión y complejidad técnica de la norma en vigor durante esa única jornada", COAPI Alicante advirtió de que "las operaciones formalizadas el 1 de octubre requerirán un análisis individualizado y caso por caso, ya que en determinados supuestos pueden surgir discrepancias de interpretación entre las partes".

El pasado martes, el Gobierno de Pedro Sánchez volvió a aprobar en Consejo de Ministros y a publicar en el BOE la modificación de las condiciones de los contratos de arrendamiento en España recuperando buena parte de las medidas tumbadas por el Congreso. El resultado es un escenario en el que cada vez es más difícil tener claras cuáles son las reglas del juego porque el Gobierno ha cambiado otra vez las condiciones de los contratos firmados entre dos partes. El primer decreto lleva en vigor el pasado jueves 8 de octubre.

"No he visto esta parálisis en mi vida"

Lorenzo Colino, el CEO de la empresa especialista en gestión de alquileres, Renta Garantizada, cuenta a Libre Mercado que "todos estos cambios han supuesto un desastre desde el minuto uno". La primera aprobación de los decretos provocó que "nos anularan todas las firmas de contratos de alquiler que teníamos previstas para esos días y nos suspendieran prácticamente todas las visitas que hacemos para tasar los pisos que se ponen en alquiler. También nos llamaron muchos propietarios para retirar sus anuncios de las webs, bien con el deseo de esperar a que se resuelva el lío o porque han decidido vender sus viviendas", cuenta.

"En todos los años que llevo trabajando en el sector no he visto una parálisis igual. Ahora, firmamos contratos de alquiler a cuentagotas y si antes hacíamos unas 40 valoraciones de viviendas a la semana, ahora, hacemos 10 y gracias. Eso sí, no paramos de recibir llamadas y correos de inquilinos y propietarios preocupados, con el tiempo que eso nos quita para atenderlas", asegura Colino.

Para Colino, "el Gobierno ha hecho justo lo contrario de lo que necesita el mercado, que es que el propietario se sienta cómodo alquilando y con su inquilino. Ahora es un caos".

Así, las llamadas a las oficinas de las compañías como las de Lorenzo Colino o a los despachos especialistas en derecho inmobiliario como el de Marta Martín no cesan. "Tenemos a registradores y notarios desesperados porque además de que esta manera de proceder (lo tumba el Congreso, pasa a la Diputación Permanente… ) tiene visos de inconstitucionalidad, las normas están muy mal redactadas y hay dudas en cuestiones tan importantes como el tanteo en una propiedad vertical, las enervaciones o los índices para actualizar las rentas. Es terrible", comenta a LM la abogada de AM2 Legal.

Respecto a la tramitación o convalidación de los decretos a través de la Diputación Permanente del Congreso como va a hacer ahora Sánchez, COAPI Alicante también considera que "se trata de un escenario incierto y que deberá analizarse con prudencia. Desde el ámbito jurídico se han planteado serias dudas sobre la viabilidad legal de este encaje normativo, señalándose incluso posibles vicios de inconstitucionalidad, por lo que habrá que aguardar al desarrollo de los acontecimientos y a los pronunciamientos correspondientes antes de prever cualquier cambio en el marco legal".

La incertidumbre con las medidas principales

Entre las medidas del primer decreto y que afectarán a un mayor número de personas está la prórroga obligatoria de los contratos vigentes "en la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley" hasta el 31 de diciembre de 2028. Es decir, dos años más.

En este punto, el Ejecutivo también impedirá a muchos dueños de viviendas actualizar las rentas como suele ser habitual cada año. En concreto, impone la "limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda" en varios supuestos:

  1. En el caso de que la renta sea superior al límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia (que ha establecido el propio Gobierno), no procederá la aplicación de incremento alguno de la renta.
  2. En los demás casos, el incremento de la renta será el que resulte del nuevo pacto entre las partes. En ausencia de este nuevo pacto entre las partes, el incremento de la renta a aplicar no podrá ser superior al 2%.

"Propietarios atrapados"

El resultado de este laberinto regulatorio es que "el Gobierno ha atrapado a los propietarios con contratos que vencían ahora, otros dos años más con rentas obsoletas y con la inflación casi en el 5%", señala Colino. "Esto es un caos porque cuatro meses antes (cuando hay que avisar) de su entrada en vigor ya habíamos enviado decenas de burofaxes de propietarios a inquilinos que no querían renovar, y ahora, tienen que hacerlo por la fuerza. Así, probablemente, cuando les cumpla el contrato en dos años o vendan o disparen el precio, y mientras tanto, intentarán no arreglar nada de lo que se estropee en la vivienda", vaticina Colino.

Este texto también incorpora la prohibición de los desahucios de inquilinos "vulnerables" hasta 2030 y nuevas condiciones para los arrendamientos temporales y por habitaciones, subidas de impuestos por la puerta de atrás a los propietarios y mayores obligaciones de información para los propietarios. Además, otorga el derecho al inquilino de arreglar los desperfectos y restarlo de la renta y le da más poder con la fianza. "Estos dos últimos puntos van a ser un foco de conflictos entre propietarios e inquilinos", vaticina Martín.

Sobre la prohibición de los desahucios tanto Colino como Martín lamentan su entrada en vigor, "y más, después de que hemos empezado a ver que los jueces se estaban empezando a tomar en serio las comprobaciones de las vulnerabilidades y estaban exigiendo más pruebas para proteger al propietario de supuestos inquilinos vulnerables", asegura la abogada.

El segundo decreto va todavía más lejos, aunque tiene menos probabilidades de prosperar. Para determinados contratos, el Gobierno establece alquileres indefinidos (similares a la renta antigua franquista) y si el propietario decide no continuar con el alquiler, puede quedar obligado a pagar una indemnización equivalente a doce mensualidades. "Supondría la desaparición total del mercado del alquiler" sentencia Colino.

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