La recaudación del Estado está en máximos históricos, entre otros factores por la negativa del Gobierno a deflactar los distintos tipos impositivos —especialmente en IRPF— para compensar el efecto de la inflación. Este abuso fiscal de los gobiernos de Pedro Sánchez ha llevado a que, en 2025, el Estado se diera un festín recaudatorio de más de 325.000 millones de euros, un 10% más que el año anterior. En lo que respecta al presente ejercicio, la contabilidad nacional refleja un aumento recaudatorio entre enero y agosto de otros 20.500 millones de euros, lo que permite aventurar que 2026 será otro año de récord para las finanzas públicas.
Semejante expolio fiscal debería traducirse en unos servicios públicos de primer nivel, como anunciaba con machacona insistencia el Ministerio de Hacienda a través de la campaña "No es magia, son tus impuestos". Sin embargo, la inversión del Estado en cuestiones básicas como el mantenimiento de las infraestructuras no se corresponde, ni de lejos, con la voracidad recaudatoria de la que el Gobierno ha hecho gala tras la llegada de Sánchez al poder. Las dos catástrofes ferroviarias de este 2026 son, a estos efectos, el reflejo del estado tercermundista de un servicio que, hasta hace no mucho, estaba considerado entre los mejores del mundo.
El último informe del Instituto de Estudios Económicos pone negro sobre blanco la falta de correlación entre los ingresos estatales y la inversión pública, una desviación que comienza en 2009, como consecuencia de la recesión internacional, y se agudiza en los últimos años, hasta el punto de que, en estos momentos, el Estado invierte en infraestructuras menos de lo que lo hacía en 2004. Esta situación "sugiere un deterioro acumulado en la calidad y capacidad de las infraestructuras, lo que puede frenar la productividad, elevar costes logísticos y limitar la conectividad empresarial", según el informe, a lo que habría que sumar el aumento del riesgo para las vidas humanas como consecuencia de este deterioro.
Otro dato que habla de la situación lamentable del ferrocarril español es la caída de inversión por pasajero de los trenes de Alta Velocidad. Según indica el estudio, mientras que el volumen de pasajeros ha aumentado al doble en los últimos 10 años, el gasto de mantenimiento por pasajero ha caído casi un 30%, lo que explica la situación de la mayoría de las vías o las caídas constantes de los sistemas de seguridad de la red ferroviaria, por citar dos de los elementos clave para garantizar la seguridad de los viajeros.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha tratado de atribuir la responsabilidad del accidente de Urda a un fallo humano. No es nada nuevo en este personaje lamentable, más conocido por sus broncas en las redes sociales que por su disposición para el trabajo en el ministerio. Pero los 115 muertos que se han producido este año en los trenes españoles no pueden atribuirse al error de un empleado, porque los sistemas de control de tráfico y de seguridad en las vías están creados, precisamente, para evitar esa eventualidad.
Aunque Sánchez y su esclavo moral al frente de Transportes traten de bracear desesperados para huir de su responsabilidad en las dos tragedias, lo cierto es que estamos ante el derrumbamiento estructural del transporte ferroviario de pasajeros a consecuencia de una pavorosa falta de inversiones y mantenimiento.
En unos momentos en los que el Estado está poniéndose las botas recaudando como nunca, las tragedias de Urda y Adamuz son la consecuencia dolorosa de la gestión de un gobierno de sectarios e incompetentes, que con más de cien muertos en su conciencia ni siquiera tienen la gallardía de dimitir.
