Tubos Reunidos ha cerrado el primer semestre de 2026 con unas pérdidas de 88,2 millones de euros, una cifra que triplica los 28,9 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. La compañía achaca este deterioro al impacto de los aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio, a las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo y, especialmente, a los 96 días de paros y huelga en la planta de Amurrio durante la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE).
Según ha comunicado la empresa este jueves, los ingresos se situaron en 104 millones de euros, un 51 % menos que los 210 millones obtenidos en el primer semestre de 2025, debido principalmente a la pérdida de jornadas de producción provocada por el conflicto laboral. La cifra de negocios descendió hasta los 99,3 millones de euros.
La compañía explica que la paralización de la actividad durante aproximadamente tres meses ha tebnido un impacto "relevante" sobre su situación financiera. Finalmente, el conflicto concluyó en mayo con la decisión de la empresa de no ejecutar el ERE.
Pese a estos resultados, Tubos Reunidos asegura que mantiene una caja disponible de 21 millones de euros a 30 de junio y afirma que continúa al corriente de pago de las obligaciones generadas tras la declaración del concurso de acreedores, solicitado dos meses antes.
La empresa señala que su evolución económica también ha estado marcada por el contexto internacional. En concreto, apunta a las medidas arancelarias adoptadas por la Administración estadounidense en 2025, que eliminaron las cuotas y exenciones existentes para determinados productos de acero y aluminio, así como a las dificultades logísticas y al incremento de costes derivados de la guerra en Oriente Próximo.
Desde la declaración del concurso voluntario de acreedores, el grupo sostiene que continúa desarrollando su actividad ordinaria, aunque adaptada a las circunstancias del procedimiento concursal. La gestión permanece en manos de los órganos de administración, bajo la supervisión de la administración concursal y conforme al régimen de intervención previsto en la legislación vigente.
La compañía añade que el procedimiento concursal continúa en fase común y que, junto con la administración concursal, sigue desarrollando las actuaciones previstas con el objetivo de favorecer la continuidad de la actividad empresarial y maximizar el valor de la masa activa.
En sus cuentas, Tubos Reunidos también informa de que el patrimonio neto de la sociedad matriz se situaba a 30 de junio en 159,7 millones de euros negativos, frente a los 99,5 millones negativos de finales de 2025. No obstante, recuerda que la normativa aprobada por el Gobierno amplía hasta finales de 2026 la moratoria que impide computar las pérdidas de 2020 a efectos de una posible causa de disolución y que la declaración del concurso suspende igualmente la aplicación de la causa legal de disolución por pérdidas.
Bajo el foco judicial
La situación de la empresa se produce mientras continúa bajo el foco judicial. El pasado mes de junio, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró la sede de Tubos Reunidos y requirió información a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Las diligencias investigan la posible relación entre el rescate público de 112,8 millones de euros concedido a la compañía y una presunta trama de amaño de contratos vinculada a la SEPI. En ese procedimiento se investiga si determinados intermediarios percibieron pagos por facilitar la concesión de esa ayuda pública.