La Delegación del Gobierno en Madrid ha pedido información a los municipios en relación con el bloqueo de Vox a las declaraciones contra la violencia de género, después de que el partido haya impedido el consenso sobre este asunto en la Asamblea regional y el Ayuntamiento de la capital. Según han confirmado fuentes de la institución, se han enviado correos a las corporaciones locales preguntando por el bloqueo a esas declaraciones por parte de partidos, aunque sin nombrar a Vox.
Ni la Asamblea de Madrid ni el Ayuntamiento de la capital han logrado aprobar este año, debido al bloqueo de Vox, una declaración por el Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre y para el que se necesita unanimidad. Fuentes de la Delegación han señalado que con su iniciativa, dirigida a las Juntas de Seguridad de la región, pretenden saber si existen problemas en este ámbito.
Y es que las Delegaciones del Gobierno tienen potestad para coordinar el sistema policial de seguimiento de las víctimas de violencia de género (VioGén) y los convenios con los municipios.
Desde el PP de Madrid acusan al PSOE de hacer un uso "partidista" de las instituciones. La vicesecretaria de comunicación y alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán, ha señalado que nunca desde que es alcaldesa y tampoco cuando era concejal de Mujer la Delegación ha pedido una información de este tipo. El PP de Madrid exige saber cuál es el fin y el ámbito competencial desde el que se pide esta información.
La comisaria del Área de Violencia de Género del Ministerio del Interior, Marina Rodríguez Díaz, y el jefe de área en el Servicio Central de Violencia de Género de la Secretaría de Estado de Seguridad, Juan José López Ossorio anunciaron el pasado miércoles en una entrevista con Efe que el Ministerio del Interior va a revisar si los ayuntamientos cumplen los requisitos de VioGén.
Se van a examinar todos los acuerdos con los consistorios porque la ley señala que cuando un consistorio ingresa en VioGén asume competencias y obligaciones en la protección de víctimas de violencia machista y para ello se les transfieren recursos económicos en función del grado de responsabilidad asumido.