Unidas Podemos ha presentado este lunes una denuncia ante la Asamblea de Madrid en la que pide abrir un expediente sancionador contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por considerar que el apartahotel donde se aloja desde el 16 de marzo es "un regalo", y sugiere como sanción la suspensión de su condición de diputada entre 15 y 30 días.
Que hasta el propio empresario, Kike Sarasola, haya aclarado que no se ha producido regalo alguno, y que no ha recibido contrato público alguno por parte de la Comunidad de Madrid, no para el intento de Podemos por mantener este caso en los medios de comunicación en su campaña contra Isabel Díaz Ayuso.
En su denuncia, Unidas Podemos, que mantiene como diputada y líder en la Asamblea de Madrid a Isabel Serra, condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a 19 meses de prisión y de inhabilitación para la política por delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños, asegura que, si bien Ayuso ha afirmado pagar 80 euros al día por el apartahotel, el precio al público de esta cadena hotelera es de 121,79 euros por noche. Además, se molestan en hacer el cálculo y dice que la presidenta disfruta de una "rebaja" de más de 1.200 euros mensuales.
Hoy hemos denunciado a Ayuso por incumplimiento del reglamento de la Asamblea de Madrid.
Los diputados no podemos aceptar regalos ni servicios con condiciones ventajosas por parte de empresarios.
Ella ha reconocido que el empresario Kike Sarasola le ha regalado miles de euros. pic.twitter.com/bDjkg522yw
— Isa Serra (@isaserras) May 25, 2020
Podemos añade que si, tal y como han relatado algunos medios de comunicación, Ayuso estuviera ocupando un segundo apartamento, el descuento sería cercano a los 5.000 euros por mes.
Los de Iglesias en la Asamblea de Madrid tratan de mantener vivo este asunto basado en sospechas y acusaciones sin pruebas para decir que Ayuso ha sido beneficiada por un "claro trato de favor" y recuerda que entre los deberes de los diputados que dispone el Reglamento de la Asamblea consta la prohibición de recibir "favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones".
El Reglamento establece que "por razón de las infracciones cometidas por los diputados" se les puede suspender su condición de parlamentario por un tiempo de 15 a 30 días y reducir, proporcionalmente, tanto sus retribuciones como la asignación presupuestaria de su grupo parlamentario.
El órgano competente para conocer este expediente sancionador, una vez la Mesa de la Asamblea califique la denuncia, es la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado, que preside Unidas Podemos.
La Mesa de la Comisión puede realizar actuaciones previas para determinar si está justificado iniciar el procedimiento y, si lo considera oportuno, elevar una propuesta a la Comisión para que decida, en sesión secreta, si procede abrir el proceso.
En el caso de que la Comisión acabe aprobando una propuesta de sanción, esta debe elevarse a la Mesa de la Asamblea para su resolución definitiva y ejecución.
En declaraciones remitidas a Efe, la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, sostiene que Ayuso ha recibido "un regalo" y que en el PP son comunes las "cadenas de favores" que desembocan en casos de corrupción.
Serra añade que "quien tiene que velar por que se cumplan" los códigos éticos del PP y la Comunidad de Madrid son "las personas allegadas" a la propia presidenta.
Según publicó la revista Vanity Fair, Ayuso está instalada desde el pasado 16 de marzo en un lujoso apartahotel en el centro de la capital, propiedad del empresario Kike Sarasola.
Fuentes de la cadena hotelera informaron a Efe de que el apartahotel está contratado dentro de un "paquete" que incluye servicios de seguridad del edificio, aparcamiento, recepción y la disposición de un salón en un segundo apartamento. En declaraciones a Efe, Kike Sarasola cifró el coste total mensual del alojamiento en 2.400 euros, ya que por larga estancia el precio por noche se reduce a 80 euros.
Ayuso ha negado que el apartahotel sea "de lujo", que sean dos o que se trate de "una ganga", y ha subrayado que la compañía hotelera a la que pertenece el alojamiento no ha hecho "negocios" con la Comunidad.