El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cifrado este martes en 36 millones de euros el importe de las multas impuestas por el acceso indebido a Madrid Central y que serían devueltas en caso de que la sentencia que anula el área de bajas emisiones en el centro de la capital sea firme. El Consistorio decidirá si recurre o no la medida en función de los informes jurídicos y técnicos del Consistorio.
Así lo ha trasladado el regidor madrileño durante su visita a la sede de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) desde Carabanchel, donde ha pedido que "no se hagan hipótesis" sobre las cuantías de las multas puesto que aún no se ha decidido el recurso.
Almeida ha indicado que se han impuesto más de 800.000 multas por el acceso indebido a Madrid Central, "teniendo en cuenta que el Gobierno anterior, hasta las elecciones, decidió no sancionar". "Casualmente dio la orden dos días después", ha recordado. Serán los servicios jurídicos del Consistorio quienes determinen "el régimen aplicable a las sanciones" pero, por ahora, el regidor ha reiterado que "no cabe hacer ninguna presunción o juicio sobre si se van a anular o no".
También ha precisado el regidor madrileño que "mientras la sentencia no sea firme, Madrid Central sigue en vigor, y se tienen que seguir respetando las normas que regulan Madrid Central; las invitaciones que corresponden siguen en vigor mientras la sentencia no sea firme".
"Informes técnicos y jurídicos"
El Gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid decidirá si recurre la sentencia que anula Madrid Central en función de los "informes técnicos y jurídicos" que elaboren los servicios jurídicos del Consistorio y del área de Medio Ambiente y Movilidad, que además serán publicados "para disipar cualquier duda, cualquier tentación de manchar".
"Haremos inmediatamente públicos los informes de servicios jurídicos y técnicos para que se sepa cuáles son los criterios que se han seguido. Es una obligación hacerlo de acuerdo a criterios técnicos y jurídicos", ha manifestado el alcalde
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anulaba ayer el área de bajas emisiones tras estimar parcialmente los recursos presentados por la Comunidad de Madrid, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid —cuando era oposición— y la mercantil DVuelta Asistencia Legal sin entrar al fondo del asunto y sin valorar la delimitación de esta zona de bajas emisiones y su regulación.
Martínez-Almeida ha aseverado que si el grupo popular interpuso el pleito es porque pensaban que tenían "la razón", y el TSJM "dice que el Gobierno anterior menoscabó los derechos de los madrileños". "Seguimos manteniendo como grupo ese posicionamiento; yo como alcalde siempre velaré por todos los madrileños, que nadie lo dude", ha expresado a continuación.
Por ello ha apuntado que será "extremadamente pulcro" en este cometido para que "nadie confunda" su papel cuando interpuso la demanda de su papel como alcalde, para lo cual se apoyará en estos informes.
Y es que los magistrados anulan por "defectos formales" y a petición de la Comunidad de Madrid, la ordenanza de movilidad sostenible aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria el 5 de octubre 2018, por la "omisión" del trámite de información pública, un requisito que se considera "esencial, preceptivo e indispensable" al tratarse de una de las "principales manifestaciones del derecho que los españoles tienen a participar en los asuntos públicos", y que está reconocido en el artículo 23 de la Carta Magna. Así, quedan anulados los artículos de 21 a 25 de la citada ordenanza.
En este sentido, Almeida ha tildado de "sorprendente" que PSOE y Más Madrid "se lanzaran a pedir recurso" cuando habían "hurtado a los madrileños de la información pública necesaria y del derecho de participar en cuestiones públicas".
Del mismo modo ha criticado que se le haya calificado de "hooligan insensato". Entiende Almeida que eso sí es una "insensatez" y ha pedido "no crispar", pues la decisión se tomará según estos criterios técnicos en favor de los madrileños.
"Respetar el derecho de los madrileños"
Además, el alcalde matritense ha apuntado que siempre se guiará "por los derechos de los madrileños", lo que "exige respetar sus derechos". "La sentencia dice que se privó a los madrileños de participar en la elaboración de esta ordenanza, y esto, a mi juicio, en un equipo es muy grave. Ahora se velará por los derechos de los ciudadanos", ha precisado.
También, ha continuado, se velará "por la mejor calidad del aire, no solo del distrito Centro, sino del conjunto de la ciudad", ya que "todo Madrid es central". Ha recordado que "la Plaza Elíptica es la zona con peores datos de contaminación", y se ha preguntado "por qué el debate solo se quedó en Centro y no se quería hablar de Plaza Elíptica, de Escuelas Aguirre".
Por ello, el gobierno municipal de PP y Cs presentó la estrategia de sostenibilidad ambiental Madrid 360, "que engloba a los 21 distritos de la ciudad".
Durante la campaña para las elecciones municipales, Almeida siempre defendió la reversión de la medida, pues en su opinión no reducía el uso del vehículo privado. Sin embargo, en el acuerdo de gobierno con Ciudadanos, se incluyó "reconvertir" la zona de bajas emisiones "bajo el criterio de nuevas áreas de prioridad residencial aportando soluciones alternativas y complementarias de movilidad a todos los sectores de la población".
Almeida habló ayer "inmediatamente" con la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y ha manifestado que van de la mano tras esta sentencia y que no quieren hacer ahora "algo a espaldas de madrileños". "Estamos abiertos a tener todo tipo de debates, pero no repitamos errores del pasado", ha concluido.
Villacís: Madrid Central "no se revocará", se mejorará
Precisamente, Villacís, que también se ha pronunciado este martes, ha afirmado que Madrid Central no se "revocará", pero "se hará bien", con las mejoras necesarias, para seguir yendo hacia adelante en materia medioambiental.
"Lo que se aplica en el Ayuntamiento de Madrid es el pacto entre PP y Ciudadanos" y en este "ponía que se mejoraría Madrid Central, no que se revocaría, así que no se va a revocar", ha afirmado la vicealcaldesa en declaraciones a los medios tras reunirse con representantes de la Asociación de Hosteleros de la Plaza Mayor y en referencia al fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de anular esta zona de bajas emisiones por defectos formales.
Asimismo, Villacís ha señalado que "era absolutamente predecible" y que es algo que se ha pasado varios años denunciando en la oposición. En este sentido, ha valorado que el plan del anterior equipo de gobierno se llevó a cabo "de forma improvisada, desinformada y atropellada" con el fin de "tener un titular y hacer ver que habían hecho algo en cuatro años de mandato". Así, ha insistido que se faltó "al deber de hacer un informe de impacto económico" y que lo que dijeron en la oposición "se ha demostrado que era cierto".
En cuanto al futuro de Madrid Central, Villacís ha avanzado que están estudiando jurídicamente si la sentencia del TSJM permite que se lleve a cabo una subsanación o si bien la vía tiene que ser a través de una ordenanza de movilidad.
La vicealcaldesa también ha hecho referencia a las multas que se han impuesto desde que entró en vigor la zona de bajas emisiones y ha remarcado que "por hacer las cosas mal la consecuencia la pagamos los madrileños".
"Si tenemos que devolver las multas, las estarían devolviendo todos los ciudadanos y con intereses. Además, en momentos como este, que la administración necesita dinero", ha zanjado.