Las propuestas que la Comunidad de Madrid ha ido trasladando al Gobierno de Pedro Sánchez, fundamentalmente en el seno del Consejo Interterritorial de Salud pero también a través de cartas del consejero Enrique Ruíz Escudero al ministro Salvador Illa primero y a Carolina Darias después, han sido rechazadas de plano sistemática en un primer momento. No obstante, en muchas de ellas el Ejecutivo central ha acabado dando la razón al madrileño, implementándolas...Pero tarde.
Ya desde el inicio Isabel Díaz Ayuso se adelantó a Pedro Sánchez decidiendo el cierre de los colegios, guarderías y universidades de toda la región el 1 de marzo de 2020, una medida que el Ministerio de Sanidad "intentó frenar", según informó en su día el diario.es. No fue hasta el día 15 de ese mes cuando el estado de alarma entró en vigor.
Barajas y las cepas de covid
Durante la pandemia el Ejecutivo madrileño pidió controlar el aeropuerto de Barajas en repetidas ocasiones. Finalmente, Sánchez instauró unos controles que consistían en toma de temperatura y un control documental a través de un cuestionario y rechazó en ese momento tomar más medidas, algo que acabaría haciendo meses después: las PCR y cuarentenas para viajeros de determinados países son ya obligatorias.
En lo referente a las distintas cepas, un tanto de lo mismo. La última, la india. El pasado martes el consejero de Sanidad envió una carta a la ministra Darias solicitando medidas urgentes. El Gobierno recogió esta vez el guante y decidió que así fuera.
Test de antígenos y mascarillas
Otra de las batallas se produjo por los test de antígenos en las farmacias. Sanidad se oponía a autorizar a estos establecimientos a realizar las pruebas como demandaba el Gobierno regional de cara a realizar diagnósticos antes de los viajes de Navidad. Sanidad discrepaba de esta fórmula al considerar que daban una "falsa seguridad" de cara a los reencuentros familiares. Finalmente, tres meses después, el entonces titular de Sanidad, Salvador Illa, daba el visto bueno.
Con las mascarillas ocurrió algo bastante similar. El Ministerio de Sanidad, al principio de la pandemia, llegó a desaconsejar el uso de mascarillas y, meses después, tras la catástrofe y la imposición de la mascarilla incluso en la calle, el propio Simón admitió que no las recomendaron antes porque no había suficientes para toda la población. Fue en plena desescalada también cuando el Ejecutivo de Ayuso regaló a todos los madrileños dos mascarillas FFP2 por su mayor nivel de protección: en algunos medios se las utilizó para atacar al Gobierno regional calificándolas erróneamente de "egoístas".
Lo mismo pasó con el IVA de las mascarillas. Díaz Ayuso defendió que debía bajarse por ser un producto de primera necesidad. El Gobierno, tras meses negándose a hacerlo porque, según afirmaba, Europa no lo permitía, finalmente accedió. Eso sí, dejó fuera de esta rebaja a las mascarillas FFP2.
Vacunación
El Gobierno de España optó desde el principio por limitar la edad de suministro de AstraZeneca a pesar de que la EMA la veía adecuada para cualquier grupo. En un primer momento, Sanidad dispuso que sólo se la pusieran los trabajadores esenciales menores de 55 años por una supuesta falta de evidencia científica en personas mayores. Madrid reclamó ponerla también en mayores y denunció que los trabajadores de 55 a 65 años (profesores, farmacéuticos…) quedaban fuera de la vacunación prioritaria pese a su mayor riesgo.
Sanidad terminó elevando la edad hasta los 65 años pero entonces llegó la polémica en torno a los trombos: España, siguiendo la estela de otros países, decidió primero suspender la vacunación unos días y luego limitar la vacunación a la franja de entre 60 y 69 años, dejando sin segunda dosis a los menores de esta edad. Madrid, como otras regiones como Cataluña o Galicia, reclaman que haya segunda dosis de AstraZeneca para los menores de 60 años e insiste en que se vacune con ella sin límite de edad, basándose en el dictamen de la EMA y en la experiencia de Reino Unido.
Uno de los últimos volantazos sobre la vacunación por parte del Gobierno de Sánchez llegó la pasada semana, cuando el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá reconocía que el Gobierno permitirá que las empresas puedan vacunar a través de las mutuas, tal y como había sugerido apenas tres días antes Isabel Díaz Ayuso. Sanidad dejaba claro entonces que no contemplaba la medida y volvía a defender la estrategia de compra centralizada en la UE. Sin embargo Ayuso pronosticaba, "acabará sucediendo".
Otro choque se produjo cuando se conoció que el gobierno regional había tanteado la posibilidad de comprar en un futuro la vacuna rusa Sputnik: desde el Gobierno se atacó al gobierno madrileño hablando incluso de deslealtad. Poco después se conoció que otras autonomías habían mantenido encuentros con farmacéuticas, entre ellas Valencia, gobernada por el socialista Ximo Puig, que se había reunido con Janssen. Cuando trascendió que Alemania también estaba estudiando comprar Sputnik, Sánchez abandonó el tono beligerante y lo consideró una opción válida si la vacuna tenía el aval de la EMA.