La situación de emergencia sanitaria provocada por el covid-19 en el año 2020 provocó la tramitación por la vía de urgencia de centenares de contratos por parte de las administraciones públicas. Esta vía excepcional suspende la aplicación de los principios que rigen la contratación pública de publicidad y concurrencia en la contratación, sin embargo, el Tribunal de Cuentas, con el fin de comprobar la necesidad de estos contratos y compras, fiscalizó las prestaciones adquiridas por las corporaciones locales durante el primer año de la pandemia. El resultado de este análisis comparativo es demoledor para el ayuntamiento de Madrid tras la detección de contratos vía de urgencia de forma "indebida, inadecuada e insuficiente".
Según el informe del Tribunal de Cuentas al que ha tenido acceso Libertad Digital, el consistorio madrileño recurrió a esta vía de urgencia para la adquisición de licencias de software de gestión remota para puestos de trabajo en octubre de 2020 cuando ya existía la posibilidad de contratación para esta modalidad de empleo no presencial desde el inicio de la crisis sanitaria. La misma administración recurrió a la vía de urgencia para la contratación de terceros a los que encargar la impresión, ensobrado y clasificación postal de los recibos no domiciliados del Impuesto de Tracción Mecánica o para el envío de la las cartas informativas del IBI, así como la Tasa de de Residuos Urbanos de Actividades. El ayuntamiento de Madrid justificó el contrato en la ausencia del personal encargado de esta labor y en la necesidad de que las notificaciones llegaran en el plazo reglamentario.
Un pebetero en homenaje a las víctimas de la pandemia
Según los datos registrados por el INE, durante el año 2020 fallecieron en España como consecuencia del covid–19, 74.839 personas. Una cifra oficial alejada de los datos reales. En la Comunidad de Madrid, según el propio gobierno autonómico, perdieron la vida durante el primer año de pandemia 19,500 personas.
Uno de los contratos más llamativos en el informe fiscalizador elaborado por el Tribunal de Cuentas es el adjudicado por importe de 122,000 euros, sin IVA, al suministro e instalación de un pebetero en homenaje a las víctimas de la pandemia. En el mismo caso se encuentra el contrato adjudicado por 10.890 euros, IVA excluido, al diseño del mismo pebetero instalado junto a la Plaza de Cibeles. En este caso el tribunal advierte que "no se aprecia vinculación de esta actuación con la finalidad de hacer frente a la situación sanitaria".
Contrato pero no ejecuto
Otro de los aspectos sobre los que llama la atención el informe del Tribunal de Cuentas al que ha tenido acceso Libertad Digital, es el retraso en la ejecución de los contratos. Veinte servicios comenzaron a prestarse transcurrido el plazo legal de un mes desde el acuerdo de contratación de emergencia. Por ejemplo, el consistorio que dirige José Luis Martínez Almeida adquirió el 15/10/20 varios drones para la vigilancia de las zonas restringidas. Los drones no comenzaron a funcionar hasta el 22/12/20, dos meses después. Otro contrato suscrito por la vía de urgencia y tramitado el 27/5/20 fue el suministro y la instalación de barreras de separación física para la protección colectiva de empleados municipales. El contrato comenzó a ejecutarse casi 7 meses después el 9/12/20.