El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid ha dado la razón al sindicato Comisiones Obreras y ha acordado paralizar temporalmente el proyecto educativo con el que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pretendía paliar algunos de los efectos de la Lomloe, más conocida como Ley Celaá.
Se trata del decreto aprobado el pasado 18 de mayo en el Consejo de Gobierno regional donde se recogían algunas indicaciones para pasar de curso. Así, se señala que las decisiones del equipo docente sobre promoción o titulación del alumno se adoptarán por mayoría cualificada de dos tercios en la Secundaria y de cuatro quintos en el Bachillerato.
En el decreto del Gobierno de Pedro Sánchez "hablan simplemente de que esta decisión se tiene que adoptar por mayoría. Sin especificar más. Lo que hemos hecho es ponerle nombre a esa mayoría, tratando de que exista el mayor consenso posible" entre el claustro y que "esa decisión sea muy consciente y muy reforzada del equipo de profesores de ese centro", señalan a Libertad Digital fuentes de la consejería de Educación que dirige Enrique Ossorio.
"Creemos que el Real Decreto de Evaluación, Promoción y Titulación del Gobierno de España es laxo y le falta concreción, ya que, por ejemplo, no incluye el precepto de qué mayoría de docentes debe tomar las decisiones de promoción y titulación", añaden dichas fuentes.
El TSJM: no se produce vacío normativo
La decisión del tribunal responde a las medidas cautelarísimas solicitadas esta semana por parte de CCOO al estar próximo el final de curso y por ende las evaluaciones de los alumnos. Considera también el tribunal que no se produciría un vacío normativo al estar vigente la anterior legislación.
Apunta que el presente decreto "lo que hace es, según su texto introductorio, incorporar ‘una serie de orientaciones a fin de facilitar a los equipos docentes la adopción de decisiones con criterios objetivos, homogéneos y de calidad’ y dotar ‘de seguridad jurídica a las actuaciones escolares relacionadas con la evaluación, promoción y titulación’. De ello deduce la Sala que la Comunidad de Madrid lo que, en principio, pretendería -con competencia, o con un eventual exceso de las que constitucional y estatutariamente ostenta, según apunta la parte actora en su solicitud de tutela cautelar (y ello nos habrá de conducir, tras oír a la Administración Autonómica, a un examen detenido del requisito del fumus boni iuris que pudiera concurrir)- lo que pretendería, decíamos, la Comunidad de Madrid es tan sólo complementar la regulación estatal ya existente. Algo que, en consecuencia, nos permite insistir de nuevo en que, de la suspensión que en este auto acordaremos, no se deriva ningún vacío normativo ya que los equipos docentes disponen en efecto de normativa específica y suficiente para poder comenzar a realizar la labor que les es propia a final del curso escolar, dentro de los repetidos procesos y actuaciones de evaluación, promoción y calificación".
Ahora el Gobierno de la Comunidad de Madrid presentará sus alegaciones al TSJM para tratar de revocar estas medidas, avanzan a este periódico. "Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid trabajan desde el martes, cuando se nos notificó el auto, en dar respuesta a esta decisión y levantar la medida cautelarísima acordada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por ello, estamos elaborando un informe que se presentará en las próximas horas con el objetivo de que la Justicia pueda revocar esta decisión", señalan las fuentes de la consejería, que subrayan que "dos de las cinco magistradas que firman este auto han mostrado su disconformidad con la medida adoptada".
Desde la Comunidad de Madrid consideran que el decreto aprobado por el Consejo de Gobierno regional el pasado miércoles "no vulnera la normativa nacional". Por ello confían en que "continúe adelante".
Suspenso simultáneo en Lengua y Matemáticas
La Comunidad de Madrid también recogía en su decreto la posibilidad de pasar de curso con suspensos, pero recomienda a los profesores que esto no suceda si las materias suspensas son de forma simultánea Lengua y Matemáticas. Lo hacía como recomendación. Contra esta medida también ha actuado CCOO. La fórmula utilizada era la siguiente:
"Para facilitar la toma de decisiones sobre la promoción de los alumnos por parte de los equipos docentes, estos podrán tomar en consideración que un alumno repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias. Asimismo, con idéntica finalidad, de forma excepcional, podrán decidir la promoción de un alumno con evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y Matemáticas, b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica".
El Gobierno actuará, si "contraviene"
CCOO no es el único que se ha opuesto a las medidas educativas de Ayuso. El propio Ejecutivo central ha amenazado con acudir a la Justicia. Pilar Alegría ya advirtió de que "no se puede contravenir una ley aprobada en el Congreso de los Diputados. Si hay alguna cuestión que contraviene, el Gobierno actuará".
Donde ya actuó fue contra el distrito único madrileño, por el que los padres pueden matricular a sus hijos en cualquier centro aunque esté lejos de su domicilio. El Ministerio de Pilar Alegría le envió un requerimiento (paso previo a acudir a los tribunales) al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para advertirle de que habría incurrido en "un incumplimiento de normativa estatal básica" sobre admisión de alumnos. El Gobierno quiere que tengan más puntos para entrar en un colegio aquellos alumnos que viven cerca del mismo.
Fuentes de la consejería señalaron a LD que ya contestaron al requerimiento del Ministerio sin que por el momento hayan vuelto a tener noticias.
