La presidenta madrileña clausuró este miércoles el Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo que la Comunidad de Madrid junto a la Universidad CEU San Pablo han organizado esta semana en Madrid.
Isabel Díaz Ayuso reivindicó que "todas las administraciones públicas tenemos la obligación moral de desenmascarar las coartadas del terrorismo y deslegitimar su trayectoria criminal". Los demócratas, dijo la jefa del Ejecutivo regional, deben "tener claro" que, aunque ETA "haya desaparecido, sus organizaciones políticas siguen vivas y con más presencia pública que antes". "Y si esto es así es porque se les está proporcionando un salvoconducto político", dijo en clara referencia a Bildu, al que citó explícitamente después.
"Tanto trabajo se ha visto empañado por el blanqueamiento que se está haciendo de Bildu, el entorno político actual de ETA, cuyo líder, para ofensa de un país digno como España, podría acabar siendo lehendakari", censuró la presidenta madrileña en alusión a Arnaldo Otegi.
"Ni podemos ni queremos olvidar que estas organizaciones siguen sin condenar claramente las salvajadas de ETA, que celebran homenajes humillantes para las víctimas" y que, "por supuesto, jamás han ayudado a esclarecer ninguno de los centenares de crímenes sin resolver". Así, "si el terrorismo no logra avances políticos matando no puede hacerlo por dejar de matar, porque se repetirá una y otra vez", alertó.
Para la presidenta, los demócratas que aman la libertad y, por tanto, respetan el imperio de la ley, tienen "la obligación de defender la memoria, la verdad y la justicia, no solo de las víctimas sino de nuestro país". "Tenemos que trabajar con determinación para que se conozca la verdad frente a la narrativa terrorista e insistir en que aquí no hay una guerra de dos bandos sino víctimas y verdugos".
En este sentido, recordó a los más jóvenes que "hablar de derecho, ley o libertad, nunca pasa de moda". "Es una defensa que se ha de producir cada día en todos los órdenes de la vida".
Ayuso quiso poner en valor las labores de apoyo de su Gobierno a las víctimas del terrorismo a través de la consejería de Presidencia, Justicia e Interior. Así, la Comunidad de Madrid ha destinado desde 2019 más de 55 millones de euros a indemnizaciones por fallecimiento y daños físicos y psíquicos a las víctimas del terrorismo. Al término del pasado ejercicio, la Administración regional ya había pagado los 1.235 expedientes cuyos solicitantes cumplían con todos los requisitos.
De esta manera, el Ejecutivo autonómico se ha adelantado en un año al compromiso adquirido públicamente por Díaz Ayuso al comienzo de su primer mandato en 2019, de reparar a todos los afectados por esta lacra que habían solicitado este tipo de ayudas.
Dos jornadas de trabajo
Durante dos jornadas, los asistentes a este Congreso han contado con testimonios directos de víctimas procedentes de distintos países, así como con el análisis de expertos nacionales e internacionales en la lucha contra el terrorismo.
De esta forma, se han abordado asuntos como la respuesta del Estado ante este fenómeno, que ha contado con la presencia del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, el exministro de Interior y Justicia, Juan Alberto Belloch, magistrado; el exsecretario de Estado de Seguridad Ignacio Astarloa, o Ignacio Ibáñez, responsable de la Oficina contra el Terrorismo de Naciones Unidas en Madrid.
En la segunda de las ponencias, la relativa al papel de las víctimas y sus verdugos en la actualidad, han participado Joaquín Echeverría, padre de Ignacio Echevarría, conocido como El héroe del monopatín; Esther Sáez González, herida en los atentados del 11M; Alberto Jiménez, presidente de la Fundación Alberto Jiménez Becerril; y Luis Alberto San Martín Calvo, hijo de José San Martín Bretón, guardia civil asesinado por ETA en 1982.
Bajo el título Funcionarios y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en la lucha contra el terrorismo, el tercero de los encuentros ha servido para recoger las experiencias profesionales de Germán Rodríguez Castiñeira, ex comisario general de Información de la Policía y máximo responsable de la lucha antiterrorista; Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil; Carlos Bautista, fiscal de la Audiencia Nacional, e Íñigo Prado, militar en la reserva.
La cuarta mesa redonda, Reconstrucción de la memoria: divulgadores de la dignidad, ha tenido como analistas expertos a Iñaki Arteta, director de cine; Florencio Domínguez, director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo; María San Gil, que ejerció labores de representación política en los peores años del terrorismo en España; Lilo Vilaplana, director de la película Plantados, que narra las torturas a los presos políticos en Cuba, y María Jesús González, víctima, junto a su hija Irene Villa, de un atentado de ETA en Madrid en 1991.
Entre las víctimas internacionales que se han dado cita en los Teatros del Canal, destacan Guillaume Denoix de Saint Marc, presidente de la Asociación Francesa de Víctimas; Philippe Vansteenkiste, presidente de la Asociación Belga de Víctimas; Michael Gallagher, presidente de la Asociación de víctimas de Omagh; Miguel Folguera, consejero de la AVT; y Eulogio Paz, presidente de la Asociación Afectados 11M.
La clausura ha contado con la lectura de un manifiesto, que, consensuado con las distintas asociaciones de víctimas del terrorismo, tiene como objetivo, a través de una serie de puntos, recoger que supone la lacra del terrorismo en la sociedad, cómo combatirlo, y como deben las administraciones públicas actuar para que las víctimas no caigan nunca en el olvido.