Tras la convocatoria del Gobierno de una reunión para explicar el plan energético a las comunidades autónomas, reunión a la que no acudirá la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la improvisación de todo lo relativo a las medidas de ahorro energético que ha impuesto el Ejecutivo por Real Decreto, ahora es la consejera madrileña de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, la que ha enviado una carta a la ministra Ribera, en la que le solicita que convoque una reunión con los consejeros ante las "incertidumbres" que suscita el decreto de medidas de ahorro energético.
En la misma, Martín destaca que el objeto de la comisión consultiva convocada para el martes es "resolver posibles dudas sobre la aplicación del artículo 29 del Real Decreto, con medidas que han de entrar en vigor ese mismo día", lo que supone que "no hay margen de actuación alguno para dar certeza a comerciantes y sectores afectados por las medidas".
No se consultó a las CCAA
La consejera ha insistido en que la norma aprobada hace una semana por el Consejo de Ministros "no fue consultada en ningún momento con las comunidades autónomas", a lo que añade que el decreto aprobado "excede con mucho a la Administración pública, con medidas que afectan a la iniciativa empresarial, como al sector comercial (tiendas, supermercados o grandes almacenes), lugares de pública concurrencia (teatros, cines, auditorios, centros de congresos o salas de exposiciones y similares), establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas, así como a la restauración".
"Ahora convoca la Comisión Consultiva de Ahorro y Eficiencia Energética, órgano de asesoramiento, y lo hace sin cumplir con la normativa de aplicación, sin recibir a las comunidades; con una antelación mínima de dos días (no son hábiles ni sábado, ni domingo); sin contener el orden del día de la reunión y sin la información sobre los temas, que debiera estar a disposición de los miembros en igual plazo", ha apuntado.
Y, mientras, los españoles siguen "pagando la factura de la luz más cara de la historia". "Ante la gravedad del asunto y por las incertidumbres que suscita el decreto le solicito, ministra, que convoque a los consejeros competentes en la materia", apunta la carta.
En la misiva, la consejera traslada a Ribera que en la Conferencia Sectorial de Energía que se celebró el pasado 28 de julio les informó "fuera del orden del día sobre el Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional estatal, que había anunciado por carta el pasado 20 de julio" pero "no se informó sobre medidas concretas que pudieran afectar directamente a sectores económicos determinados".
Precipitación y arbitrariedad
Desde que se aprobó el decreto de ahorro energético, las críticas han sido constantes, y no sólo por parte de la Comunidad de Madrid, como el Gobierno ha tratado de trasladar a la opinión pública en su particular lucha contra Isabel Díaz Ayuso.
Si la presidenta madrileña fue la que dio el pistoletazo de salida a la hora de oponerse a un decreto no consultado con los sectores afectados y de dudosa eficacia, detrás de ella han venido las quejas de otras administraciones, como el Gobierno vasco y muchos ayuntamientos, también del PSOE, además de los sectores económicos directamente afectados por las medidas.
A la sensación de chapuza y precipitación se une una sensación de arbitrariedad, cuando desde el propio Ministerio de Transición Ecológica son incapaces de explicar en qué informes, estudios, análisis o recomendaciones se justifican las medidas adoptadas y aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado lunes y si permiten el ahorro que han prometido, como contó en Libertad Digital Luis Fernando Quintero.
Cada vez resulta más evidente que el Gobierno ha improvisado en su Real Decreto sobre medidas de ahorro energético y que esa reunión con las comunidades autónomas llega tarde, pues ese mismo día entran en vigor las medidas de ahorro energético y los sectores afectados no tienen margen de actuación.