La presidenta madrileña está decidida a plantar cara a la okupación. Ya en el mes de julio activó la Oficina Antiokupación: un nuevo servicio que ofrecerá atención inmediata a los propietarios de los inmuebles afectados a través del teléfono 900 205 112. Con una sola llamada, los perjudicados tendrán a su disposición todos los recursos públicos disponibles de la Administración autonómica para hacer frente a este fenómeno de delitos contra la propiedad privada, que en Madrid afecta a unas 4.300 viviendas.
Y este jueves, durante el transcurso de la sesión de control en la Asamblea, Isabel Díaz Ayuso anunció que la Comunidad de Madrid no facturará el agua a los propietarios que sean víctimas de una okupación a la vez que instará a los suministradores a que hagan lo propio con la luz y el gas.
"Vamos a seguir desplegando una batería de medidas para ayudar a las víctimas de la ocupación, entre ellas, la de no cargar a los legítimos propietarios el gasto del agua que han consumido los ocupantes e instar a los diferentes suministradores de gas y de electricidad a estudiar cómo aliviar las facturas de los ocupados".
Pero no sólo eso, Ayuso anunció también que su Gobierno va a estudiar una oferta de vivienda temporal, en caso de que la víctima no tenga dónde residir, mientras exista el delito. "Y es que la ocupación, el comercio ilegal y la inseguridad ciudadana lastran la economía, el empleo y el turismo. Y no nos lo podemos permitir, porque aquí no sobra nadie, ni las personas con patrimonio ni los turistas ni las personas que crean puestos de trabajo".
Ayuso quiso dejar claro que, aunque están "consiguiendo frenar" este fenómeno de la okupación, hay más de 4.000 viviendas afectadas. Su Ejecutivo, dijo, "está absolutamente en contra de la okupación porque es un delito y, aunque no tenemos competencias para ello, hemos puesto en marcha la Oficina contra la okupación", a través de la cual están tratando de dotar de "herramientas y asesoramiento" a policías locales y asistencia a víctimas del delito.
"Estupendísima noticia"
La Plataforma de Afectados por la Ocupación celebró la noticia, resaltando que es la primera vez que un Gobierno escucha sus demandas y legisla al respecto. "Por fin las administraciones empiezan a tomar medidas a favor de las víctimas", escribió la organización en su cuenta de Twitter, donde dio las gracias tanto a Díaz Ayuso como a Enrique López, con el que se habían reunido este mismo martes precisamente para plantearle esta cuestión.
"Nos ha sorprendido muchísimo que en tan solo dos días hayan articulado esta medida y sobre todo la intención de continuar para evitar todos los agravios que recaen sobre nosotros", celebró su portavoz, Ricardo Bravo. En declaraciones a Libertad Digital, reiteró así que se trata de "una estupendísima noticia" y que esperan que ahora se extienda a otras comunidades autónomas.