El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso recurrirá ante el Tribunal Constitucional el impuesto a las grandes fortunas propuesto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez al considerar que vulnera las competencias de la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid, que dejaría de recaudar, según sus estimaciones, 5.000 millones de euros.
Ya lo avanzó la propia presidenta madrileña en una entrevista concedida a Trece TV este lunes por la noche. "Lo vamos a hacer porque arremete contra la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid". Ayuso incidió que esta medida, además, "está provocando que gran parte de la clase media se está yendo a Portugal".
Este impuesto, acordado por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos pero que aún no ha sido aprobado, afectará principalmente a contribuyentes beneficiados por la supresión del impuesto de Patrimonio en comunidades del PP como Madrid y Andalucía, puesto que el resto podrá deducirlo allí donde se sigue pagando este tributo.
Aunque aún no ha sido creado el proyecto de ley de creación de este impuesto, llamado por el Ejecutivo "impuesto de Solidaridad", el Consejo de Gobierno analizó este martes cómo será planteado, y esperan que se presente como ley ordinaria, lo que "choca con el principio de jerarquía normativa que es de las comunidades autónomas", explicó en rueda de prensa, el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo autonómico, Enrique Ossorio.
Para el Gobierno regional es un impuesto "muy negativo" para la Comunidad de Madrid y los madrileños", que provocará una menor recaudación por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Así, Ossorio volvió a hacer públicas las estimaciones de su Ejecutivo: la Comunidad de Madrid dejaría de recaudar 5.000 millones de euros y unas 13.000 personas "podrían irse a otros países que no tienen este impuesto". Según el vicepresidente, esos 5.000 millones de euros son "el 88 % del presupuesto de educación o el 68 % de sanidad".
El Gobierno de Ayuso alega que la Ley Orgánica de Financiación Autonómica establece que son las comunidades las que tienen las competencias para regular la tarifa, deducciones o bonificaciones del impuesto sobre el patrimonio.
"No es de Solidaridad, es una broma de mal gusto"
"Lo redacten como lo redacten, este impuesto ya es directamente atacar a la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta que lo que intenta es volver a instalar el pago de un impuesto que nosotros dentro de nuestra autonomía, hemos retirado. Por tanto, en cuanto lo presente el Ministerio de Hacienda, que lo va a tener que redactar francamente bien, porque estaremos encima de ello, nosotros tendremos un plazo de tres meses para presentarlo", señaló la propia presidenta este martes.
"Es un impuesto que no es de solidaridad, que es una broma de mal gusto. Solidaridad sería bajarse los sueldos, cosa que no ha hecho el Gobierno, reducir ministerios, cosa que tampoco hace el Gobierno. Solidaridad sería bajarle el precio a la electricidad o el IVA a los productos esenciales y ayudar a las economías y no estar despilfarrando lo que estamos viendo en propaganda. Eso sí que sería solidaridad por parte del Gobierno, y no señalar a ciudadanos que tienen patrimonio y que no son los culpables de lo que se está viviendo".
Ayuso subrayó que para ella "aquí no sobra nadie. Yo prefiero que los grandes patrimonios se queden entre nosotros para, entre otras cosas, mover la economía y ayudar a los más vulnerables, que es donde nos tenemos que centrar ahora".
No es la única medida de Sánchez que Ayuso eleva al Constitucional en el último mes. También recurrió en septiembre el decreto de ahorro energético de Pedro Sánchez al considerar también que atentaba contra las competencias transferidas a las autonomías. Y este mismo martes el Alto Tribunal lo ha admitido a trámite.
Este último movimiento de Ayuso coincide además con la disputa que también mantiene su Gobierno contra la financiación autonómica, donde consideran que Madrid ha salido claramente perjudicada en relación a otras comunidades como Cataluña.
Abrines: "Sánchez vuelve a castigar Madrid"
De hecho, el grupo parlamentario popular ha registrado una proposición no de ley en la Asamblea para para "instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que se dirija al Gobierno de la nación para reclamar mayor inversión en nuestra región".
"Se trata de cumplir con necesidades que tienen los madrileños", sostuvo este martes Pedro Muñoz Abrines, quien además criticó que en estos Presupuestos "nos imputan gastos" al considerar "inversiones para la Comunidad de Madrid dos millones de euros de publicidad del Ministerio de Igualdad", algo que para los populares no es sino "una tomadura de pelo" ya que considerar "la propaganda de la señora Montero como inversión en Madrid es una falta de respeto a los ciudadanos madrileños y sus necesidades".
Abrines lamentó que Pedro Sánchez haya vuelto a demostrar "sin ningún género de duda, que quiere castigar a Madrid y perjudicar a los madrileños simplemente porque esta es una región en la que el PSOE no tiene buenos resultados" y, en esta ocasión, lo ha hecho a través de las inversiones territoriales de los Presupuestos Generales del Estado.
El popular afeó que el presidente del Gobierno continúe con su idea de "perjudicar a la región" como ya ha sucedido con "el reparto de los fondos europeos, que ha utilizado criterios absolutamente arbitrarios" o el "empeño" de "deslocalizar instituciones del Estado de Madrid" mientras la región "lidera la economía nacional y es uno de los fondos tributarios que más aportan a las arcas del Estado" para beneficio de otras autonomías.
"En el año 2022 ya disminuyeron las inversiones en Madrid para pasar a representar el 8,9% de las totales siendo que la Comunidad de Madrid representa casi el 14,5% de la población y el 19% de la economía", señaló.
"Las inversiones territorializadas en Madrid representan poco más del 9% del total de la inversión del Estado cuando, por ejemplo, una región como Cataluña recibe el 17%", comentó Abrines que añadió: "La Comunidad de Madrid va a recibir 1.300 millones de euros y Cataluña 2.500 millones, prácticamente un 92% más que los madrileños" y, además, "sin ninguna razón objetiva que justifique esa diferencia de financiación".