¿2.000 euros por dejar cartones en la calle? Sí, las multas a algunos vecinos de Madrid han despertado una notable sorpresa –y una considerable indignación– por lo que a todas luces es una sanción desproporcionada de la que se ha culpado al Ayuntamiento de la capital.
No obstante, la realidad es algo más compleja: el consistorio que preside José Luis Martínez-Almeida sí ha aplicado algunas sanciones, pero la norma que ampara las multas no es del propio ayuntamiento, sino que es otra de las leyes supuestamente ecologistas del Gobierno Sánchez, concretamente la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Esta norma, que entró en vigor el 10 de abril, actualiza determinado tipo de sanciones que tienen que asumir los ayuntamientos. De hecho, en julio el Ayuntamiento tuvo que publicar una resolución adaptando su régimen sancionador a las disposiciones de la nueva ley, que por supuesto tiene un régimen sancionador mucho más severo.
La culpa es del littering
El gran cambio que marca la norma recién aprobada es la inclusión de un nuevo tipo de infracción, lo que la propia ley denomina en su preámbulo el "abandono de basura dispersa o littering", una palabra inglesa que hace referencia, obviamente, a arrojar residuos o vertidos de forma intencionada.
La norma establece, en su artículo 108, apartado 3, que "el abandono, incluido el de la basura dispersa (littering), el vertido y la gestión incontrolada de cualquier tipo de residuos no peligrosos sin que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente" será considerado como una de las "infracciones graves".
Y finalmente, en su artículo 109 la ley establece el régimen de sanciones, que para las infracciones graves son "multa desde 2.001 hasta 100.000 euros". Además, "si se trata de residuos peligrosos o suelos contaminados", las multas serán aún mayores: desde 20.001 euros hasta 600.000 euros.
Hay que recordar que estamos hablando de tirar simple basura –no residuos peligrosos– en un lugar en el que, tal y como la propia ley aclara, no se ponga en riesgo la salud de la gente, ni un deterioro grave para el medio ambiente, es decir, el régimen sancionador de la ley promulgada por el Gobierno es brutal.
La actuación del Ayuntamiento
La norma obliga a las administraciones locales a "ejercer la potestad de vigilancia e inspección y la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias", es decir, a hacer respetar la ley e imponer, en su caso, las multas correspondientes.
Como decíamos, para ello el Ayuntamiento de Madrid publicó una resolución el 28 de julio pasado en la que se actualizaba su propia normativa teniendo en cuenta las sanciones que prevé la ley y, sobre todo, el paso a considerar infracción grave muchas conductas que hasta ahora sólo eran leves.
Dentro de esta adecuación, además, la resolución prevé que estas multas de 2001 euros se puedan subsanar con una "prestación ambiental sustitutoria" que, en este caso, sería de 40 horas. Por otro lado, la propia normativa municipal al respecto va a cambiarse, con una nueva ordenanza de limpieza que está tramitándose y se prevé aprobar a finales de año. Pero estas sanciones no tienen que ver con esa ordenanza por llegar.
Sólo si es "algo sangrante"
Además, desde el propio Ayuntamiento aseguran a Libertad Digital que no se trata en absoluto de una medida recaudadora y que sólo se está sancionando cuando es "algo sangrante". Estas fuentes explican que los 200 inspectores del consistorio sólo sancionan en casos concretos, cuando los cartones tienen un tamaño determinado –"la caja de una nevera o una bicicleta estática"– y si se dan determinadas circunstancias: que la caja no esté siquiera plegada o que el contenedor no esté completamente lleno, algo que suele ocurrir y que despierta las quejas de muchos madrileños.
A pesar de todo lo anterior, alguna de estas multas ha saltado a los medios generando considerable escándalo y alarma y críticas a la administración que preside Martínez-Almeida, que encima empieza a tener muchísimas críticas por el mal estado de la limpieza viaria.
Sin embargo, una vez más, el responsable último es el Gobierno central, aunque desde luego, es opinable el celo que cada administración local deba poner en la aplicación de una normativa a todas luces desproporcionada, así como el hecho de que se pueda culpar a alguien –¡y cargarle con un multazo de 2.000 euros!– sin otra prueba que la etiqueta que lleve una caja de cartón.