Siete son los meses que quedan por delante hasta las próximas elecciones autonómicas y municipales. Y los grupos políticos de la Asamblea de Madrid comienzan su estrategia de desgaste total al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que las encuestas dan como clara vencedora de esos comicios de mayo de 2023.
Este ataque proviene fundamentalmente de las formaciones de izquierda -Más Madrid, PSOE y Unidas-Podemos- pero también de Vox. Todo comenzó hace pocas semanas cuando Rocío Monasterio decidió activar su propuesta de creación de una comisión de estudio de las residencias, que tenía registrada en la Cámara autonómica desde hacía un año.
Finalmente la portavoz del partido de Santiago Abascal dio marcha atrás, pero su movimiento inicial supuso un nuevo impulso a este asunto que fue aprovechado por parte de la izquierda. Tres son los intentos que desde entonces han realizado Mónica García, Juan Lobato y Alejandra Jacinto por registrar una comisión de investigación a este respecto. No obstante, la Mesa del Parlamento madrileño los ha paralizado todos y cada uno de ellos. Por este motivo, se plantean acudir al Tribunal Constitucional, algo que harán cuando se resuelvan las peticiones de reconsideración que tienen interpuestas.
No es la única cuestión por la que pretenden acudir al Alto Tribunal. A la paralización, también por parte de la Mesa, de la reprobación del vicepresidente Enrique Ossorio se ha sumado en los últimos días la tramitación de la Ley Ómnibús; en concreto, las enmiendas pactadas por PP y Vox relativas a los informes de impacto de género en el urbanismo.
Según argumentó Más Madrid, estas enmiendas se modificaron a última hora, no por escrito, y sin que hubiera acuerdo de todos los grupos, lo que invalidaba su tramitación. La Mesa no les ha dado la razón por lo que la norma seguirá con su tramitación parlamentaria. La izquierda lo recurrirá al Constitucional. Según el portavoz socialista, este recurso tiene muchas posibilidades de que se admita a trámite. Si así sucede, "está en riesgo" que la Ley Ómnibus "pueda aprobarse y entrar en vigor".
Para el Ejecutivo de Ayuso ésta es una de las leyes más ambiciosas de la legislatura pues se basa en la "modificación de 50 textos normativos", entre los que se encuentran un total de 31 leyes y tres decretos, e incluye "seis nuevas regulaciones de rango legal y dos decretos". El objetivo es impulsar la actividad económica, modernizando la administración regional y eliminando trabas burocráticas.
Comisión permanente de mayores
En cuanto a las residencias, Juan Lobato anunció este martes tras la Junta de Portavoces que van convertir en propuesta la petición, de afectados y víctimas de familiares fallecidos en las residencias, de constituir una comisión permanente de mayores. "Vamos a trasladar al resto de grupos esta petición", dijo el portavoz del PSOE. Ya que hay comisiones permanentes de otros asuntos, los socialistas quieren que se constituya una sobre mayores. "Si es de mayores, de residencias se tendrá que hablar".
Esta iniciativa no tiene tampoco visos de prosperar. El portavoz parlamentario de los populares avanzó que no lo "considera interesante" y que el criterio de la Asamblea es que haya una comisión por cada consejería a la que pueda controlar, exceptuando aquellas que engloban más de un área como puede ser la de Economía, Hacienda y Empleo. "Ya existe una comisión específica de discapacidad", que se "dedica fundamentalmente a los mayores" por lo que crear otra "no es necesario", aseveró Pedro Muñoz Abrines.
Vox incrementa su ofensiva contra Ayuso
Por su parte, Vox ha incrementado también su ofensiva contra Ayuso. Y lo ha hecho en plena negociación presupuestaria. Desde que provocara un auténtico terremoto político con las residencias, dos son los temas que le plantea ahora y que incomodan a la jefa del Ejecutivo regional.
Por un lado, pide a la presidenta que declare BIC el Valle de los Caídos. Por otro, Rocío Monasterio trata de diferenciarse de su socia de gobierno exigiendo la reforma de las leyes de género. Se apuntó como un gran tanto la eliminación de los informes de impacto de género en el urbanismo a través de la Ley Ómnibus y desde este lunes exige a Díaz Ayuso que derogue la Ley 2/2016 de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, conocida como Ley Trans, aprobada durante el mandato de Cristina Cifuentes.
¿Qué parte exactamente de la Ley Trans es la que quiere mantener Ayuso en Madrid? https://t.co/zxS5BKuGDE
— Rocio Monasterio (@monasterioR) October 25, 2022
A Ayuso estas normas le parecen mejorables, pero no piensa derogarlas. "No voy a hacerlo de esta manera, no me parece que sean formas de hacerlo. No voy a seguir a Vox". Abrines, en la misma línea, avanzó que estarán "dispuestos a ciertas mejoras, pero no a la derogación".