La comisión de investigación, que se lleva celebrando desde hace un año en la Asamblea, sobre la entrada del covid-19 a través del aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, debate y votará este miércoles su dictamen.
Libertad Digital ha tenido acceso a los escritos de conclusiones que han registrados los portavoces en dicha comisión de los distintos partidos políticos. PSOE y Más Madrid han presentado una propuesta de conclusiones de forma conjunta.
Las formaciones de izquierda —que se opusieron desde el primer momento a la creación de esta comisión de investigación porque la Comunidad de Madrid "no tiene competencias" en el aeropuerto— concluyen, entre otras cosas, que el impacto de Barajas "no se ha mostrado como determinante para la evolución de la pandemia" en la región, "al menos no respecto a otros ámbitos aeroportuarios o transportes de pasajeros".
PSOE y Más Madrid centran sobre todo las causas de la expansión de la epidemia en la Comunidad en el deterioro de su sistema sanitario. Así, inmersos en su batalla política contra la presidenta por la gestión de las urgencias extrahospitalarias, traen a colación algunos datos que tanto Mónica García como Juan Lobato han ido desgranando estos días: "La Comunidad de Madrid es la más rica de España y, sin embargo, es la que menos porcentaje de su PIB invierte en Sanidad; (…) El déficit de inversión es especialmente notable en Atención Primaria, siendo la comunidad que destina un menor porcentaje de su gasto sanitario a este nivel asistencial, contando en su estructura de profesionales con solamente 1,5 médicos de Atención Primaria por 1.000 habitantes, la cifra más baja del país sólo superada por Ceuta y Melilla".
Hasta aquí nada sorpresivo. Pero sí llama la atención las conclusiones que presenta Vox, que posibilitó la creación de esta comisión. Para el grupo de Rocío Monasterio tanta culpa tiene el Gobierno de Pedro Sánchez como el de Isabel Díaz Ayuso. Algo que plasman tanto en su análisis de los hechos como en sus conclusiones.
Ha podido constatarse en la presente Comisión de Investigación cómo:
a) el Gobierno de España no adoptó durante meses ninguna medida de control de la expansión de la enfermedad por vía aeroportuaria, adoptando las primeras e insuficientes medidas una vez se había consumado ya la entrada de la enfermedad a través de casos positivos para el S-CoV-2 en nuestro país, en muchos de los casos por el Aeropuerto Adolfo Suarez-Madrid-Barajas, y su expansión por el territorio de nuestra región y del resto de España; y que ello se reprodujo con la llegada y entrada de las posteriores sucesivas nuevas cepas.
b) y que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no adoptó aquellas medidas de control, vigilancia y seguimiento para el eventual diagnóstico de casos positivos entre las personas pertenecientes al grupo de riesgo de pasajeros procedentes de otros países con alta incidencia de la infección para llevar a cabo una contención de la expansión del SARS-CoV-2. Dichas medidas, pudieron y debieron ser adoptadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en el seno de su ámbito de competencias de sanidad interior y atención sanitaria, pero este rechazó implementarlas aduciendo falta de capacidad legal para ello (que en otras materias y momentos sí ha reconocido, como en la propia creación de esta Comisión de Investigación).
La diputada Gádor Joya, con el visto bueno de Monasterio, subraya que "podían y debían haberse tomado medidas para evitar la entrada del SARS-CoV-2 por el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, dentro del marco competencial de cada uno de los Gobiernos, de España y de Madrid, y no se llevaron a cabo". En el caso de este último, "en el ámbito de la sanidad interior, así como del Plan territorial de protección civil y emergencias de la Comunidad de Madrid".
Según señala Vox, "las CCAA tenían y tienen también toda la competencia para haber acordado esas medidas de salud pública. La legislación lo establece claramente. Por eso varias (aunque solo tras el 8M) lo hicieron. Así lo señalan las leyes a las autoridades sanitarias autonómicas: Ley Orgánica 3/1986, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública; Ley 14/1986, General de Sanidad; Ley 33/2011, General de Salud Pública; En Madrid, la Ley 12/2001, de Ordenación Sanitaria".
Añaden, además, como señalaron en su día los grupos de la izquierda, que "nulo sentido tendría, en caso contrario, además —si ninguna competencia tuviera la Comunidad de Madrid a este respecto— la constitución" de esta comisión de investigación.
"Negligente dejación de funciones"
Así, pues, presentan tres conclusiones, en donde no sólo reparten responsabilidades entre Sánchez y Ayuso sino que apuntan a una "negligente dejación de funciones", en el seguimiento de los pasajeros una vez que estos abandonaban Barajas, del Gobierno de Ayuso, y más concretamente de su consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, y del de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. "Miles de vidas y de fatales consecuencias humanas, sociales y económicas podrían haberse salvado de llevar a cabo esta obligada respuesta legal y operativa".
Los populares en sus conclusiones, que difieren mucho de las de Vox, hacen un recopilatorio exhaustivo de todas las veces que tanto la presidenta madrileña como su consejero de Sanidad instaron al Ejecutivo central a tomar medidas, también en Barajas. Y "el Gobierno de España se negó al ofrecimiento de colaboración del Summa 112 de instalar dispositivos de diagnóstico con su propio material y personal, dentro del propio aeropuerto, con el objetivo de incrementar los esfuerzos por realizar mayor número de diagnósticos, proceder a su aislamiento en hotel sanitarizado u hospitalización y evitar una mayor propagación, sobre todo en momentos de aparición de nuevas y más transmisibles variantes", apuntan.
Monasterio recrudece sus ataques a Ayuso
Los ataques de Rocío Monasterio a Isabel Díaz Ayuso vienen recrudeciéndose desde hace casi dos meses, cuando comenzaron los primeros contactos para la negociación presupuestaria y cuando queda menos de un año para las próximas elecciones autonómicas.
El primer movimiento de la portavoz de Vox, que desconcertó e indignó al grupo parlamentario del PP y a todo el Gobierno madrileño con Ayuso a la cabeza, fue la decisión de activar su propuesta, que tenía registrada desde hacía un año en la Asamblea, de creación de una comisión de estudio sobre las residencias de ancianos.
Desde entonces y durante todas esas semanas, y a pesar de que fue finalmente retirada, la izquierda aprovechó el ruido generado por una polémica que nunca había abandonado del todo y que sólo dejó apartada tras el caos generado por la apertura de los 80 centros sanitarios 24 horas. A esta causa que abandera la izquierda también ha decidido unir sus críticas Rocío Monasterio, quien este mismo martes arremetió con dureza contra la presidenta.
"Yo creo que allí había muchos médicos a los que hay que escuchar", lanzó la dirigente madrileña del partido de Santiago Abascal acerca de la multitudinaria manifestación contra Ayuso. Suponía un misil directo contra la línea argumental expuesta el lunes por la jefa del Ejecutivo regional, quien diferenció, claramente, entre el derecho de los profesionales a reivindicar mejoras laborales y lo que sucedió el domingo en Madrid: "En el momento en que me llamaron asesina, estoy convencida de que esa manifestación no era de médicos".
"No se pueden anunciar planes con recursos inexistentes. No se puede prometer abrir 80 centros con médicos si no hay 80 médicos", añadió Monasterio en relación a la falta de facultativos de la que se lamenta el Gobierno regional.
Valle de los Caídos y Ley Trans
Y el próximo jueves volverá a llevar al Pleno una iniciativa para derogar la Ley de Memoria Democrática y declarar Bien de Interés Cultural el Valle de los Caídos, como ya hizo hace tan sólo unas semanas.
Además, se guarda otro as de presión y desgaste al Ejecutivo regional. No es otro que la exigencia de derogación de la conocida como Ley Trans de la Comunidad de Madrid, aprobada por el Gobierno de Cristina Cifuentes.
Hace unas semanas registró esta última propuesta en la Cámara autonómica y, al igual que hiciera con la comisión de residencias, amenaza con pulsar el botón rojo para que la bancada popular se retrate. Esto es, desde el partido avisan de que la activarán para su debate en el Pleno esta legislatura.
Aún no se conoce la fecha concreta de esta activación, pero Monasterio lo saca a relucir en cada intervención. La última, ayer mismo. "Vox sigue esperando una respuesta del Gobierno: ¿va a proteger a los niños o va a seguir defendiendo una ley que permite hormonar a niños de muy corta edad?", preguntó tras la Junta de Portavoces.