La presidenta de la Comunidad de Madrid anunció este miércoles que el Gobierno regional recurrirá antes de finalizar el mes de enero y ante el Tribunal Constitucional el impuesto a las "Grandes Fortunas", al considerar que este gravamen estatal invade las competencias autonómicas en materia fiscal, genera inseguridad jurídica y vulnera la lealtad institucional.
En su comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, celebrado de manera extraordinaria en el Ayuntamiento de Alcobendas, Isabel Díaz Ayuso explicó que en la reunión se ha aprobado la interposición del recurso y que previamente también se solicitará su suspensión cautelar.
Se hace, dijo, "en defensa de la economía española y madrileña frente a las imposiciones ideológicas y fiscales del Gobierno de Pedro Sánchez". En opinión de la Comunidad de Madrid, lo que se hace es "resucitar el viejo Impuesto de Patrimonio y literalmente va contra el ahorro y la inversión".
Para la presidenta, "no hay justificación" para crear este tributo "ignorando, además, la Constitución en relación a la arbitrariedad de los poderes públicos y en un momento en el que el Gobierno está recaudando de manera histórica". "Todo esto lo está haciendo para sufragar la campaña electoral más cara y nosotros lo que estamos haciendo con este recurso es, ante todo, defender los intereses económicos de toda España", subrayó, destacando que estas inversiones vienen a todo el país y si se van de España, se van a otros lugares del mundo perjudicando a todos. "Se van de Madrid, se van de España y, por tanto, perdemos todos".
Los argumentos del Gobierno madrileño
El Ejecutivo regional recuerda que la Ley Orgánica de Financiación de las comunidades autónomas reconoce la potestad de las regiones para gestionar los tributos cedidos por el Estado, como es el caso de Patrimonio que la Comunidad de Madrid tiene bonificado al 100% desde 2008. Sin embargo, el nuevo gravamen introducido por el Gobierno central impone una cuota nacional para todas las autonomías de régimen común, invadiendo la gestión autonómica en la materia.
Asimismo, el Gobierno madrileño considera que tanto el diseño del conocido como Impuesto de Patrimonio Bis como su tramitación vulneran principios básicos recogidos en la Constitución. Así, perjudica a unos ciudadanos más que a otros, en función de su lugar de residencia, infringiendo el principio de igualdad porque su objetivo es, precisamente, dejar sin efecto la bonificación que ya tienen fijada regiones como Madrid.
Además, la Comunidad de Madrid considera que quebranta el principio de seguridad jurídica al imponer su aplicación de manera retroactiva para todo 2022, ya que todas aquellas personas que han realizado operaciones de inversión o que han decidido ahorrar -confiando en que no estaban sujetos a una nueva tributación- ahora se van a ver obligados a hacerlo.
En cuanto al procedimiento, la Comunidad de Madrid recuerda que no ha sido sometido a consulta pública y carece de memoria económica y de un dictamen del Consejo de Estado. Así, considera que el Gobierno central ha obviado las advertencias que durante los últimos meses le han hecho tanto los letrados de la Cámara como este último organismo respecto a los procedimientos legislativos.
El Gobierno regional estima también que se vulnera el principio de lealtad institucional al obligar a las comunidades autónomas, sin existir consenso con ellas, saltándose su debate a nivel estatal en la Comisión Mixta de Transferencias de Competencias y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Por último, la Comunidad de Madrid destaca la falta de justificación de su creación, ya que no hay una necesidad recaudatoria real en estos momentos, en contra de lo que recoge la Constitución en relación con la arbitrariedad de los poderes públicos.
En definitiva, la Comunidad de Madrid entiende que el Gobierno de España vuelve a saltarse el ordenamiento jurídico con la aprobación de este impuesto que perjudica especialmente a los madrileños y que supone un atentado contra la gestión que las comunidades autónomas realizan en materia financiera, reconocida en la Carta Magna y en la norma que rige la financiación autonómica.