Para la secretaria general de Amyts la instrucción dictada este miércoles por la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid responde a una "huida hacia adelante" del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en relación al conflicto generado en la Atención Primaria, cuyos médicos de familia y pediatras llevan en huelga desde el pasado mes de noviembre, aunque los últimos días fue secundada tan sólo por 27 o 28 facultativos de los 2.302 existentes.
Ángela Rodríguez llegó a hablar de "represión" ante la pretensión de poner fin a la campaña de recogida de firmas por parte de sindicatos y asociaciones en los centros de salud de la región. Pero no es la única que este miércoles salió a arremeter contra esta medida del Ejecutivo madrileño. También lo hicieron los principales líderes de la izquierda.
La portavoz de Más Madrid y jefa de la oposición, Mónica García, dijo en Twitter: "Ayuso prohíbe los carteles en los centros de salud. Está cada día más nerviosa. Si hiciera la mitad de esfuerzo por resolver su chapuza que por taparla…". En una línea similar se expresó también en esta red social el portavoz del PSOE: "Familias normales piden cosas normales (volver a tener médicos) y Ayuso responde con soberbia, amenazas y prohibiciones. ¿Qué diría Ayuso si otro gobierno prohibiese y amenazase como ella?", lanzó Juan Lobato.
Ayuso prohíbe los carteles en los centros de salud. Está cada día más nerviosa. Si hiciera la mitad de esfuerzo por resolver su chapuza que por taparla…
— Mónica García (@Monica_Garcia_G) February 15, 2023
No sólo eso. Al filo de las 19.00 desde Amyts emitieron un comunicado en el que anuncian acciones judiciales contra esta resolución de la consejería y en el que aseguran que esto "aleja las posibilidades" de alcanzar un acuerdo.
"Desde el comité de huelga queremos manifestar lo siguiente: lejos de buscar una solución dialogada y consensuada a la grave situación que atraviesa la Atención Primaria madrileña, la consejería de Sanidad utiliza sus energías en una actitud de confrontación y amenazas, auspiciada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Esto viene a alejar las posibilidades de una necesaria solución al problema, así como coarta la libertad sindical, de expresión de los ciudadanos y de información en el contexto de un conflicto sin resolver. Las diferentes organizaciones y sociedades que conformamos el comité de huelga hemos iniciado consultas a nuestras respectivas asesorías para valorar las acciones jurídicas pertinentes".
"Hay normas, no es represión"
Pero el Gobierno madrileño está convencido de la necesidad y legalidad de esta orden dada a los centros de salud de la región y así lo trasladó al medio día a la prensa el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, que compareció ante la ausencia, por motivos personales, del vicepresidente y portavoz, Enrique Ossorio.
Enrique López negó que esto tenga que ver con "cualquier tipo de limitación a la libertad de expresión de todos los ciudadanos y, por supuesto, también con la limitación de la actuación y de la libertad sindical que se ejerce". López explicó que "no se puede calificar aquello que, precisamente, lo que busca es que el ciudadano acuda en unos términos de calidad y calidez a los centros de salud de represión porque aquí no estamos ante un debate sobre los límites a la libertad sindical". Y es que el consejero de Justicia e Interior recordó que "hay normas, y el cumplimiento de las normas nunca se puede calificar como represión".
"Por coherencia, ¿el Gobierno madrileño se va a abstener de realizar convocatorias de medios para sus actos públicos, que no tengan ver con inauguraciones de una nueva prestación sanitaria, en los centros sanitarios?", le preguntaron al consejero madrileño.
Enrique López respondió tajante: "El Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha hecho nunca un uso ilegítimo de centros públicos, al revés. No hay que confundir Gobierno con partido político. El Gobierno es una institución; los partidos políticos son muy importantes en una democracia pero son partidos políticos; los sindicatos son muy importantes en una democracia pero son sindicatos y tienen un cometido que la Constitución establece con claridad. El Gobierno es una institución que no ha realizado ningún uso ilegítimo de ningún centro público".
Según expuso López, "a un ciudadano no se le puede condenar a acudir a un centro de salud y tener que soportar la visión de desorden, de panfletos por los suelos, colocados en las paredes...". Y reiteró: "Niego la mayor, el Gobierno no hace usos ilegítimos y de lo que se trata es de buscar que el madrileño cuando acuda a ese servicio público lo haga en unos términos de calidad pero también de calidez, que se sienta a gusto".
La instrucción de la consejería de Sanidad
La instrucción, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, se ampara en la normativa estatal y autonómica existente: en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud; en el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical; en el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo; en la la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; en el Decreto 52/2010, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno y en la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid.
"Se trata de que estos centros de salud, como otros centros públicos, cumplan su función en esos términos de limpieza, de orden. En todos los centros públicos hay una zona reservada para el ejercicio de la libertad sindical. Eso es lo que hay que hacer: que todos los derechos puedan convivir en paz y manteniendo el pleno ejercicio de los mismos", manifestó López.
"La izquierda no puede querer ganar en la calle"
El consejero también quiso lanzar un "mensaje a la izquierda madrileña: no puede querer ganar en la calle lo que perdió el 4 de mayo y lo que puede perder el 28 de mayo".
Para garantizar que esta instrucción se cumple, se informa también de que la Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios, realizará una serie de visitas programadas, seleccionadas de manera aleatoria, a distintos centros de Atención Primaria, comenzado por 50 dispositivos. Arrancará en los próximos días y los inspectores levantarán acta.