Todo se precipitó el miércoles de esta semana, cuando desde la consejería de Sanidad informaron de la instrucción que habían decidido enviar a los centros de salud para garantizar un uso adecuado de los mismos al detectarse actividades no sanitarias en horario de atención al paciente.
Lo había denunciado la propia presidenta madrileña durante el Pleno una semana antes. Isabel Díaz Ayuso mostró la fotografía de un centro de salud de Parla, en donde se podía apreciar ropa médica colgada del techo y carteles pegados. En aquel momento, la jefa del Ejecutivo regional puso el acento en lo incívico de estas acciones.
Pero la orden dada por el departamento de Enrique Ruiz Escudero levantó una gran polvareda. Desde Amyts - el sindicato convocante de la huelga de los médicos de familia y pediatras, que se prolonga desde noviembre y que este viernes trasladó a los hospitales llamando a sus facultativos a dos jornadas de paros - amenazaron con acciones judiciales ante esta actitud de "confrontación y amenazas auspiciada" por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Los principales líderes de la izquierda madrileña mostraron su indignación, primero en Twitter y después en la sesión de control de este jueves, en donde esta instrucción acaparó el debate. "Ayer dictó una orden para amenazar y prohibir a las familias, a los profesionales sanitarios informar sobre lo que está pasando en la sanidad pública en Madrid. Y me acordé de su lema de campaña: comunismo o libertad. Pues vaya libertad, se le está poniendo una cara de bolchevique…", espetó el socialista Juan Lobato. "Por cada cartel que arranque van a aparecer diez, cien, mil carteles como éste de ‘Viva la sanidad pública’, advirtió la portavoz de Más Madrid y líder de la oposición, Mónica García.
El Ejecutivo regional ya había explicado - en boca del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López- que no se trata de un "debate sobre los límites a la libertad sindical" sino que "hay normas, y el cumplimiento de las normas nunca se puede calificar como represión".
"Se trata de que estos centros de salud, como otros centros públicos, cumplan su función en esos términos de limpieza, de orden. En todos los centros públicos hay una zona reservada para el ejercicio de la libertad sindical. Eso es lo que hay que hacer: que todos los derechos puedan convivir en paz y manteniendo el pleno ejercicio de los mismos", apuntó el consejero. Y en una línea similar contestó la presidenta madrileña a Mónica García. "Esto es asqueroso y hay que obligar a acabar con ello porque hay que defender el decoro en los espacios públicos. El paciente no tienen por qué aguantar sus reivindicaciones sindicales, ensuciándolo todo".
Pero Ayuso deslizó un asunto más, que pasó algo inadvertido durante la sesión plenaria: "No es de recibo que un paciente y una persona mayor vayan a ser atendidos a un centro de salud y les estén manipulando", lanzó en medio de su diatriba contra el aspecto sucio y descuidado que estaban presentando.
Denuncian presiones a pacientes con discapacidad
Poco después de este debate parlamentario, Famma, que agrupa a distintas asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica de la Comunidad de Madrid, emitió un comunicado en el que denunció coacciones a estas personas por parte de algunos centros de salud de la región para que apoyen la huelga en la Atención Primaria.
La Federación, que no quiso generalizar e indicó que la "gran mayoría" de los sanitarios realiza un "trabajo encomiable", sí señaló que detecta "un importante entorpecimiento por parte de otros, que intentan convertir en rehenes a los pacientes para conseguir sus objetivos y pretensiones".
Así, esta Federación pidió a las partes implicadas en el conflicto – Gobierno madrileño y el sindicato Amyts– que actúen con "coherencia" y "sensatez" y resuelvan cuanto antes esta situación "que están pagando miles de ciudadanos y, de manera especial, las personas que necesitan una sanidad centrada en resolver los problemas de salud de sus ciudadanos". "De ninguna manera", se puede tomar "como rehenes" a los pacientes.
Pero las presiones no se quedan ahí. Escudero, que este viernes otorgó toda su "credibilidad" a Famma después que Amyts la pusiera en cuestión, añadió ante los medios que desde la consejería sí se tiene constancia de presiones a pacientes en el interior de consultas con esa recogida de firmas. Y esto fue finalmente motivó la instrucción a los centros de salud, explican desde la consejería.
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