La presidenta de la Comunidad de Madrid anunció este jueves que las 568 viviendas del Plan Vive pertenecientes a la promoción del municipio de San Sebastián de los Reyes, y que presentarán precios de alquiler hasta un 40% inferior al mercado, estarán disponibles en el primer semestre del año próximo.
"Este proyecto es el más ambicioso que actualmente se está haciendo en obra pública en España, es una referencia internacional ya muy conocido y en el que cada vez más empresas y constructoras quieren formar parte porque lo hacemos sumando esfuerzos públicos y privados para dar solución a la creciente demanda de vivienda que vive España", señaló Isabel Díaz Ayuso tras visitar el piso piloto. Para la presidenta, este tipo de medidas son "la única solución responsable y libre de populismo". "Lo que hay que hacer es aumentar la oferta, no cabe otra opción", añadió.
Los jóvenes en Madrid tendrán viviendas públicas asequibles en el Plan Vive. 6.600 esta legislatura, junto a más planes de compra y alquiler.
Madrid está realizando la mayor transformación de obra protegida de España. La mitad se está construyendo aquí. pic.twitter.com/vdzBtAGWuy
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 9, 2023
En total, las dos fases adjudicadas del Plan Vive permitirán aumentar en 6.600 las casas en 12 municipios de la región para su arrendamiento. Más de 3.000 ya están en construcción y se estima que antes de que finalice este 2023 se puedan entregar las que están ubicadas en los municipios de Alcorcón y Tres Cantos.
Se está utilizando para levantar toda esta oferta de viviendas, como ha podido comprobar la presidenta, una serie de procesos industrializados, lo que reduce costes y tiempos, y, además, aumenta tanto la profesionalización como la digitalización.
Plan Solución Joven
Junto a este Plan Vive del Gobierno madrileño también destaca el Plan Solución Joven, que ya avanzó Díaz Ayuso en el pasado Debate sobre el estado de la región, pensado para aumentar la oferta residencial dirigida a los que más problemas encuentran para acceder a ella.
En su primera fase, con 1.200 pisos industrializados y eficientes energéticamente de 70 metros cuadrados, los jóvenes menores de 35 años podrán vivir en alquiler por menos de 600 euros al mes. Estarán ubicados en seis municipios de la región: Madrid capital, Alcorcón, Ciempozuelos, Colmenar Viejo, Navalcarnero y Torrejón de la Calzada.
Ayuso también destacó las modificaciones legislativas aprobadas en la Ley Ómnibus que reducen la burocracia urbanística para atraer inversiones y aumentar el parque de vivienda pública. De hecho, "gracias a esta normativa, los ayuntamientos podrán dedicar el suelo de uso de servicios a uso residencial, cuando el previsto no se haya ejecutado", subrayan desde la Comunidad de Madrid. Bajo esta fórmula, se estima que los consistorios puedan llegar a construir 13.000 viviendas en los próximos años.
Además, el Gobierno autonómico ha conseguido "la mayor movilización de suelo público de España" sacando al mercado más de un millón de metros cuadrados de suelo de titularidad de la Comunidad de Madrid. "Lo que vamos a conseguir es uno de los mayores desarrollos urbanísticos de nuestra región en los últimos años", añadió la presidenta.
Ayuso llevará a los tribunales la nueva Ley de Vivienda
Ayuso avanzó también que llevará a los tribunales la nueva Ley de Vivienda si se aprueba. "Es una ley que ha sido elaborada como todas últimamente, sin ningún consenso y sin ni siquiera preguntar a los agentes implicados e invadiendo claramente las competencias autonómicas… como siempre, algo a lo que no podemos acostumbrarnos".
Para Ayuso, "es un texto que supone un ataque frontal e inaceptable contra la libertad de la propiedad, que es un derecho constitucional, y la inversión y encima va a encarecer la vivienda porque va a frenar el desarrollo". Así las cosas, y "para que no quepa ninguna duda", la presidenta anunció que, "si finalmente esa ley se aprueba, la Comunidad de Madrid va a adoptar todas las medidas que nos ofrece el ordenamiento jurídico para proteger la región y sus competencias de estas injerencias y, sobre todo, de los perjuicios y del asalto inconstitucional que suponen".
"Porque trabajamos para ofrecer certidumbre, para apoyar la actividad inmobiliaria, la recuperación económica, para defender a las víctimas de la ocupación, y para ofrecer más y mejores oportunidades para acceder a una vivienda", concluyó.