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Madrid

El enorme problema jurídico en Cercedilla con epicentro en la urbanización de Mónica García

El municipio de Cercedilla está a punto de sufrir un terremoto legal que afectará a cerca de un centenar de vecinos.

El municipio de Cercedilla está a punto de sufrir un terremoto legal que afectará a cerca de un centenar de vecinos.
Central de Reservas Sierra de Guadarrama

Las informaciones publicadas por El Debate sobre el chalet que tiene Mónica García, la líder de Más Madrid en la Comunidad de Madrid y principal opositora al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ha puesto de manifiesto un problema administrativo de primer orden en el serrano pueblo de Cercedilla. El problema que afecta a la magnífica casa de Mónica García en la sierra madrileña es exactamente el mismo que sufren los 86 vecinos de la zona conocida como "Colonia de Camorritos", y es que se construyeron al amparo de una concesión administrativa que les ha otorgado el derecho de "uso" y no de propiedad, durante un periodo de 99 años que expiró el pasado 16 de abril 2019.

Tal y como cuenta la publicación que dirige Bieito Rubido, el derecho de uso que ha ostentado Mónica García desde la adquisición de la vivienda por parte de su familia en los años 80, emana de la concesión administrativa que estableció el Ministerio de Fomento el 16 de abril de 1920 y que originalmente estaba prevista para la construcción de un hospital que diera servicio a la estación de Navacerrada.

Pero esta eventualidad mayúscula no es la única que concurre en el caso de los ocupantes de estos extraordinarios chalets de fin de semana o veraneo. A esta concesión especial por casi 100 años se unen algunos factores más que no son menores: la colonia está levantada en un paraje natural incluida en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública desde 1862, lo que, entre otras cosas, impide la comercialización de las parcelas, o el embargo de las mismas. Pero es que, además, se trata de la zona periférica del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y es parte de la Reserva de la Biosfera de la Unesco.

Eventualidades, todas ellas, que no hacen más que añadir complicación a la situación creada por la caducidad de la concesión. La Ley de Montes, una de las que regula este tipo de concesiones, es muy clara al respecto. Según señala esta legislación, una vez expirado el plazo de la concesión, los terrenos deben devolverse a su titular, a su propietario, que en este caso es el Ayuntamiento de Cercedilla.

Según cuentan fuentes municipales a Libertad Digital, sabedores de esta situación, ya en 2015 "varios vecinos de los Camorritos se acercaron al Ayuntamiento preocupados por lo que sucedería 4 años después cuando caducara la concesión". Y es lógico, los titulares de esas parcelas las recibieron "prácticamente gratis". Durante estos años, sin embargo, estos vecinos han construido en ellas auténticas residencias de verano, con amplios jardines. Además han satisfecho el IBI del ayuntamiento y han gozado de los servicios necesarios para que sean casas completamente operativas, como luz o agua.

La amenaza del Ayuntamiento

Quizá por eso, y porque los habitantes de estas casas las sienten como propias, de momento ninguno de los vecinos de los Camorritos ha acudido a la demanda del Ayuntamiento quien, por escrito, les manifestó el 6 de marzo de 2020 mediante una carta, que la concesión había expirado y que "el 10 de diciembre de 2019 la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, ha iniciado un procedimiento administrativo para declarar la caducidad, con efectos desde el 16 de abril de 2019, de la concesión administrativa, en virtud de la cual se otorgaron los derechos de ocupación que usted/ustedes podrán ostentar".

En el mismo escrito el Ayuntamiento invita a estos vecinos a entregar voluntariamente las propiedades que han estado ocupando y advierte de que "podrá iniciar los correspondientes procedimientos de desahucio y promover el inicio de los correspondientes procedimientos a fin de sancionar a quienes han continuado ocupando sus inmuebles más allá del 16 de abril".

La pelota, en el tejado de la Comunidad

Así las cosas, actualmente la pelota se encuentra en el tejado de la Comunidad de Madrid, donde la Consejería de Medio Ambiente todavía no ha certificado la caducidad de la concesión. En el momento en que lo haga (y las fuentes consultadas por LD nos dicen que así se hará), la pelota volverá al tejado del Ayuntamiento de Cercedilla.

El dilema del Ayuntamiento

Y esto supone un auténtico dilema para el Ayuntamiento. Cuenta en conversación con Libertad Digital el exalcalde de Cercedilla y candidato del PP al consistorio, Javier de Pablo, que si la situación actual deriva en un conflicto judicial con los vecinos, teniendo en cuenta que esta irregularidad administrativa también afecta a un edificio de 400 viviendas en Navacerrada y que está en el término municipal de Cercedilla, "el proceso judicial puede ser eterno", señalaba De Pablo. "Imagínate, prolongar esta situación unos 10 años". Esto preocupa al exalcalde, no sólo por los problemas que generaría a estos vecinos o al ayuntamiento, sino que los costes del procedimiento podrían repercutir gravemente en las cuentas de un ayuntamiento cuyo presupuesto "ya es muy pequeño. Temo que de producirse este juicio el ayuntamiento podría pagar las nóminas y poco más", temía De Pablo.

Por este motivo, "creo que lo que habría que hacer es hablar con los especialistas y tratar de buscar una solución para que los vecinos de la zona puedan continuar en sus casas" y así evitar el conflicto.

No es la opinión de David Martín Molpeceres, del GIC, Grupo Independiente de Cercedilla, quien considera que "el Ayuntamiento debe defender los intereses de todos los vecinos y no de unos pocos, sería prevaricar no ir a Juicio y estoy seguro de que se ganaría", dice convencido. Para Martín Molpeceres, es vital recuperar los terrenos "como marca la ley y que el Consistorio aproveche la zona para generar actividad, riqueza y empleo". No sólo eso. Molpeceres advierte de que "si la concesión caducó en 2019, el ayuntamiento está en la obligación de reclamar a estos vecinos un alquiler por los terrenos y no son alquileres baratos. Unas parcelas y casas tan magníficas como esas no se alquilarían por menos de 2.000 euros al mes". El candidato independiente a la alcaldía de Cercedilla opina que el Ayuntamiento está obligado a defender los intereses de todos los vecinos y no favorecer a unos pocos y "debería ingresar por estos conceptos alrededor de 8 millones de euros, además del IBI que no han pagado desde que espiró la concesión. Otra cosa sería traicionar al pueblo y a sus vecinos". "Tiene que volver a salir una nueva concesion, en libre concurrencia, y que generará unos ingresos vitales para el futuro de Cercedilla", concluía.

¿Qué dicen los especialistas?

Existe la figura de la usucapión (que permite la asunción de la propiedad de un bien por prescripción adquisitiva. Es decir, una forma de adquirir derechos reales tales como la propiedad a través de la posesión del bien durante un tiempo determinado), que hay algunos analistas que la han apuntado como solución. No obstante, según nos comenta uno de los especialistas más reputados de Madrid en estos asuntos, Joaquín Verdegay, de Verdegay Abogados, en este caso la usucapión no aplicaría porque empezaría a contar desde que expiraron los derechos de uso, y eso fue en 2019. Además, "tiene que producirse una posesión pública, pacífica e ininterrumpida, a título de dueño, y por lo que se puede deducir de la carta del ayuntamiento, no parece que la posesión a partir de ahora vaya a ser precisamente pacífica". Con lo que, en este caso, tampoco llegarían a concurrir los requisitos legales para consolidar la prescripción adquisitiva.

Otros especialistas señalan que No cabe esta figura de usucapión de estos bienes porque al ser terrenos enclavados en un monte de utilidad publica, la ley de montes los califica como bienes demaniales y por tanto son imprescriptibles, es decir, no se pueden adquirir por prescripción adquisitiva.

Por lo tanto, todo apunta a que se avecina un enorme conflicto entre el Ayuntamiento y los vecinos de los Camorritos que, como Mónica García, se consideran propietarios de unas magníficas viviendas cuya propiedad y uso, a día de hoy, no es suyo.

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