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Madrid

El demoledor informe que da la razón a los familiares que destaparon el escándalo en la residencia del padre Ángel

Técnicos de la CAM corroboran la ausencia de médicos durante días, la falta de titulación de algunos empleados y la carencia de higiene y cuidados.

Técnicos de la CAM corroboran la ausencia de médicos durante días, la falta de titulación de algunos empleados y la carencia de higiene y cuidados.
El padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz | Gtres

El pasado 28 de febrero, la Comunidad de Madrid anunció su decisión de rescindir el contrato con la ONG del padre Ángel, Mensajeros de la Paz, por la que ésta asumía la gestión de la residencia Fundación Reina Sofía. Lo hacía tras los numerosos escándalos destapados por Libertad Digital, que no venían sino a demostrar la pésima gestión de este centro de referencia para personas con Alzheimer: escasez de personal, alarmante falta de cuidados e higiene y un descontrol que ya estaba pasando factura a la salud de muchos de los mayores allí ingresados.

Lo que no había trascendido entonces eran los argumentos legales a los que el Gobierno regional se aferraba para rescindir el contrato y que ahora vienen perfectamente detallados en un demoledor informe al que ha tenido acceso este periódico: ocho páginas en las que la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid corrobora punto por punto las denuncias de los familiares y desvela la interposición de hasta tres sanciones económicas a la ONG del padre Ángel. Entre los principales motivos: ausencia total de personal médico durante días e incluso falta de titulación de algunos trabajadores.

Avalancha de denuncias

"Desde el inicio de la ejecución del contrato se ha producido un malestar creciente entre los usuarios y familiares derivado de decisiones organizativas inadecuadas, continuos cambios de dirección y de deficiencias en la gestión del centro, mostrándose ausencia de capacidad para abordar el día a día del centro y de conocimiento para desarrollar su trabajo", concluye la orden fechada el pasado 26 de abril por la que se dictamina la resolución del contrato.

Según consta en el documento, a lo largo del año 2022, la situación se fue deteriorando, hasta el punto de que la residencia gestionada por Mensajeros de la Paz acumuló hasta 145 reclamaciones, lo que supone nada menos que "el 38,56% de todas las quejas recibidas por la gestión de los centros de gestión indirecta" de toda la Comunidad de Madrid.

Las denuncias presentadas coinciden con las que muchos familiares han ido haciendo públicas en Libertad Digital. Sin embargo, lo más significativo es todo aquello de lo que habrían sido testigos tanto el propio supervisor impuesto por el Gobierno regional el verano pasado, como el equipo técnico de la Subdirección General de Centros y Servicios, especialmente, lo relativo a la ausencia de profesionales sanitarios, algo totalmente incomprensible en una residencia de mayores con Alzheimer y que ha dado lugar a terribles episodios, entre ellos, el ingreso hospitalario de algunos pacientes.

Hasta tres sanciones económicas

En este sentido, el informe pone como ejemplo lo sucedido en el periodo comprendido entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre de 2022: "En concreto, se comprobó la falta de personal médico (total ausencia en dicho periodo) y de enfermería (mitad de la presencia requerida en la mayoría de los turnos y ausencia total en varios de ellos)". Ante esta falta, considerada "muy grave", la Comunidad de Madrid interpuso a Mensajeros de la Paz una sanción de 45.569,82 euros.

Tal y como trasciende ahora, no era la primera. "En las visitas efectuadas el 3 de agosto de 2021 y el 20 de enero de 2022, se procedió a incoar procedimiento sancionador al haberse detectado varios incumplimientos de la normativa en materia de sujeciones y de registros de curas, cuidado de enseres, higiene de los usuarios, alimentación, deficiencias en el sistema de llamadas, así como en la administración de medicación y el seguimiento médico de los usuarios".

Los técnicos no venían así sino a corroborar las terribles denuncias de los familiares. "Un turno de enfermeros tiene una dosis de insulina y otro tiene otra", denunciaba Silvia en LD. "Cada mes yo le llevaba su caja de hierro, y un día me doy cuenta de que había tres cajas sin abrir; así que no le han estado dando el hierro durante tres meses", añadía José Alberto. Y eso por no hablar de la falta de higiene: "Muchos llevan un año con infección de orina", lamentaba Mari Cruz. O del descontrol alimentario: "Les daban de desayunar a las 11:30 de la mañana, cuando la cena del día anterior había sido a las 20:00 horas", apuntaba Paloma. Finalmente, la inspección de los técnicos dio lugar a la imposición de una sanción de 24.000 euros.

Además, según ha podido saber LD, la ONG del Padre Ángel todavía tiene un tercer expediente abierto por los hechos denunciados el pasado 24 de enero. Aquel día, los técnicos que realizaron la visita no solo denunciaron problemas con la supervisión y administración de medicamentos, sino que, además, constataron la carencia de personal y lo que es más grave, la falta de titulación de algunos trabajadores.

Los nuevos gestores

Aunque esta última sanción económica aun no ha sido anunciada, aquello fue la gota que colmó el vaso: a penas un mes después, la Comunidad de Madrid iniciaba el proceso para rescindir el contrato con Mensajeros de la Paz. Tras la polémica suscitada, y sabedor de que todo acabaría saliendo a la luz, el Padre Ángel decidió acatar la decisión y renunció a hacer alegación alguna. Con todo, el Gobierno regional ponía punto final a una desastrosa gestión y acordaba, además, "la incautación total de la garantía" depositada en su día por la ONG y que ascendía a un total de 683.547,23 euros.

La propia consejera de Familia y Políticas Sociales, Concepción Dancausa, fue la encargada de comunicar a usuarios y familiares la cancelación del contrato, así como su intención de abrir un nuevo concurso por la vía de urgencia, en el que se comprometió a elevar la dotación económica para adaptarla a la situación actual y que la nueva empresa que se hiciera cargo del centro pudiera así incrementar el personal, tal y como reclamaban. Una vez concluidos todos los trámites, la residencia Fundación Reina Sofía ha pasado a manos de Sacyr Social.

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